La situación que enfrenta Casa Macondo, luego de que la Fiscalía General de la Nación ordenara una inspección a sus archivos y documentos periodísticos, ha reabierto el debate sobre las condiciones para ejercer el periodismo independiente en Colombia. La controversia tiene puntos de comparación con lo ocurrido en 2019 con Noticias Uno, cuando se anunció su salida de la programación de fin de semana de Canal 1.
Aunque los dos episodios tienen orígenes y características diferentes, ambos han generado advertencias sobre las consecuencias que las decisiones empresariales o las actuaciones institucionales pueden tener para los medios de comunicación que realizan investigaciones sobre asuntos de interés público.
La comparación también permite examinar cómo las presiones económicas, las controversias judiciales y las dificultades para proteger el trabajo de reportería pueden afectar la continuidad de espacios informativos que contribuyen a la diversidad de voces en el país.
El antecedente de Noticias Uno se remonta a septiembre de 2019. En ese momento, Canal 1 confirmó su decisión de retirar de la programación los noticieros de fin de semana, entre ellos Noticias Uno, lo que generó preocupación por el futuro de uno de los espacios de investigación periodística de la televisión colombiana.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se pronunció sobre la decisión y señaló que el canal la presentaba como una determinación corporativa relacionada con la crisis económica de los medios de comunicación. Según la explicación entregada a la organización, los socios mayoritarios habían decidido modificar la programación por razones financieras.
Uno de los elementos que llamó la atención de la FLIP fue el retiro de la totalidad de la pauta publicitaria del Grupo Aval, anunciante histórico y de gran importancia para ese espacio informativo. La organización indicó que esa decisión había afectado considerablemente los recursos disponibles para la operación del canal.
La FLIP también advirtió que el Gobierno tenía responsabilidades en las decisiones regulatorias que podían incidir en el futuro financiero de los medios, particularmente frente a las controversias por presuntas prácticas de abuso de posición dominante en el mercado televisivo. Sin embargo, precisó que Canal 1 no le había reportado presiones evidentes del Gobierno para sacar del aire a Noticias Uno.
La preocupación de la organización no se limitó a la situación laboral y empresarial de los periodistas. También señaló que la salida del noticiero de la programación de fin de semana representaba una pérdida para el pluralismo informativo, en un escenario donde consideraba que existía una homogeneidad en el cubrimiento de las noticias en Colombia.
En ese momento, la FLIP convocó a medios de comunicación, ramas del poder público y organismos de control a discutir el futuro del periodismo libre. La organización planteó la necesidad de evitar que decisiones empresariales de esa naturaleza terminaran siendo motivadas por intereses de determinados sectores de poder. FLIP
Siete años después, Casa Macondo enfrenta una controversia de naturaleza diferente, pero que también involucra las garantías para desarrollar investigaciones periodísticas. El medio, dirigido por el periodista Juan Pablo Barrientos, denunció que la Fiscalía 315 Local de Bogotá ordenó una inspección para verificar los documentos y las comunicaciones que respaldan información publicada.
La diligencia contempla revisar correos electrónicos, documentos, comunicaciones y fechas de recepción de materiales. De acuerdo con la información divulgada por la FLIP, la actuación está relacionada con una denuncia por supuestas calumnias contra el abogado Francisco Bernate, aunque Casa Macondo sostiene que no ha realizado investigaciones periodísticas sobre ese jurista.
El aspecto más delicado de la actuación, según la organización defensora de la libertad de prensa, es que el acceso a esos materiales podría permitir identificar indirectamente a las fuentes de información. Aunque la orden establece que no se exigirá revelar expresamente su identidad, los documentos y las circunstancias en que fueron recibidos pueden ofrecer pistas sobre su procedencia.
La FLIP considera que esa posibilidad compromete el secreto profesional periodístico, una garantía constitucional que protege la confidencialidad de las fuentes y permite que las personas entreguen información de interés público sin exponerse a represalias.
El debate también tiene un componente institucional. La FLIP recordó que la Directiva 003 de 2023 de la propia Fiscalía establece que los funcionarios deben abstenerse de ordenar actividades investigativas que pongan en peligro el secreto periodístico. Para la organización, esa disposición incluye actuaciones que puedan comprometer los archivos y los procesos de reportería de los medios de comunicación.
Por esa razón, la fundación solicitó a la Fiscalía revisar la orden de inspección y dejar sin efecto los requerimientos que puedan comprometer información protegida por la reserva profesional. También informó que puso la situación en conocimiento del despacho de la fiscal general.
El caso se suma a otras dificultades judiciales que enfrenta Juan Pablo Barrientos. Según la FLIP, el director de Casa Macondo tiene 13 denuncias penales activas, una situación que, a juicio de la organización, debe examinarse por sus efectos acumulados sobre la capacidad del periodista para desarrollar investigaciones y publicar información de interés público.
