El reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes se convirtió en uno de los primeros indicadores que ponen a prueba la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella. Durante los primeros 90 días de su administración, los registros de este delito aumentaron 152 %, al pasar de 52 a 131 casos, según el balance del Ministerio de Defensa divulgado el 10 de noviembre de 2026. La cifra representa un incremento de 79 registros frente al mismo periodo del Gobierno anterior y abre interrogantes sobre los resultados de una de las principales promesas de campaña del mandatario.
La comparación comprende el periodo entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026, frente a las mismas fechas de la administración de Gustavo Petro. Los datos fueron conocidos a través de un balance de seguridad que también reportó aumentos en otros indicadores relacionados con la actividad de los grupos armados ilegales. Aunque el Gobierno presenta resultados favorables en algunos frentes, el comportamiento del reclutamiento infantil constituye una señal de alerta por las consecuencias humanitarias y sociales que implica para las comunidades afectadas.
El incremento tiene una particular relevancia política porque la recuperación del control territorial fue uno de los ejes centrales del discurso de De la Espriella durante la campaña presidencial. El candidato planteó una estrategia de seguridad basada en el fortalecimiento de la Fuerza Pública, una ofensiva contra las organizaciones armadas y la recuperación de regiones en las que, según sus declaraciones, el Estado había perdido capacidad de control frente a estructuras criminales.
En marzo de 2026, durante una entrevista con Caracol Radio, De la Espriella explicó que su propuesta contemplaba recuperar el control territorial en un plazo de 90 días. También habló de restablecer la presencia de la Fuerza Pública en distintas regiones, particularmente en departamentos como Cauca, y de desarrollar operaciones contra los campamentos de organizaciones narcoterroristas. Su planteamiento incluía el uso de la fuerza militar como herramienta para recuperar espacios bajo influencia de grupos ilegales.
El programa de gobierno también contemplaba un plan de choque con metas específicas, entre ellas recuperar el control total del territorio nacional en 90 días, capturar o dar de baja a diez cabecillas de alto valor y poner en marcha una ofensiva militar y policial contra las estructuras criminales. La propuesta incluía cooperación internacional, tecnología para la Fuerza Pública y el lanzamiento de una nueva versión del Plan Colombia. Sin embargo, durante la campaña el candidato matizó el alcance de su promesa y aclaró que no estaba asegurando resolver todos los problemas de seguridad en ese plazo, sino desarrollar acciones iniciales contra los principales responsables de la violencia.
En ese contexto, el aumento del reclutamiento infantil plantea una pregunta sobre la efectividad de las medidas adoptadas durante los primeros meses de administración. Si la recuperación territorial constituye una prioridad de la política de seguridad, la reducción de la capacidad de los grupos armados para controlar comunidades y captar menores debería ser uno de los resultados esperados. El incremento de los registros, por el contrario, muestra que el fenómeno continúa representando un desafío para las autoridades.
La dimensión del cambio también merece atención por su magnitud. Los 131 casos reportados durante los primeros 90 días representan más del doble de los 52 registrados en el periodo comparable anterior. No se trata de una variación marginal que pueda explicarse únicamente como una fluctuación de pocos registros. Sin embargo, para establecer las razones del aumento es necesario conocer cómo se distribuyeron los casos, cuáles fueron los departamentos más afectados y qué organizaciones armadas aparecen relacionadas con los hechos.
El reclutamiento de menores no es un fenómeno que haya comenzado con la llegada de De la Espriella a la Presidencia. Colombia arrastra una crisis de larga duración, relacionada con la presencia de grupos armados ilegales, las disputas por el control territorial, las economías ilícitas y la vulnerabilidad de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes. Por esa razón, el Gobierno recibió un problema estructural que no podía desaparecer de manera inmediata con un cambio de administración.
