La aparición de un grupo que se hace llamar Comandos Armados del Pueblo (CAP) encendió las alarmas en el nordeste antioqueño y volvió a poner sobre la mesa el fantasma de las estructuras de limpieza social que marcaron algunas de las etapas más violentas del conflicto colombiano. El video difundido por hombres armados, uniformados y con el rostro cubierto es objeto de investigación por parte de las autoridades, que aún buscan establecer si se trata de una organización realmente nueva o de una fachada utilizada por estructuras criminales ya existentes.
En la grabación, difundida el 4 de julio, los encapuchados aseguran haber iniciado operaciones desde el día anterior en los municipios de Segovia y Remedios. Allí anuncian que su objetivo será combatir a las disidencias de las antiguas FARC que operan en la región y lanzan amenazas directas contra varios de sus presuntos integrantes, identificados por alias.
Uno de los elementos que más preocupación ha generado es el lenguaje utilizado por el grupo. Los CAP anuncian una supuesta “limpieza social” y afirman que pretenden regresar “a los años noventa, cuando corrieron ríos de sangre para liberar la región”, una frase que evoca el periodo de mayor expansión de estructuras paramilitares y de asesinatos selectivos en distintas zonas del país.
La aparición del video coincide con un momento de transición política particularmente tenso. Tras las elecciones presidenciales, el gobierno saliente y el entrante protagonizan una confrontación sin precedentes, marcada por denuncias de fraude electoral, la suspensión del proceso de empalme y un creciente ambiente de polarización política que ha elevado el tono del debate público.
Ese contexto ha dado lugar a interrogantes sobre si el surgimiento de nuevos grupos armados puede estar relacionado con discursos recientes que han privilegiado una política de seguridad más agresiva, la flexibilización del acceso legal a las armas o expresiones especialmente duras contra sectores de izquierda. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia pública que permita establecer una relación directa entre esos discursos políticos y la aparición de los Comandos Armados del Pueblo.
Los especialistas en conflicto armado advierten que es importante distinguir entre coincidencia temporal y causalidad. Es conocido que los grupos armados ilegales suelen aprovechar los cambios de gobierno para reposicionarse territorialmente, enviar mensajes de fuerza o intentar influir sobre las nuevas condiciones de seguridad. Eso ha ocurrido en distintos momentos de la historia reciente de Colombia y no necesariamente implica coordinación con actores políticos.
No obstante, el contenido del video sí recuerda narrativas propias del paramilitarismo de finales de los años noventa y comienzos de los años dos mil. La reivindicación de la “limpieza social”, la amenaza de eliminar supuestos colaboradores de organizaciones insurgentes y la promesa de recuperar territorios mediante la violencia constituyen elementos que han sido históricamente asociados con estructuras de justicia privada al margen de la ley.
Las autoridades también analizan otra posibilidad: que los llamados Comandos Armados del Pueblo no sean una organización completamente nueva, sino una escisión de grupos criminales ya existentes, una alianza temporal entre actores ilegales o incluso una estrategia de intimidación dentro de la disputa que actualmente libran distintas organizaciones por el control del nordeste antioqueño, una región estratégica por su producción minera y su ubicación sobre corredores del narcotráfico.
Por ahora, no existe confirmación oficial sobre la composición, capacidad operativa o estructura de mando de los CAP. Tampoco hay evidencia pública que permita vincularlos con partidos políticos, campañas electorales o funcionarios del nuevo gobierno. Precisamente esa es una de las principales líneas de investigación de los organismos de inteligencia y de la Fuerza Pública.
Mientras avanzan esas pesquisas, la aparición de este grupo vuelve a poner de presente uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno: impedir que la creciente polarización política termine siendo aprovechada por actores armados ilegales para justificar nuevas formas de violencia. Más allá de las diferencias ideológicas, la consolidación de organizaciones que reivindican la “limpieza social” representaría un retroceso hacia algunos de los capítulos más dolorosos del conflicto colombiano y un reto inmediato para la institucionalidad democrática.
