Estados Unidos mantuvo a Colombia en la categoría de países que, según Washington, “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales de lucha antidrogas. La decisión prolonga por segundo año consecutivo la descertificación que Donald Trump había impuesto en 2025.
La determinación fue presentada al Congreso estadounidense para el año fiscal 2027 y mantiene a Colombia entre los países considerados grandes productores o territorios de tránsito de drogas ilícitas. Esa lista incluye también a otros 22 países y, por sí misma, no significa que sus gobiernos estén incumpliendo sus obligaciones antidrogas.
La diferencia fundamental está en la segunda categoría. Colombia, Afganistán, Bolivia y Birmania fueron señalados específicamente por Washington como países que durante los últimos 12 meses no realizaron, a juicio del Gobierno estadounidense, esfuerzos sustanciales suficientes para cumplir sus compromisos internacionales contra los narcóticos.
El concepto de “failed demonstrably” tiene consecuencias jurídicas. La legislación estadounidense permite restringir determinados tipos de asistencia a los países incluidos en esa categoría, aunque el presidente puede exceptuar esas restricciones cuando considera que mantener la ayuda responde al interés nacional de Estados Unidos.
Trump volvió a utilizar esa excepción con Colombia. Por eso, la permanencia de la descertificación no equivale a la suspensión automática de la cooperación estadounidense en materia de seguridad o lucha contra el narcotráfico. La asistencia continúa porque Washington considera que mantenerla es vital para sus intereses nacionales.
Ahí aparece la primera paradoja de la decisión: Colombia recibe simultáneamente una calificación negativa sobre el desempeño antidrogas y una confirmación de que la relación bilateral en seguridad continúa siendo estratégicamente importante para Estados Unidos.
La segunda paradoja está relacionada con el cambio de Gobierno en Bogotá. La determinación estadounidense atribuye buena parte de la responsabilidad por el deterioro de los indicadores al Gobierno anterior, mientras presenta la llegada de Abelardo De la Espriella como una oportunidad para modificar el rumbo.
Trump destacó expresamente el compromiso del nuevo presidente colombiano de emprender una campaña más agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína. También vinculó la posibilidad de modificar la calificación estadounidense con los resultados que obtenga la nueva administración.
El mensaje político es, por tanto, distinto al de 2025. Entonces, la Casa Blanca utilizó la descertificación para señalar al Gobierno de Gustavo Petro y cuestionar su política antidrogas. Ahora conserva la sanción administrativa, pero coloca la expectativa de cambio sobre el Gobierno que acaba de asumir.
Eso significa que De la Espriella recibe una especie de periodo de prueba internacional. Washington no considera suficientes las nuevas promesas ni los compromisos políticos del Gobierno colombiano para modificar todavía la calificación, pero deja explícitamente abierta la posibilidad de hacerlo.
Trump afirmó que podría levantar la designación si Colombia demuestra durante el próximo año avances en la erradicación de coca y en el desmantelamiento de las redes vinculadas al narcotráfico.
La condición es importante porque desplaza la discusión desde las declaraciones hacia los resultados verificables. Para la administración colombiana ya no bastará con anunciar un cambio de política frente a los cultivos ilícitos: deberá demostrar qué ocurre con la erradicación, la producción de cocaína y las organizaciones que controlan esa economía ilegal.
El desafío adquiere mayor dimensión porque la medición estadounidense corresponde principalmente a un periodo anterior a la llegada de De la Espriella. La nueva administración puede argumentar que heredó buena parte de las condiciones que produjeron la descertificación, pero Washington parece estarle ofreciendo la posibilidad de modificar esa evaluación en la siguiente revisión.
La embajadora de Colombia en Estados Unidos, según informó EFE, sostuvo que la decisión responde a un análisis de los doce meses anteriores y que ese periodo comprende fundamentalmente la administración de Petro. También señaló que el nuevo Gobierno asumió el compromiso de corregir el deterioro señalado por Washington.