No obstante, la existencia de antecedentes no elimina la responsabilidad política de la nueva administración frente a los resultados de su estrategia. Un Gobierno no puede ser considerado responsable de todos los hechos delictivos que ocurren en el territorio nacional, pero sí debe responder por las decisiones que adopta, la capacidad de prevención que desarrolla y los resultados de las políticas que presenta como soluciones a los problemas de seguridad.
En el caso del reclutamiento infantil, esa responsabilidad implica mucho más que aumentar el número de operaciones militares. También exige fortalecer los mecanismos de protección de niños, niñas y adolescentes, mejorar la presencia institucional en las zonas de riesgo, garantizar oportunidades educativas y sociales y desarticular las redes utilizadas por las organizaciones armadas para captar nuevos integrantes.
El balance del Ministerio de Defensa muestra que el aumento del reclutamiento no fue el único indicador humanitario que presentó un deterioro durante los primeros tres meses de Gobierno. El confinamiento de comunidades pasó de 8.436 a 21.482 personas, lo que representa un incremento del 155 %. Este fenómeno ocurre cuando la población queda impedida de movilizarse libremente por amenazas, enfrentamientos, restricciones impuestas por grupos armados o situaciones de violencia que afectan su seguridad.
Los casos de terrorismo también registraron un aumento considerable. De acuerdo con las cifras oficiales, pasaron de 84 a 339, una variación del 304 % frente al periodo comparable anterior. El secuestro subió de 54 a 84 casos, equivalente a un incremento del 56 %, mientras que la extorsión pasó de 2.437 a 2.571 registros, un aumento del 5 %. Aunque estos delitos tienen características y dinámicas diferentes, su comportamiento hace parte del contexto de seguridad que debe enfrentar la administración.
Sin embargo, el mismo balance contiene indicadores que muestran reducciones y que también deben ser considerados para evitar una lectura parcial de los resultados. El desplazamiento individual y masivo disminuyó de 23.065 a 10.622 personas, una reducción del 54 %. Las amenazas individuales y colectivas pasaron de 117 a 91, mientras que los enfrentamientos entre actores criminales bajaron de 48 a 27 casos. Las masacres también disminuyeron de 27 a 22, y el número de víctimas pasó de 101 a 72.
Esta combinación de resultados muestra que la evolución de la seguridad no puede medirse a partir de una sola variable. Hay fenómenos que disminuyeron y otros que aumentaron considerablemente. En el caso específico del reclutamiento infantil, sin embargo, el incremento del 152 % merece un análisis independiente, debido a que afecta directamente los derechos de una población especialmente protegida y compromete el futuro de comunidades expuestas a la violencia.
La gravedad del fenómeno también está relacionada con las formas en que operan las organizaciones armadas. El reclutamiento puede producirse mediante amenazas, engaños, presiones económicas, promesas de remuneración o utilización de plataformas digitales para establecer contacto con niños y adolescentes. En territorios donde los grupos ilegales ejercen influencia sobre la vida cotidiana, las posibilidades de resistencia de las familias y de las propias víctimas pueden ser limitadas.
Las disputas por el control de economías ilegales, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, también generan condiciones para que las estructuras armadas busquen ampliar sus capacidades. La vinculación de menores puede responder a necesidades de vigilancia, transporte de suministros, labores de inteligencia, participación en actividades criminales o incorporación directa a las confrontaciones. Por eso, el reclutamiento no debe entenderse únicamente como un delito aislado, sino como parte de las dinámicas de control y expansión territorial de los grupos armados.
Las alertas sobre esta problemática ya existían antes de la posesión presidencial. Organismos nacionales e internacionales habían advertido sobre el aumento del reclutamiento y la utilización de menores por parte de estructuras armadas. La situación ha afectado especialmente a comunidades rurales y pueblos indígenas, cuyos territorios enfrentan disputas entre organizaciones ilegales y dificultades para acceder de manera permanente a servicios estatales.
