Saúl Alfonso Severini Caballero, un ganadero del Magdalena señalado por su papel en la expansión del paramilitarismo en el Caribe colombiano, consiguió que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptara su sometimiento como tercero civil. Su llegada a esa jurisdicción abre la posibilidad de esclarecer las relaciones entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), empresarios, ganaderos, dirigentes políticos y miembros de la Fuerza Pública.
La solicitud de Severini no es reciente. En octubre de 2018 manifestó su intención de someterse a la JEP, bajo la condición de tercero civil financiador de las autodefensas. En un primer momento, la jurisdicción negó su petición al considerar que los hechos y su posible condición de integrante de una estructura paramilitar estaban por fuera de su competencia.
Sin embargo, el ganadero presentó un recurso de reposición para que se reconsiderara la decisión. Después de estudiar los argumentos y las pruebas disponibles, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP cambió su posición y aceptó el sometimiento, una determinación que se conoció el 5 de agosto de 2026 y que fue divulgada por Caracol Radio y El Espectador.
La admisión se produjo en calidad de tercero civil y no como antiguo combatiente de las AUC. Esta distinción es fundamental porque los integrantes de organizaciones paramilitares no pueden acogerse a la JEP por su sola condición de excombatientes. En cambio, los terceros civiles que contribuyeron a financiar o facilitar delitos relacionados con el conflicto pueden comparecer voluntariamente y asumir compromisos de verdad, reparación y no repetición.
La decisión no significa que la JEP haya descartado que Severini perteneciera a las autodefensas. Por el contrario, la Sala dejó abierta la investigación sobre el verdadero alcance de su participación y ordenó profundizar en la manera en que su papel de financiador y articulador pudo trascender hasta convertirlo en integrante de la organización armada.
Su papel en la expansión del Frente Pivijay
Severini, conocido también con el alias de Camilo, fue señalado como uno de los principales articuladores de la llegada de las AUC al sur del Magdalena. Su papel habría sido el de establecer contactos con dirigentes paramilitares, conseguir financiación entre ganaderos y facilitar la incursión de la estructura armada en municipios como Pivijay, Salamina y otras poblaciones de la región.
De acuerdo con sus declaraciones ante la JEP, en 1998 buscó al dirigente político y paramilitar Jorge Gnecco, asesinado en 2001, para gestionar la llegada de las autodefensas al Magdalena. Gnecco habría facilitado el contacto con Carlos Castaño, uno de los principales jefes de las AUC, con quien Severini sostuvo posteriormente reuniones para concretar la expansión de la organización.
El siguiente paso habría sido conseguir los recursos económicos para poner en marcha el Frente Pivijay. Severini aseguró que reunió $100 millones aportados por cinco ganaderos, quienes habrían entregado $20 millones cada uno. Según su versión, el dinero fue entregado a Jorge Gnecco por instrucciones de Castaño para financiar la llegada de los paramilitares.
En su declaración mencionó a Silvio Severini, Hernando Asmar, Tarquinio Llanos, José Gamarra Sierra y Andrés Gamarra como las personas que habrían participado en esa financiación. Se trata de señalamientos que deben ser contrastados por la JEP y que no constituyen, por sí solos, una declaración judicial de responsabilidad contra los mencionados.
La influencia de Severini, según las pruebas examinadas por la jurisdicción, habría ido más allá de conseguir dinero. La Sala encontró elementos que lo ubican como intermediario entre los paramilitares y sectores económicos y políticos, con capacidad para participar en decisiones sobre la expansión territorial, la selección de personas y el funcionamiento de las estructuras ilegales.
El auto de la JEP también recoge antecedentes de Justicia y Paz y declaraciones de otros exjefes paramilitares, entre ellos Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Este último describió a Severini como un líder político, social y económico de Pivijay que colaboraba con las autodefensas. La documentación judicial también lo relaciona con la entrega de información sobre personas señaladas de colaborar con la guerrilla, algunas de las cuales terminaron convertidas en objetivos de los paramilitares.
