La muerte de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, un joven de 18 años, abrió interrogantes sobre la operación realizada el 21 de septiembre en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta, en la que la Fuerza Pública reportó siete muertos vinculados inicialmente con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). La familia asegura que Ricardo era un campesino y no hacía parte de esa estructura armada.
El operativo fue presentado por la Policía Nacional como un golpe contra las ACSN, también conocidas como Los Pachenca. La acción se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Guachaca, con participación de la Dirección de Antinarcóticos, comandos Jungla, Aviación Policial, Fiscalía y apoyo aéreo de la Fuerza Aeroespacial.
Entre los muertos estaba José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado por las autoridades como uno de los principales cabecillas de las ACSN. El balance divulgado por la Policía habló de siete integrantes de la organización “neutralizados” y tres personas capturadas, una presentación que inicialmente ubicó a quienes murieron dentro de la estructura criminal.
Sin embargo, la identificación de Ricardo Andrés Rodríguez comenzó a poner en duda que esa caracterización pudiera aplicarse automáticamente a todos los fallecidos. Sus familiares sostienen que el joven no era integrante de las ACSN y que se dedicaba a labores agrícolas en una finca cercana al lugar donde ocurrió la operación.
Franklin Quintero, hermano de Ricardo, aseguró que la familia se dedica a la agricultura y que el joven realizaba trabajos del campo. Según su versión, Ricardo estaba trabajando cerca de la zona y recogiendo animales cuando se produjo el operativo. Esa explicación deberá ser contrastada con las evidencias recogidas por las autoridades.
Otros relatos familiares van más allá. Medios locales han recogido la versión según la cual Ricardo habría sido retenido por integrantes de las ACSN antes de la llegada de la Fuerza Pública. Por el momento, esa circunstancia corresponde a la versión de sus allegados y no aparece públicamente establecida por una investigación judicial.
La controversia aumentó porque después del operativo circularon versiones según las cuales entre los muertos podía encontrarse un hijo de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como máximo jefe de las ACSN. El Espectador informó que, el día de la operación, fuentes policiales mencionaron preliminarmente esa posibilidad.
El Ministerio de Defensa posteriormente hizo una precisión: ninguna fuente de la Fuerza Pública, según la cartera, afirmó oficialmente que Ricardo Andrés Rodríguez fuera hijo de alias “Pinocho”. Defensa calificó como carentes de sustento oficial las versiones que atribuían esa afirmación a la institucionalidad.
La aclaración resulta relevante porque separa dos discusiones que comenzaron a mezclarse después de la operación. Una es si Ricardo fue erróneamente relacionado con “Pinocho”; otra, mucho más importante para determinar las circunstancias de su muerte, es si realmente pertenecía a las ACSN o si era un civil que se encontraba en medio del operativo.
El propio Ministerio de Defensa dejó esta última cuestión abierta. En su pronunciamiento sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los peritos de Medicina Legal esclarecer la totalidad de los hechos y establecer los motivos y las actividades de las personas que se encontraban en el lugar donde se desarrolló la operación.
Esa respuesta significa que, hasta ahora, la pertenencia de Ricardo a la organización armada no puede darse por establecida únicamente porque haya muerto en el mismo lugar donde se encontraba alias “Cholo”. Será necesario determinar por qué estaba allí, qué ocurrió durante la operación y qué evidencia existe sobre una eventual vinculación suya con las ACSN.
La familia, por su parte, sostiene una versión completamente diferente. La madre del joven ha afirmado que su hijo era un trabajador y rechazó públicamente que perteneciera a un grupo armado. Otros familiares lo describen como agricultor y campesino y aseguran que no tenía relación con “Cholo” ni con “Pinocho”.
Esas denuncias hicieron aparecer una expresión particularmente sensible en Colombia: “falso positivo”. Organizaciones de víctimas de ejecuciones extrajudiciales han relacionado públicamente el caso con ese antecedente y la familia ha anunciado acciones para buscar el esclarecimiento de lo ocurrido.
Pero determinar que la muerte de Ricardo constituye un nuevo caso de falso positivo requeriría establecer mucho más que su eventual condición de civil. Históricamente, la expresión ha sido utilizada para describir ejecuciones extrajudiciales de civiles que posteriormente fueron presentados como integrantes de grupos armados muertos en combate. En este caso todavía no existe una conclusión judicial que permita afirmar que eso ocurrió.
Una de las preguntas centrales será entonces cómo murió Ricardo. La investigación deberá reconstruir la secuencia del operativo, determinar dónde se encontraba el joven, establecer si estaba armado, verificar si participó en hostilidades y precisar las circunstancias exactas en las que recibió las lesiones que provocaron su muerte.
También será necesario establecer qué elementos llevaron a las autoridades a incluir inicialmente a los siete fallecidos dentro del balance de integrantes de las ACSN. La Policía presentó oficialmente la operación como la “neutralización” de siete miembros de esa organización, mientras Defensa reconoce ahora que corresponde a las autoridades judiciales establecer las actividades de las personas presentes en el lugar.
Las pruebas forenses pueden resultar determinantes. Medicina Legal deberá aportar información sobre las heridas, trayectorias de proyectiles y demás elementos disponibles, mientras la Fiscalía tendrá que contrastarlos con testimonios, material audiovisual, comunicaciones, armas recuperadas y los informes operacionales de las unidades participantes.
El caso ocurre, además, después de que el presidente Abelardo de la Espriella celebrara públicamente el golpe contra las ACSN y endureciera su discurso frente a las organizaciones armadas. El mandatario advirtió que continuaría la ofensiva contra quienes no se sometieran a las autoridades, mientras sectores defensores de derechos humanos cuestionaron el lenguaje utilizado tras la operación.
La posible condición de civil de uno de los fallecidos adquiere por ello una relevancia adicional. Si las investigaciones establecieran que Ricardo no pertenecía a las ACSN, todavía habría que determinar si murió accidentalmente durante el enfrentamiento, si quedó atrapado en el fuego, si había sido retenido por el grupo armado o si existió una actuación ilícita de agentes estatales. Son escenarios jurídicamente diferentes y, por ahora, ninguno puede darse por probado.
Por el momento, el caso contiene una certeza y varias preguntas pendientes: Ricardo Andrés Rodríguez Martínez tenía 18 años y murió durante la operación contra las ACSN; su familia asegura que era un campesino sin vínculos con el grupo armado; y el Ministerio de Defensa reconoce que Fiscalía y Medicina Legal deberán esclarecer qué hacía allí y las circunstancias de lo ocurrido. Solo esa investigación permitirá determinar si se trató de una víctima civil en medio de una operación o si existen elementos para investigar una posible ejecución extrajudicial.