La cuestión central será entonces cómo se medirá ese cambio. La Casa Blanca menciona específicamente la erradicación de coca y el desmantelamiento de redes narcotraficantes, dos indicadores que pueden convertirse en el eje de la relación bilateral durante los próximos meses.
La política antidrogas de De la Espriella también tendrá que resolver una tensión que ha acompañado durante décadas a Colombia: la presión por reducir rápidamente los cultivos ilícitos frente a las condiciones económicas y de seguridad de las comunidades rurales donde se concentra buena parte de la producción de coca.
La discusión no es menor porque las estrategias de sustitución voluntaria, erradicación forzada, interdicción y persecución de las estructuras criminales producen efectos distintos y requieren capacidades estatales diferentes. El nuevo Gobierno ha anunciado una política más ofensiva, pero el resultado dependerá de su capacidad para convertir esa orientación en operaciones sostenidas.
En ese contexto, la eventual utilización de la aspersión aérea con glifosato también podría convertirse en uno de los puntos de mayor tensión. La posibilidad ha sido asociada al giro que pretende darle el Gobierno, aunque su aplicación enfrenta restricciones jurídicas, ambientales y operativas que no desaparecen por una decisión política.
La descertificación también revela que la relación antidrogas entre Bogotá y Washington tiene una dimensión que va más allá de la cooperación técnica. La evaluación estadounidense funciona como un instrumento de presión diplomática y puede afectar la discusión sobre asistencia, seguridad y prioridades de política exterior.
Sin embargo, la decisión de 2026 muestra que Washington tampoco parece interesado en romper esa cooperación. La excepción por interés nacional permite mantener la asistencia mientras conserva la presión sobre Colombia para modificar sus resultados.
El contraste con Venezuela refuerza esa lectura. Estados Unidos retiró a Venezuela de la categoría de países que, según Washington, habían “fallado demostrablemente”, después de valorar positivamente la cooperación del Gobierno interino de Delcy Rodríguez. Venezuela, sin embargo, continúa en la lista general de países considerados grandes productores o territorios de tránsito.
La comparación muestra que las dos categorías cumplen funciones diferentes: una identifica países relevantes para la producción o tránsito de drogas; la otra juzga el esfuerzo gubernamental para enfrentar esas actividades. Confundirlas llevaría a interpretar erróneamente la decisión estadounidense.
Para Colombia, el resultado es particularmente significativo porque mantiene una relación contradictoria con Washington: la cooperación estratégica permanece abierta, pero la evaluación formal del desempeño antidrogas sigue siendo negativa.
La pregunta ahora será si el Gobierno de De la Espriella consigue convertir el respaldo político expresado por Trump en una modificación concreta de la calificación estadounidense. El margen temporal parece definido: los próximos doce meses serán utilizados por Washington para observar resultados antes de decidir si cambia nuevamente su posición.
Eso también significa que la próxima evaluación no dependerá exclusivamente de la relación personal o política entre Trump y De la Espriella. La propia Casa Blanca ha señalado objetivos concretos: reducción de cultivos de coca, erradicación y desmantelamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico.
La administración colombiana tendrá así que administrar una paradoja: recibe de Washington un mensaje político favorable, pero comienza su mandato bajo una calificación internacional negativa que todavía no ha conseguido modificar.
El Gobierno puede presentar la decisión como una herencia del periodo anterior y como una oportunidad para demostrar un cambio de rumbo. Pero esa explicación tendrá que enfrentarse a una segunda medición en la que ya no será posible atribuir los resultados exclusivamente a la administración de Petro.
La descertificación que comenzó como una herramienta de presión contra el Gobierno anterior puede terminar convirtiéndose, paradójicamente, en uno de los primeros exámenes internacionales del nuevo Gobierno. Washington ya señaló la puerta de salida; ahora la discusión estará en si Bogotá consigue atravesarla con resultados verificables.
