La controversia comenzó a crecer nuevamente en Estados Unidos después de que los senadores republicanos Ron Johnson y Rand Paul difundieran el 10 de agosto una serie de mensajes de texto intercambiados por Anthony Fauci y otros funcionarios sanitarios a comienzos de 2021. Los legisladores sostienen que esas comunicaciones muestran que existían preocupaciones sobre posibles riesgos de las vacunas contra el COVID durante el embarazo.
Uno de los mensajes más citados fue escrito por Fauci en enero de 2021. El entonces director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas señaló que una segunda dosis de la vacuna podía, “teóricamente”, estar asociada con un aborto espontáneo durante el primer trimestre. La frase se refería a un riesgo hipotético que estaba siendo discutido en ese momento.
Los nuevos documentos muestran que la preocupación no surgió de la nada. En los primeros meses de la vacunación existían pocos datos sobre mujeres vacunadas durante las primeras semanas del embarazo, porque los ensayos clínicos iniciales habían excluido o incluido muy pocas mujeres embarazadas. Los funcionarios discutían, por tanto, cómo interpretar un posible riesgo que todavía no estaba suficientemente estudiado.
Entre las hipótesis analizadas estaba la posibilidad de que la fiebre o una respuesta inflamatoria después de la vacunación pudiera afectar un embarazo temprano. Esa discusión, sin embargo, no constituía una demostración de que las vacunas provocaran abortos, sino una evaluación de un riesgo teórico que debía ser investigado.
Johnson y Paul utilizaron los mensajes para cuestionar la manera en que las autoridades comunicaron públicamente la seguridad de las vacunas. Los senadores argumentan que Fauci y otros funcionarios conocían interrogantes sobre el embarazo mientras transmitían al público un mensaje que, según ellos, era excesivamente tranquilizador.
La controversia aumentó cuando algunos republicanos retomaron una cifra que se ha difundido durante años en redes sociales: un supuesto 82 % de abortos espontáneos después de la vacunación. Esa cifra se atribuye a una interpretación de datos de un estudio de 2021 sobre seguridad de las vacunas de ARN mensajero durante el embarazo.
Sin embargo, esa interpretación es incorrecta. El 82 % no representa la proporción de mujeres embarazadas vacunadas que sufrieron un aborto. La cifra procede de dividir determinados casos de pérdida del embarazo entre un subconjunto de embarazos sobre los que existía información disponible, sin considerar adecuadamente el denominador necesario para calcular una tasa de aborto.
Los datos del estudio original tampoco demostraron que las vacunas fueran la causa de las pérdidas. En el análisis inicial de seguridad publicado en 2021, los investigadores encontraron que las proporciones observadas de pérdidas y otros resultados adversos eran similares a las registradas antes de la pandemia, aunque advirtieron que era necesario realizar un seguimiento más prolongado.
La diferencia entre “ocurrió después de la vacunación” y “ocurrió por la vacunación” es central en esta discusión. Los abortos espontáneos ocurren naturalmente en una proporción de los embarazos, por lo que para determinar si una vacuna incrementa el riesgo es necesario comparar las tasas observadas con las esperadas en poblaciones similares.
La evidencia acumulada posteriormente no ha encontrado un incremento del riesgo. El CDC señala que estudios realizados en más de un millón de mujeres embarazadas no encontraron un aumento del riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, muerte fetal o defectos congénitos asociado con las vacunas de ARN mensajero.
La evidencia más reciente tampoco ha cambiado esa conclusión. Un análisis publicado en 2026 con datos del registro de embarazos vacunados contra el COVID evaluó 12.097 embarazos y examinó específicamente el riesgo de aborto espontáneo entre las semanas seis y veinte de gestación.
Otro estudio de seguimiento realizado en Canadá analizó a miles de personas embarazadas que recibieron vacunas de ARN mensajero. Entre quienes fueron vacunadas durante el primer trimestre, la proporción de pérdidas del embarazo fue de 8,9 %, una cifra que los investigadores describieron como inferior a la esperada y que respaldó la seguridad de la vacunación durante el embarazo.
También existe evidencia acumulada sobre otros desenlaces del embarazo. Investigaciones recientes no encontraron un aumento del riesgo de muerte perinatal o parto prematuro entre las personas vacunadas durante el embarazo.
En medio de la controversia, el senador republicano Ted Cruz también difundió la interpretación del 82 %. Posteriormente eliminó una publicación en la que presentaba esa cifra como evidencia de un enorme riesgo de aborto asociado con las vacunas. Las verificaciones posteriores concluyeron que el cálculo era incorrecto.
La discusión ocurre además mientras la administración de Donald Trump ha emprendido una revisión mucho más amplia de la política federal de vacunación. El 11 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva que propone modificar las recomendaciones federales sobre las vacunas infantiles y reducir el número de inmunizaciones incluidas en el esquema rutinario.
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha sido una figura central en esa transformación. La administración ha defendido una política que pretende dar mayor peso a las decisiones individuales y a la evaluación de riesgos, mientras organizaciones médicas han advertido que algunos de los argumentos utilizados por Trump y Kennedy carecen de respaldo científico.
Las nuevas afirmaciones sobre aborto se producen, por tanto, dentro de una disputa política mucho más amplia sobre la confianza en las instituciones sanitarias estadounidenses. Para Johnson y Paul, los mensajes constituyen evidencia de que durante la pandemia hubo preguntas que no recibieron suficiente atención pública. Para los críticos de los senadores, sacar de contexto una discusión científica preliminar puede convertir una hipótesis descartada posteriormente en una supuesta prueba de daño.
La publicación de los mensajes sí aporta información relevante sobre el estado del conocimiento en enero de 2021. En ese momento había incertidumbre sobre la vacunación en las primeras etapas del embarazo y los funcionarios discutían posibles mecanismos de riesgo. Pero los documentos no demuestran que esas hipótesis fueran posteriormente confirmadas.
De hecho, uno de los principales elementos que contradicen las afirmaciones actuales es que la investigación posterior permitió estudiar poblaciones mucho mayores. A medida que aumentó el número de mujeres vacunadas durante el embarazo, los estudios epidemiológicos pudieron comparar los resultados con los de poblaciones no vacunadas y con las tasas históricas de pérdida gestacional. Los resultados no mostraron un aumento atribuible a la vacuna.
El episodio también revela cómo una discusión científica puede transformarse en una disputa política años después. Una advertencia sobre un riesgo teórico formulada cuando faltaban datos puede ser presentada retrospectivamente como una confesión de que las autoridades conocían un peligro. La diferencia entre ambas interpretaciones depende de qué ocurrió con la evidencia posterior.
Por ahora, la conclusión que permite sostener la evidencia disponible es más limitada que la que plantean algunos republicanos: los funcionarios sanitarios sí discutieron inicialmente la posibilidad teórica de un riesgo durante el primer trimestre, pero los estudios posteriores no han encontrado que las vacunas contra el COVID aumenten el riesgo de aborto espontáneo.
La controversia, sin embargo, está lejos de desaparecer. Los mensajes de Fauci alimentarán el debate sobre la transparencia de las autoridades durante la pandemia, mientras la administración Trump continúa modificando la política estadounidense de vacunación. La disputa ahora no solo gira alrededor de lo que los funcionarios sabían en 2021, sino también de cómo debe interpretarse esa información a la luz de cinco años de evidencia científica acumulada.
