La Corte Suprema de Justicia ordenó la conducción de la senadora Martha Peralta en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que la congresista no asistiera a las diligencias de indagatoria programadas por el alto tribunal.
La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción de la Corte, que adelanta investigaciones contra varios congresistas mencionados en las pesquisas sobre presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD. El objetivo de la medida es garantizar la comparecencia de la senadora y avanzar en el proceso judicial.
Según se conoció, Peralta había sido citada para rendir indagatoria en relación con hechos que están siendo examinados dentro de la trama de corrupción que involucra el presunto desvío de recursos públicos y la entrega de contratos a cambio de favores políticos.
La congresista no se presentó a las diligencias en las fechas establecidas, situación que llevó a la Corte a considerar necesario ordenar su conducción por parte de las autoridades competentes. El alto tribunal busca determinar si existen méritos para vincularla formalmente al proceso.
El caso de la UNGRD se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del actual gobierno, luego de las revelaciones sobre posibles pagos irregulares, sobrecostos en contratos y presuntas entregas de dinero a congresistas para asegurar apoyo político a iniciativas del Ejecutivo.
En las investigaciones han sido mencionados exdirectivos de la entidad, contratistas y varios miembros del Congreso. La Fiscalía y la Corte Suprema adelantan procesos paralelos para establecer responsabilidades penales y determinar el alcance de la red de corrupción.
La defensa de Martha Peralta ha sostenido que la senadora está dispuesta a colaborar con la justicia y ha señalado que existen explicaciones sobre su ausencia a las diligencias. No obstante, la Corte consideró que la comparecencia debe garantizarse de manera efectiva.
La orden de conducción no implica una condena ni una declaración de culpabilidad, sino una medida procesal destinada a asegurar que la investigada acuda a rendir versión ante el magistrado instructor. Tras la diligencia, la Corte definirá los pasos siguientes del proceso.
El episodio añade presión política sobre el Congreso y sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha insistido en la necesidad de esclarecer completamente los hechos y sancionar a los responsables del desfalco a la UNGRD.
Mientras avanzan las investigaciones, el país sigue atento a las decisiones de la Corte Suprema y de la Fiscalía, pues el escándalo de la UNGRD continúa revelando nuevas piezas de una trama que ha salpicado a altos funcionarios, contratistas y dirigentes políticos de distintos sectores.
