Juan Guillermo Monsalve volvió a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, por decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a que ese establecimiento tiene un antecedente particularmente sensible para el interno: allí sufrió un atentado que terminó provocando su traslado a La Picota en 2012. La decisión adquiere una dimensión adicional porque el actual ministro de Justicia, Iván Cancino, fue el abogado defensor de Diego Cadena durante el proceso en el que Monsalve fue uno de los principales testigos.
El traslado comenzó el 30 de septiembre, después de que el presidente De la Espriella ordenara sacar a Monsalve de La Picota y enviarlo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. El Gobierno argumentó que el condenado había incurrido en reiteradas violaciones al régimen penitenciario y que no habría privilegios para ningún interno.
Monsalve fue trasladado finalmente el 1.º de octubre, después de haber sido llevado a una clínica de Bogotá durante el operativo por una afectación cardiovascular. Una vez recibió el alta médica, el procedimiento penitenciario continuó y el testigo quedó recluido en Cómbita.
El problema es que Cómbita no es un destino penitenciario cualquiera para Monsalve. En 2012, cuando estaba recluido allí, aseguró haber sido atacado por dos internos armados con cuchillos. Según su relato, los agresores lo señalaron de “sapo”, en un episodio que ocurrió después de que comenzara a entregar información que posteriormente tendría relevancia en el caso Uribe.
El propio Monsalve relató ante la justicia que el ataque ocurrió el 24 de marzo de 2012. Después de ese episodio fue trasladado a La Picota, donde permaneció durante años bajo condiciones especiales de seguridad.
Ese antecedente fue incorporado al debate judicial sobre su protección. Durante su testimonio, Monsalve explicó que tenía temor por lo que pudiera ocurrirle en prisión y que una de las razones por las que continuó participando en el proceso judicial estaba relacionada con las condiciones de seguridad que enfrentaba.
El antecedente de Cómbita no terminó con el traslado a La Picota. Monsalve también declaró que posteriormente fue encontrado un elemento que identificó como veneno cerca de su celda y que, a partir de entonces, comenzó a preparar personalmente sus alimentos. Esos hechos fueron mencionados durante el juicio en el que declaró contra Álvaro Uribe.
Por eso, la decisión actual del Gobierno coloca al interno nuevamente en un establecimiento asociado a un episodio que él mismo describió como un intento de asesinato. El riesgo no equivale a afirmar que un nuevo ataque vaya a ocurrir, pero sí constituye un antecedente objetivo que hace especialmente relevante la evaluación de sus condiciones de seguridad.
A esa circunstancia se suma una decisión anterior de la Corte Suprema de Justicia. Según el abogado de Monsalve, Miguel Ángel del Río, la alta corte había negado una solicitud de traslado y había ordenado mantener y extremar las medidas especiales de seguridad para proteger al interno.
La providencia citada por la defensa no fue una sentencia sobre el fondo del proceso penal contra Monsalve. Se trató de una decisión relacionada con sus condiciones de reclusión. En ella, según el extracto divulgado por la defensa, la Corte no autorizó al Inpec el traslado solicitado y reiteró que el establecimiento debía mantener y extremar las medidas de seguridad.
Esa diferencia es importante porque el Gobierno sostiene que las circunstancias penitenciarias cambiaron y que la nueva decisión puede ejecutarse dentro de las competencias administrativas correspondientes. La defensa, en cambio, sostiene que la decisión de la Corte constituye un obstáculo para enviar a Monsalve a otro establecimiento.
El choque entre ambas posiciones abre una pregunta institucional: ¿qué alcance tiene una orden administrativa de traslado cuando previamente una autoridad judicial había establecido condiciones especiales de protección para un interno? El alcance jurídico concreto de la providencia deberá ser determinado por las autoridades competentes, pero el antecedente existe y forma parte de la controversia.
La controversia adquiere otra dimensión por la trayectoria del actual ministro de Justicia. Antes de llegar al Gobierno, Iván Cancino fue abogado defensor de Diego Cadena, quien enfrentó un proceso penal por sus actuaciones relacionadas con Juan Guillermo Monsalve.
