El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme la providencia jurídica que frena la aplicación de los nuevos lineamientos de ordenamiento territorial ambiental sobre la sabana y el río Bogotá.
La decisión judicial se mantiene inalterada a pesar de los esfuerzos de la cartera ministerial por sustentar la viabilidad técnica de las polémicas medidas adoptadas.
El Ministerio de Ambiente argumentó que las directrices fueron concertadas en más de 165 espacios de diálogo ciudadano con diferentes actores de la región.
No obstante, los magistrados determinaron que persisten dudas razonables sobre el impacto socioeconómico de las restricciones impuestas a los municipios de la sabana.
Los gremios de la construcción y del sector agropecuario habían interpuesto recursos legales al considerar que las normas vulneraban los planes de desarrollo locales.
Los lineamientos suspendidos buscaban endurecer las exigencias ambientales para la protección de las fuentes hídricas tributarias de la cuenca del Río Bogotá.
Los defensores del ecosistema regional lamentaron el pronunciamiento judicial por considerar que se postergan acciones urgentes para frenar el deterioro ambiental del río.
La cartera ambiental insistió en que los lineamientos no son una opción de manejo secundaria sino una necesidad estructural para la resiliencia climática del territorio.
El debate jurídico se trasladará ahora a las instancias superiores donde se definirá el fondo de la controversia normativa sobre el suelo rural.
Las alcaldías de la sabana de Bogotá permanecen a la expectativa debido a que sus planes de ordenamiento territorial dependen de estas directrices macro.
Expertos constitucionalistas señalan que el equilibrio entre el desarrollo industrial y la conservación hídrica sigue siendo el principal reto de la magistratura regional.
Las mesas de trabajo técnico continuarán sesionando de manera paralela mientras se espera un fallo definitivo por parte del Consejo de Estado colombiano.
