Rodrigo Londoño Echeverry, último máximo comandante de las extintas Farc, comenzó en Pitalito, Huila, el cumplimiento material de la sanción que le impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los secuestros cometidos por esa guerrilla durante el conflicto armado. Su primera actividad consiste en participar en trabajos relacionados con la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas.
Desde el 21 de septiembre, Londoño trabaja en el cementerio San Antonio de Padua junto con otros integrantes del último secretariado de las Farc. Allí están Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.
La intervención hace parte del cumplimiento de la sentencia del Caso 01 de la JEP, relacionado con la política de secuestros de las Farc. La jurisdicción estableció responsabilidad por más de 21.000 hechos y determinó sanciones propias de hasta ocho años para los antiguos integrantes del secretariado que reconocieron responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La sanción no consiste en una pena de prisión ordinaria. El modelo de justicia transicional contempla los denominados Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador, conocidos como Toar, que buscan que los responsables desarrollen acciones dirigidas a reparar los daños provocados durante el conflicto.
En Pitalito, esa reparación comenzó con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Los antiguos comandantes trabajan siguiendo las instrucciones de un equipo forense de ocho personas de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, dentro de un perímetro aproximado de 850 metros en el cementerio San Antonio de Padua.
El objetivo inicial de esta fase es avanzar en la recuperación de diez cuerpos antes del 30 de septiembre. El trabajo de los sancionados se encuentra subordinado a las instrucciones técnicas de los especialistas responsables de la intervención forense y no significa que los excomandantes realicen autónomamente las labores científicas de identificación.
En imágenes divulgadas sobre la actividad, Londoño aparece utilizando casco, guantes y herramientas mientras participa en labores manuales dentro del cementerio. La intervención de Pitalito está prevista inicialmente entre el 21 y el 30 de septiembre.
El lugar tiene una relevancia particular para la búsqueda de desaparecidos. En el cementerio San Antonio de Padua fueron sepultados cuerpos de personas no identificadas que murieron durante el conflicto armado. Antes de esta intervención habían sido recuperados allí 54 cuerpos y nueve víctimas habían podido ser identificadas y entregadas dignamente a sus familias.
Las cifras de desaparición en el departamento muestran la dimensión del trabajo pendiente. Según información de la Unidad de Búsqueda citada durante el inicio de las sanciones, en Huila existen registros de 1.762 personas dadas por desaparecidas.
La JEP, además, tiene conocimiento de 14 personas que fueron secuestradas por las Farc en el Huila y que continúan desaparecidas. La jurisdicción registra al menos 254 hechos de secuestro ocurridos en el departamento y 262 víctimas acreditadas ante el tribunal que residen allí.
La participación de Londoño en el cementerio constituye solamente una parte de la sanción. Los Toar contemplados por la justicia transicional abarcan diferentes modalidades de reparación y deberán desarrollarse durante el periodo determinado por la JEP bajo vigilancia de la propia jurisdicción.
Entre esas actividades están la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario, la construcción y recuperación de infraestructura rural y urbana, proyectos ambientales, acciones de memoria histórica y proyectos económicos dirigidos a comunidades y víctimas afectadas por el conflicto.
El cumplimiento tampoco se limita a realizar trabajos durante determinadas horas. Los sancionados están sometidos a restricciones efectivas de derechos y libertades. Deben permanecer en las zonas establecidas para desarrollar los proyectos y están sujetos a mecanismos de supervisión y verificación.
Durante la intervención en Pitalito, la jornada establecida va de lunes a viernes entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Los antiguos integrantes del secretariado deben cumplir ese horario mientras permanezca vigente esta etapa del proyecto restaurativo.
También deben mantener una residencia fija en la zona asignada y no pueden cambiarla sin autorización. Las condiciones contemplan restricciones para desplazarse fuera del departamento correspondiente y para salir del país, además de mecanismos de geolocalización destinados a verificar el cumplimiento de la sanción.
La intervención tiene otra característica: los antiguos comandantes de las Farc no trabajan solos. La JEP informó que las actividades en Huila se desarrollan también con máximos responsables de la Fuerza Pública sancionados por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, así como con antiguos responsables del Bloque Sur de las Farc.
Los trabajos en Pitalito forman parte de una estructura de cumplimiento mucho más extensa. La ejecución de las sanciones contempla siete estaciones territoriales durante un periodo que se proyecta desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2034, con actividades en diferentes regiones del país.
La puesta en marcha de los Toar tampoco ha eliminado las diferencias entre las víctimas. El Espectador informó que un sector manifestó reparos frente a la intervención y al modelo bajo el cual comenzaron a ejecutarse las sanciones, mientras la JEP sostiene que las actividades restaurativas forman parte del esquema establecido para quienes reconocieron responsabilidad.
Londoño afirmó al comenzar los trabajos que no entiende el inicio de las actividades simplemente como el pago de una obligación. Según expresó, pretende cumplir las tareas establecidas por la JEP con disciplina, responsabilidad y respeto por las comunidades, y reivindicó el compromiso adquirido ante las víctimas dentro del sistema de justicia transicional.
La escena de Londoño trabajando en el cementerio de Pitalito marca así el paso de las sentencias de la JEP desde las decisiones judiciales hacia su ejecución concreta. La búsqueda de desaparecidos es apenas el primer Toar de un régimen que deberá mantenerse durante años y cuya efectividad dependerá tanto de las labores restaurativas como del control de las restricciones impuestas y de los resultados que esas actividades produzcan para las víctimas.