Monsalve fue precisamente uno de los testigos centrales de ese proceso. Durante el juicio, declaró sobre los encuentros que sostuvo con Cadena en La Picota y sobre los ofrecimientos que, según su versión, recibió para modificar o retractarse de sus declaraciones relacionadas con Álvaro Uribe.
Cancino, como defensor de Cadena, sostuvo una posición distinta. Durante el proceso cuestionó la interpretación de las pruebas y defendió que las actuaciones de su cliente no constituían los delitos que le atribuía la Fiscalía. También negó que hubiera buscado afectar la credibilidad de Monsalve.
La justicia, sin embargo, terminó condenando a Cadena por el episodio relacionado con Monsalve. El fallo consideró probado que hubo ofrecimientos al testigo vinculados con beneficios jurídicos y que las visitas del abogado tenían como propósito conseguir que modificara su versión, según lo reseñado en las decisiones judiciales y el desarrollo del proceso.
Esa condena no convierte automáticamente al actual ministro en parte del conflicto personal entre Monsalve y Cadena. Cancino actuó como abogado defensor y sus actuaciones profesionales deben distinguirse de las conductas atribuidas a su entonces cliente.
Pero el antecedente sí resulta relevante desde el punto de vista institucional porque ahora Cancino ocupa la cartera responsable de la política penitenciaria del Gobierno que acaba de ejecutar el traslado. La decisión fue anunciada directamente por el presidente, pero se produce dentro del ámbito institucional que encabeza el ministro de Justicia.
El Gobierno sostiene que la medida obedece a razones penitenciarias. La Presidencia argumentó que Monsalve había incumplido reiteradamente las normas del establecimiento y que su permanencia en La Picota estaba asociada a privilegios y condiciones que, según el Ejecutivo, no podían mantenerse.
Entre los elementos señalados por las autoridades aparecen el ingreso de elementos prohibidos, bebidas alcohólicas, dinero y otros comportamientos que el Inpec habría documentado en informes sobre las condiciones de reclusión de Monsalve. Esos antecedentes constituyen la justificación oficial del traslado y deben diferenciarse de cualquier interpretación sobre sus efectos políticos o judiciales.
La otra cara del problema es la seguridad. El hecho de que un interno haya tenido privilegios o haya infringido reglas penitenciarias no elimina automáticamente las obligaciones estatales de proteger su vida e integridad. En el caso de Monsalve, además, existe un antecedente documentado de agresión dentro de Cómbita.
Hay también una particularidad histórica: parte de la investigación que terminó involucrando a Uribe comenzó precisamente con una entrevista que Monsalve entregó en Cómbita en 2011. Desde ese establecimiento penitenciario se produjo una cadena de hechos que posteriormente llevó a las investigaciones por presunta manipulación de testigos.
La posterior permanencia de Monsalve en La Picota fue igualmente decisiva. Allí grabó sus encuentros con Diego Cadena utilizando un reloj con cámara y esas grabaciones terminaron siendo elementos centrales del proceso contra el abogado. El caso convirtió las condiciones de seguridad del interno en una cuestión directamente relacionada con un expediente judicial de alto impacto político.
Por eso, el traslado a Cómbita no solamente plantea una discusión sobre disciplina carcelaria. También obliga a examinar si las medidas de seguridad adoptadas por el Estado son suficientes frente a un antecedente de ataque, si se cumplieron las decisiones judiciales previas y si las autoridades realizaron una evaluación específica del riesgo antes de enviarlo nuevamente al penal donde ya fue agredido.
La pregunta central queda entonces abierta: ¿cómo garantizará el Gobierno la seguridad de Monsalve en Cómbita después de que la Corte Suprema había ordenado extremar su protección y de que el propio interno había denunciado allí un atentado? La existencia de esos antecedentes no demuestra que el traslado busque afectar su testimonio ni permite atribuir una finalidad política a la decisión. Pero sí convierte la seguridad del testigo, el alcance de la providencia de la Corte y la participación previa de Iván Cancino como defensor de Cadena en asuntos que deberán ser examinados con especial atención.