La controversia también está relacionada con una investigación anterior de Casa Macondo sobre Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de la Corte Constitucional. El medio publicó una serie de trabajos periodísticos sobre el proceso de reclamación de paternidad de su hijo primogénito, las actuaciones judiciales relacionadas con ese expediente y las declaraciones del magistrado sobre la madre del joven.
El 6 de febrero de 2026, una decisión judicial de segunda instancia ordenó retirar parte de esa investigación. La determinación fue emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Neiva y se refirió a contenidos que involucraban declaraciones de Ibáñez sobre la madre de su hijo. Casa Macondo informó que cumplió la orden y retiró el material de sus plataformas, aunque cuestionó la decisión.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2026, la Corte Constitucional seleccionó el expediente para revisión. La decisión abrió la posibilidad de que el alto tribunal examine los límites entre el derecho a la intimidad, el buen nombre y la libertad de información en el caso. La selección, sin embargo, no significó que la Corte hubiera revocado la orden judicial.
Este antecedente establece otra diferencia con Noticias Uno. Mientras en 2019 el debate se concentraba en las condiciones económicas y empresariales que llevaron a modificar la presencia del noticiero en la televisión abierta, en Casa Macondo las controversias involucran directamente el contenido de las publicaciones, los materiales utilizados para producirlas y las garantías constitucionales de la reportería.
Sin embargo, existe una coincidencia en las preocupaciones expresadas por las organizaciones defensoras de la libertad de prensa: las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones sobre la capacidad de los medios para investigar asuntos que involucran a personas e instituciones con poder.
En el caso de Noticias Uno, el retiro de la pauta de un anunciante importante y las decisiones de los socios mayoritarios de Canal 1 fueron elementos centrales de la discusión. La FLIP no estableció que hubiera existido una orden gubernamental para sacar al noticiero de la programación, pero sí advirtió sobre el impacto que podía tener la pérdida de ese espacio informativo.
En Casa Macondo, por su parte, la preocupación se concentra en el alcance de las actuaciones judiciales. La revisión de archivos, correos y documentos puede comprometer información que no necesariamente está destinada a ser divulgada y que hace parte del proceso mediante el cual los periodistas obtienen y verifican sus datos.
También hay una diferencia en las consecuencias inmediatas. Noticias Uno enfrentó la pérdida de su espacio de fin de semana en televisión, mientras que Casa Macondo tiene que responder a una actuación de la Fiscalía que, según las advertencias de la FLIP, podría afectar la confidencialidad de sus fuentes y sus procedimientos de investigación.
En ambos episodios, el pluralismo informativo aparece como uno de los elementos centrales. La desaparición de espacios periodísticos o las restricciones que puedan afectar la investigación sobre asuntos de interés público no solamente tienen consecuencias para los equipos de periodistas, sino también para los ciudadanos que dependen de diferentes medios para conocer lo que ocurre en el país.
La discusión adquiere relevancia porque el periodismo de investigación requiere condiciones que permitan consultar documentos, recibir información confidencial, contrastar testimonios y publicar hallazgos sin que las fuentes queden expuestas. Cuando alguna de esas garantías se debilita, también puede verse afectada la disposición de las personas a entregar información sobre posibles irregularidades.
La comparación entre Noticias Uno y Casa Macondo no permite concluir que ambos episodios respondan a una misma estrategia de censura o que exista una operación coordinada contra los medios independientes. Sus circunstancias son distintas y deben examinarse con las pruebas correspondientes. No obstante, sí permiten identificar dos escenarios en los que organizaciones de defensa de la libertad de prensa han advertido sobre riesgos para el ejercicio periodístico.
El caso de Noticias Uno dejó planteada en 2019 la discusión sobre la dependencia económica de los medios, la concentración empresarial y el papel de la publicidad en la sostenibilidad de los espacios informativos. El de Casa Macondo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer límites claros a las actuaciones de las autoridades cuando estas involucran documentos, comunicaciones y fuentes protegidas por el secreto profesional.
La respuesta de la Fiscalía a los cuestionamientos de la FLIP será determinante para establecer cómo se desarrollará la actuación contra Casa Macondo y qué medidas se adoptarán para garantizar los derechos del medio y de su director. También será importante conocer el alcance de la revisión que adelante la Corte Constitucional sobre la decisión judicial que ordenó retirar parte de la investigación sobre Ibáñez.
En últimas, los dos episodios permiten examinar una misma preocupación desde dimensiones diferentes: las garantías para que los medios independientes puedan investigar a sectores políticos, económicos y judiciales sin que las condiciones de financiación o las actuaciones institucionales terminen limitando su capacidad de informar.
La pregunta que permanece es hasta dónde pueden llegar las decisiones empresariales y las actuaciones de las autoridades sin afectar el derecho de los periodistas a investigar y el de la ciudadanía a recibir información plural, especialmente cuando las publicaciones involucran a personas con responsabilidades o posiciones de poder.
