María Rocío Cortés Vargas fue designada como nueva superintendente de Industria y Comercio, uno de los cargos más importantes de la estructura regulatoria del Estado colombiano. Su nombramiento abre, sin embargo, un debate sobre la experiencia requerida para dirigir una entidad encargada de vigilar la libre competencia, proteger a los consumidores y tomar decisiones con efectos directos sobre grandes empresas y mercados.
La designación fue oficializada mediante el Decreto 1225 de 2026, con el que Cortés reemplazó a Cielo Rusinque al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Su llegada se produjo en medio de una transición que ya había generado tensiones y cuestionamientos públicos dentro de la entidad.
Cortés es abogada de la Universidad Católica de Colombia y cuenta con estudios de especialización en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas. Su trayectoria profesional ha estado principalmente ligada a la administración pública, la Fiscalía y la Rama Judicial.
Entre los cargos que ha ocupado se encuentran responsabilidades en la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. También fue fiscal delegada ante tribunal en Bogotá y ocupó cargos administrativos y financieros dentro de la institución.
Precisamente su trayectoria es uno de los principales puntos de discusión alrededor de su nombramiento. La mayor parte de su experiencia está relacionada con el derecho penal, la administración pública y el funcionamiento de la justicia, pero no con áreas como la regulación económica, la competencia empresarial o la protección de los mercados.
El contraste resulta relevante por las funciones que deberá asumir al frente de la SIC. La entidad no solo adelanta investigaciones y aplica sanciones, sino que también interviene en asuntos relacionados con prácticas restrictivas de la competencia, protección al consumidor, propiedad industrial, protección de datos y operaciones empresariales de alto impacto.
Los cuestionamientos, por tanto, no apuntan necesariamente a su formación jurídica, sino a la correspondencia entre su experiencia profesional y la naturaleza técnica y económica del cargo. Para algunos críticos, dirigir una entidad de este tipo requiere conocimientos especializados que no aparecen como el eje principal de su trayectoria.
Otro de los antecedentes que ha vuelto a aparecer con su designación se remonta a 2016, cuando Cortés fue nombrada magistrada provisional de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Su elección fue posteriormente suspendida por el Consejo de Estado dentro de la controversia conocida como el mecanismo del “yo te elijo, tú me eliges”, relacionada con cuestionamientos sobre el intercambio de respaldos en la designación de altos funcionarios. Tras esa situación, Cortés presentó su renuncia.
Este antecedente no significa que haya sido condenada penalmente. Sin embargo, el episodio vuelve a ser objeto de discusión por tratarse de un nombramiento para un cargo de alto nivel dentro de la estructura estatal y con amplias facultades de vigilancia y control sobre el sector empresarial.
También se ha mencionado un antecedente de 2010, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema ordenó investigar actuaciones relacionadas con el archivo de un proceso que involucraba al entonces senador Álvaro Araújo Castro. La información disponible sobre este episodio no permite concluir que Cortés haya sido condenada o sancionada, por lo que el antecedente debe diferenciarse de una declaración de responsabilidad.
La llegada de Cortés también estuvo precedida por denuncias de Cielo Rusinque sobre la transición en la SIC. La entonces superintendente saliente afirmó que personas que todavía no habían sido formalmente nombradas estaban solicitando renuncias, impartiendo instrucciones y requiriendo información dentro de la entidad.
Rusinque cuestionó además el perfil de quien asumiría la dirección de la Superintendencia y planteó dudas sobre el conocimiento de las funciones y la naturaleza técnica de la institución. Sus declaraciones se produjeron en medio del cambio de Gobierno y reflejaron la tensión política que rodeó el relevo en una de las entidades regulatorias más importantes del país.
Desde el Gobierno, en contraste, se ha defendido la experiencia de Cortés en el servicio público y su trayectoria dentro de distintas instituciones del Estado. Su formación jurídica y su conocimiento de la administración pública son presentados como fortalezas para asumir la dirección de la SIC.
El desafío para la nueva superintendente será demostrar que esa experiencia puede trasladarse a un campo con características particulares. Las decisiones de la SIC tienen efectos directos sobre empresas, consumidores y mercados, y con frecuencia involucran análisis técnicos, económicos y jurídicos de alta complejidad.
Su llegada ocurre, además, en un momento en el que la entidad tiene bajo su órbita investigaciones, procesos de competencia y decisiones empresariales de gran relevancia. Cada una de esas actuaciones pondrá a prueba la capacidad de la nueva administración para mantener la independencia técnica de la Superintendencia.
Así, el nombramiento de María Rocío Cortés concentra tres grandes debates: la falta de experiencia directa en competencia y regulación económica, los antecedentes judiciales y administrativos que han vuelto a ser mencionados y las denuncias sobre la forma en que se desarrolló la transición en la SIC.
El inicio de su gestión estará marcado por la necesidad de responder a esos cuestionamientos con decisiones concretas. Más allá de las controversias sobre su llegada, su principal reto será demostrar que cuenta con la capacidad técnica y la independencia necesarias para dirigir una entidad cuyas decisiones pueden afectar desde los derechos de un consumidor hasta las operaciones de las empresas más grandes del país.