Human Rights Watch ha documentado la utilización de niños y niñas por parte de grupos armados en Colombia y ha advertido sobre las estrategias de captación, incluidas aquellas que utilizan las redes sociales. La organización también ha señalado que las comunidades indígenas se encuentran entre las más expuestas a esta práctica. Estas condiciones muestran que la respuesta estatal requiere acciones coordinadas que combinen seguridad, prevención, protección y atención a las víctimas.
En consecuencia, el aumento reportado durante los primeros 90 días no permite concluir, por sí solo, que las decisiones de De la Espriella hayan provocado el deterioro. Los grupos armados tienen capacidad de actuación propia y las dinámicas del conflicto responden a procesos que se desarrollan durante periodos más largos. También es necesario establecer si los registros reflejan un incremento efectivo de los hechos, una mayor capacidad institucional para identificarlos o cambios en los mecanismos de denuncia y reporte.
Esta última consideración es especialmente importante porque el reclutamiento infantil presenta altos niveles de subregistro. En numerosas ocasiones, las familias no denuncian por temor a represalias, mientras que las dificultades de acceso a zonas rurales y la presencia de actores armados pueden impedir que las autoridades conozcan oportunamente los hechos. Por tanto, las estadísticas oficiales permiten identificar tendencias, pero no necesariamente representan la totalidad de los menores afectados.
Aun con esas limitaciones, el Gobierno tiene la obligación de explicar el comportamiento de los indicadores y presentar medidas concretas para enfrentar el problema. La promesa de recuperar el control territorial no puede evaluarse exclusivamente por el número de operaciones militares, capturas o integrantes de grupos armados neutralizados. También debe medirse por la capacidad del Estado para evitar que las organizaciones ilegales sigan utilizando a niños y adolescentes en sus estructuras.
Una de las primeras preguntas que debe responder el Ministerio de Defensa es dónde se concentraron los 131 registros reportados. La distribución departamental permitiría establecer si el aumento estuvo relacionado con zonas de confrontación entre grupos armados, territorios con presencia histórica de disidencias de las Farc o regiones donde las organizaciones ilegales mantienen mecanismos de control social. También permitiría identificar si existen municipios en los que las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno todavía no han producido resultados.
Otra cuestión fundamental es determinar qué organizaciones aparecen detrás de los casos y qué acciones se han desarrollado para desarticular sus redes de reclutamiento. La identificación de los responsables permitiría establecer si las operaciones de la Fuerza Pública están afectando las capacidades de captación de menores o si las estructuras armadas continúan encontrando condiciones para incorporar niños y adolescentes a sus actividades. Sin esa información, resulta difícil medir la efectividad de la estrategia oficial.
También será necesario conocer qué presupuesto y qué programas destinó el Gobierno a la prevención del reclutamiento durante sus primeros meses. La protección de la niñez requiere inversión en educación, atención psicosocial, acompañamiento familiar, oportunidades económicas y presencia institucional permanente. Una estrategia concentrada exclusivamente en la confrontación militar podría dejar sin atender algunos de los factores que hacen vulnerables a los menores frente a las organizaciones armadas.
El incremento del 152 % representa, en definitiva, un resultado adverso para una administración que convirtió la recuperación de la seguridad en uno de sus principales compromisos políticos. Aunque no demuestra por sí mismo el fracaso de toda la estrategia ni permite atribuir causalidad directa al nuevo Gobierno, sí obliga a examinar la distancia entre los objetivos anunciados durante la campaña y la situación registrada durante sus primeros tres meses de gestión.
La administración de De la Espriella recibió una crisis que venía desarrollándose desde años atrás, pero también asumió el compromiso de enfrentarla con una política de seguridad que prometía recuperar el control territorial y debilitar a las organizaciones armadas. La evolución del reclutamiento infantil será uno de los indicadores que permitirá establecer si esa estrategia consigue proteger efectivamente a la población más vulnerable o si las estructuras ilegales mantienen su capacidad para incorporar menores a sus filas.