La Sala encontró, además, que Severini habría recibido protección de integrantes de las AUC y obtenido beneficios derivados de la actividad paramilitar, entre ellos la adquisición irregular de tierras. Estos elementos fueron considerados relevantes para establecer su participación en el entramado criminal que investiga la jurisdicción.
Los ganaderos y José Félix Lafaurie
Uno de los nombres de mayor repercusión en las declaraciones de Severini es el de José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). El exintegrante de las AUC lo mencionó al referirse a la supuesta influencia del paramilitarismo en las decisiones de organizaciones gremiales y en la representación de los productores.
Según Severini, las AUC habrían intervenido en la elección de Lafaurie como presidente de Fedegán en 2004. Aseguró que estuvo en el Centro de Convenciones de Cartagena durante el proceso y que recibió instrucciones para que los ganaderos votaran por él. De acuerdo con su versión, la orden habría provenido de Salvatore Mancuso y le habría llegado por intermedio de Hernando Asmar.
También afirmó que José Gamarra Sierra lo ayudó a conseguir votos en el Magdalena y que Celso Castro Gnecco habría realizado gestiones similares en el Cesar. El declarante agregó que él y su hermano Carlos Severini habrían servido de conductores a Lafaurie en desplazamientos relacionados con encuentros con Mancuso en Santa Fe de Ralito.
Estas afirmaciones abren interrogantes sobre la posible influencia de las AUC en las organizaciones gremiales y sobre los mecanismos que habrían utilizado para obtener respaldo de sectores económicos. No obstante, la declaración de Severini no equivale a una determinación judicial sobre la conducta de Lafaurie, quien debe tener la oportunidad de responder a los señalamientos y controvertir las pruebas.
Los militares y policías que aparecen en las declaraciones
Otro de los capítulos más delicados tiene que ver con las presuntas relaciones entre las autodefensas y miembros de la Fuerza Pública. Severini aseguró que existieron colaboraciones entre los paramilitares y unidades de la Policía y el Ejército que operaban en el Magdalena.
En sus declaraciones mencionó al general retirado Óscar Gamboa Argüello, quien estuvo al frente de la Policía en el departamento, y al general Fredy Padilla de León, relacionado con el mando de la Segunda Brigada. Según su relato, integrantes de distintas unidades habrían facilitado operaciones de las autodefensas o permitido que actuaran sin interferencia.
También señaló al general retirado Mario Montoya y habló de presuntas relaciones entre mandos militares y estructuras paramilitares. Entre los episodios que mencionó está la masacre de Nueva Venecia, ocurrida en noviembre de 2000, en la que fueron asesinadas al menos 30 personas y otras cuatro fueron desaparecidas, según los elementos recogidos por la JEP.
La relevancia de estas declaraciones está en que el Caso 08 de la justicia transicional investiga precisamente crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles. Por eso, la información entregada por Severini puede contribuir a establecer cómo funcionaban esas alianzas, quiénes las facilitaron y qué responsabilidades individuales podrían derivarse de ellas.
Los políticos y el control de las instituciones
En el ámbito político, Severini se refirió a los pactos de Chivolo y Pivijay, acuerdos que habrían permitido a las AUC intervenir en la selección de candidatos, el nombramiento de funcionarios y el control de administraciones municipales. Según su testimonio, la organización paramilitar buscaba influir en alcaldías, concejos y entidades departamentales para consolidar su dominio territorial.
Entre las personas que mencionó están el exgobernador del Magdalena José Domingo Dávila, el exgobernador Trino Luna, el exalcalde Ramón Prieto Jure, el exdiputado Fernando Mozo, el exdiputado Franklin Lozano y el concejal de Santa Marta José Alfredo Ordóñez. También señaló al actual alcalde de Pivijay, Jorge Iván Salah, a quien atribuyó colaboración con las autodefensas y entrega de información sobre habitantes de la región.
