Donald Trump ha convertido la inteligencia artificial en uno de los ejes tecnológicos, económicos y estratégicos de su segundo mandato. Su política combina una apuesta por acelerar el desarrollo de los sistemas más avanzados, reducir obstáculos regulatorios y mantener la ventaja estadounidense frente a China. El último paso fue dado el 29 de septiembre de 2026, cuando Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Inaugurating the Era of Super Intelligence”, con la que ordenó al Gobierno federal sustituir los términos “Artificial Intelligence” y “AI” por “Super Intelligence” y “SI” en sus comunicaciones oficiales.
El cambio de nombre, sin embargo, no significa que Trump haya creado el concepto de “súper inteligencia”. El término existe desde hace décadas dentro de la literatura sobre inteligencia artificial y suele utilizarse para describir sistemas capaces de superar ampliamente las capacidades cognitivas humanas en distintos ámbitos.
Lo que hizo la administración Trump fue apropiarse políticamente de la expresión y utilizarla como una nueva denominación oficial para las tecnologías que hasta ahora se conocían como inteligencia artificial.
La propia orden ejecutiva deja clara esa diferencia. Mientras el Gobierno prepara una nueva definición federal de “Super Intelligence”, la orden establece provisionalmente que el término abarque las tecnologías comprendidas en la actual definición legal estadounidense de inteligencia artificial.
La Casa Blanca sostiene que la expresión “artificial intelligence” ya no describe adecuadamente las capacidades de los sistemas de frontera. Según el Gobierno, estas tecnologías no solamente imitan o automatizan capacidades humanas, sino que amplifican la creatividad y permiten realizar tareas que antes parecían imposibles.
La nueva terminología apareció públicamente con fuerza una semana antes de la orden ejecutiva. Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre, Trump comenzó a utilizar “super intelligence” como sustituto de AI y vinculó directamente el desarrollo tecnológico con la competencia entre Estados Unidos y China.
En aquella intervención, Trump presentó la competencia tecnológica como una carrera estratégica: sostuvo que quien gane la carrera de la inteligencia artificial, o de la “súper inteligencia”, obtendrá una posición decisiva frente al resto del mundo.
China ocupa un lugar central en esa visión. Trump ha repetido que Estados Unidos lleva ventaja y que su objetivo es conservarla, mientras rechaza la posibilidad de frenar significativamente el desarrollo de los sistemas más avanzados por temor a sus riesgos.
El 13 de septiembre, por ejemplo, Trump afirmó que Estados Unidos estaba por delante de China y sostuvo que podían establecerse “guardrails” o salvaguardas, pero rechazó las propuestas orientadas a desacelerar el desarrollo tecnológico.
Dos semanas después, el 27 de septiembre, volvió a utilizar el argumento chino para defender su posición. Según Reuters, Trump afirmó que Estados Unidos debía mantener su ventaja sobre Pekín y rechazó la idea de ralentizar el avance de la inteligencia artificial.
Esa posición está presente desde el comienzo de su segundo mandato. El 23 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar políticas de la administración de Joe Biden que su Gobierno consideraba obstáculos para la innovación estadounidense en inteligencia artificial.
Aquella orden estableció como política estadounidense mantener y reforzar el liderazgo global en inteligencia artificial por razones de competitividad económica y seguridad nacional. También ordenó revisar las políticas, regulaciones y directrices heredadas de la administración Biden.
El siguiente paso fue el plan nacional de inteligencia artificial presentado en julio de 2025. El documento planteó más de 90 acciones federales agrupadas en tres grandes objetivos: acelerar la innovación, construir infraestructura estadounidense y ampliar el liderazgo internacional de Washington.
Una de las prioridades del plan fue precisamente eliminar regulaciones consideradas innecesarias para el desarrollo y despliegue de la tecnología. También planteó acelerar los permisos para centros de datos y fábricas de semiconductores, dos infraestructuras fundamentales para competir en inteligencia artificial.
La infraestructura energética se convirtió así en parte de la estrategia tecnológica. Los modelos de inteligencia artificial requieren enormes cantidades de capacidad informática y electricidad, por lo que la construcción de centros de datos pasó a ser un asunto relacionado tanto con política industrial como con seguridad nacional.
La administración Trump también ha intentado evitar que Estados Unidos termine con un mosaico de regulaciones estatales diferentes. En diciembre de 2025, la Casa Blanca impulsó una política para limitar lo que calificó como un régimen fragmentado de normas estatales sobre inteligencia artificial.
El argumento de Washington es que empresas estadounidenses sometidas a regulaciones distintas en cada estado podrían perder velocidad frente a competidores extranjeros. La administración ha planteado, por ello, la necesidad de un marco federal que prevalezca sobre determinadas normas estatales.
El conflicto regulatorio también tiene una dimensión política. La administración Trump ha cuestionado normas que considera obstáculos a la innovación y ha defendido que los modelos de inteligencia artificial no estén sujetos a determinadas exigencias relacionadas con contenidos, sesgos o políticas de diversidad.
En paralelo, Trump ha rechazado la idea de que la respuesta a los riesgos de la inteligencia artificial deba ser una moratoria o una fuerte desaceleración. El argumento central de su Gobierno es que una regulación excesiva podría beneficiar indirectamente a China al reducir la velocidad de las empresas estadounidenses.
Esa postura contrasta con las advertencias provenientes de parte de la industria tecnológica. Algunos ejecutivos y especialistas han pedido mecanismos de seguridad más estrictos ante la posibilidad de que sistemas autónomos puedan utilizarse para causar daños, realizar ataques informáticos o actuar fuera de los objetivos previstos.
La tensión quedó expuesta el 29 de septiembre, cuando Trump reunió en la Casa Blanca a dirigentes de algunas de las mayores compañías tecnológicas. Ese mismo día, varias empresas suscribieron un acuerdo voluntario relacionado con estándares de seguridad y auditorías independientes de sus sistemas.
El acuerdo muestra una característica de la estrategia de Trump: promover mecanismos de control sin convertirlos necesariamente en un sistema de regulación federal rígido. La Casa Blanca ha hablado de supervisión y seguridad, mientras mantiene como prioridad la expansión rápida de la tecnología.
La relación con China introduce una contradicción adicional. Washington y Pekín han mantenido contactos sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero Trump dijo el 29 de septiembre que no quería que Estados Unidos trabajara con China en la regulación de la tecnología porque, a su juicio, eso podría dificultar que las empresas estadounidenses superaran a las chinas.
La política de Trump queda así definida por tres elementos que avanzan simultáneamente: una carrera tecnológica con China, una reducción de las barreras regulatorias y una nueva narrativa oficial que sustituye “inteligencia artificial” por “súper inteligencia”. El cambio semántico no modifica por sí solo la tecnología, pero sí refleja la prioridad política que Washington le está dando a una carrera que Trump presenta como decisiva para la economía y la seguridad de Estados Unidos.