En el caso de Trino Luna, las declaraciones de Severini incluyen un señalamiento particularmente grave relacionado con Carlos Caicedo, quien fue rector de la Universidad del Magdalena entre 1997 y 2006. El exparamilitar aseguró que escuchó al entonces gobernador hablar de un supuesto plan para asesinar a Caicedo con el propósito de controlar la institución y sus recursos económicos.
Severini también afirmó que las AUC utilizaron la contratación pública para financiar sus actividades armadas. En ese contexto mencionó a la Fundación Mujeres de la Provincia, dirigida por Neyla Alfredina Soto, alias Sonia o La Sombrerona, como una organización que habría servido para gestionar contratos estatales cuyos recursos terminaban favoreciendo a la estructura paramilitar.
El testimonio plantea interrogantes sobre la posible utilización de entidades públicas, fundaciones y acuerdos políticos para desviar recursos y sostener la guerra. También pone sobre la mesa la necesidad de investigar si los mecanismos de contratación fueron utilizados para consolidar el control de las AUC sobre las instituciones del Magdalena.
La condena y el alcance de su llegada a la JEP
La situación judicial de Severini tiene otro antecedente importante. El ganadero fue capturado en Cali el 2 de septiembre de 2025, después de permanecer varios años prófugo de la justicia. Tenía una condena de 400 meses de prisión, equivalente a 33 años y cuatro meses, por el asesinato de la lideresa sindical y docente Ledys Marina Pertuz Montero, ocurrido en Salamina, Magdalena, en mayo de 2002, además de otros delitos relacionados con su actividad criminal.
Antes de que se conociera la decisión de admisión, la Sala de Reconocimiento escuchó sus declaraciones en dos diligencias, realizadas el 12 de diciembre de 2025 y el 18 de marzo de 2026. En ellas entregó información sobre la conformación del Frente Pivijay, los crímenes cometidos por las AUC, sus relaciones con sectores económicos y políticos y la participación de miembros de la Fuerza Pública.
Sobre el número de homicidios que reconoció, las publicaciones periodísticas han presentado cifras diferentes: Caracol Radio reportó que aceptó responsabilidad en 229 asesinatos, mientras que El Espectador informó que habló de al menos 299. La cifra deberá precisarse a partir de las diligencias y los documentos oficiales de la jurisdicción.
La JEP lo vinculó al subcaso Gran Magdalena, dentro del Caso 08, que comprende investigaciones sobre crímenes cometidos en asociación entre agentes estatales, paramilitares y terceros civiles en Magdalena, Cesar y La Guajira. La Sala consideró que sus aportes pueden ayudar a esclarecer patrones de violencia, financiación y articulación entre actores armados y sectores de poder.
La admisión no elimina automáticamente la condena que cumple en la justicia ordinaria ni significa que haya recibido beneficios definitivos. Severini deberá cumplir las obligaciones de aportar verdad plena, contribuir a la reparación de las víctimas y garantizar la no repetición. La JEP tendrá que contrastar sus afirmaciones con documentos, testimonios y otras pruebas antes de establecer responsabilidades.
El principal alcance de su comparecencia será determinar si la expansión paramilitar en el Magdalena fue posible por la articulación de estructuras armadas con redes económicas, políticas e institucionales. Las declaraciones de Severini involucran a ganaderos, dirigentes gremiales, exgobernadores, funcionarios, empresarios y oficiales de la Fuerza Pública, pero corresponde a los magistrados verificar cada señalamiento y establecer si existen elementos para abrir nuevas líneas de investigación.
Por ahora, el caso representa una oportunidad para reconstruir cómo se financió y consolidó el Frente Pivijay, cómo se relacionó con las élites regionales y qué mecanismos utilizó para ejercer control sobre la población y las instituciones. La información que entregue Severini deberá ser contrastada con las versiones de otros comparecientes y, sobre todo, con las pruebas disponibles para que la búsqueda de verdad no se limite a una sucesión de acusaciones, sino que permita esclarecer responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas.
