Viviane Morales Hoyos regresará al Gobierno nacional menos de dos meses después de su salida del Ministerio de Educación. El presidente Abelardo de la Espriella anunció su designación como consejera comisionada de Paz, un cargo desde el cual tendrá la responsabilidad de revisar la implementación del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en 2016.
El nombramiento fue anunciado por la Presidencia de la República el 23 de octubre de 2026. Además de asumir la Consejería Comisionada de Paz, Morales quedará encargada de la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, dependencia que tiene responsabilidades relacionadas con la articulación y el seguimiento de los compromisos derivados del pacto.
Según el comunicado oficial, la nueva funcionaria liderará una revisión de los resultados alcanzados, evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado y examinará la destinación de los recursos públicos asignados a los programas relacionados con el acuerdo.
La Presidencia también señaló que Morales deberá identificar fallas institucionales que, según el diagnóstico del Ejecutivo, han obstaculizado la justicia, la reparación de las víctimas y la seguridad de los colombianos. A partir de esa evaluación, el Gobierno espera impulsar reformas y modificar las estructuras que considere innecesarias o alejadas de sus objetivos originales.
La administración de De la Espriella enmarcó la designación en su propósito de desmontar lo que denomina la «falsa paz». Esa expresión hace parte del discurso político del actual Gobierno, que cuestiona los resultados de las políticas de paz desarrolladas durante los últimos años y sostiene que deben priorizarse la seguridad, el cumplimiento de la ley y la reparación efectiva de las víctimas.
El comunicado presidencial también plantea revisar las políticas vigentes y desmontar las estructuras que, a juicio del Ejecutivo, hayan desviado sus propósitos institucionales. No obstante, el anuncio no detalló cuáles serán las primeras medidas que adoptará Morales, qué entidades podrían resultar afectadas ni el calendario previsto para presentar los resultados de la evaluación.
La nueva responsabilidad de Morales se extiende a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, cuyo futuro institucional había sido objeto de cuestionamientos por parte del mandatario. La decisión de mantenerla bajo una dirección encargada abre una nueva etapa para esa dependencia, mientras el Gobierno define el alcance de las modificaciones que pretende introducir.
De acuerdo con La Silla Vacía, la Unidad había perdido capacidad de dirección durante el Gobierno de Gustavo Petro. El medio también recordó que la Corte Constitucional había solicitado desde 2025 una reestructuración de esa oficina, con metas claras para el funcionamiento de los mecanismos encargados de hacer seguimiento a la implementación del acuerdo.
La revisión anunciada deberá desenvolverse dentro del marco constitucional y legal que rige las obligaciones del Estado colombiano. Por ello, las eventuales modificaciones administrativas no significan, por sí mismas, que puedan darse por terminados los compromisos derivados del acuerdo de 2016, cuyo alcance jurídico y mecanismos de implementación deberán tenerse en cuenta en cualquier reforma.
El regreso de Morales se produce después de su breve paso por el Ministerio de Educación. La abogada asumió esa cartera al comienzo del Gobierno de De la Espriella, pero presentó su renuncia irrevocable el 31 de agosto, luego de señalar que una situación familiar inesperada requería su atención inmediata. Su salida se hizo efectiva el 7 de septiembre.
Tras su renuncia, la Presidencia anunció a Ilva Myriam Hoyos como reemplazo en Educación. Morales permaneció fuera del gabinete durante aproximadamente mes y medio, hasta que el nuevo nombramiento la situó nuevamente en el Ejecutivo, esta vez en un área vinculada directamente con la política de paz y las decisiones estratégicas de la Casa de Nariño.
La trayectoria de Morales incluye su paso por la Fiscalía General de la Nación, donde fue elegida en 2010 y ejerció como fiscal general entre 2011 y 2012. También fue congresista y embajadora de Colombia en Francia, además de participar en la contienda presidencial de 2018, cuando retiró su aspiración antes de las elecciones.
Su posición frente al acuerdo de paz ha tenido distintos matices. Morales respaldó el Sí en el plebiscito de 2016, pero posteriormente cuestionó aspectos de la reglamentación del pacto, entre ellos algunos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Durante su trayectoria política también ha defendido posturas conservadoras en debates sociales y ha mantenido vínculos con sectores cristianos.
La designación coincide con un momento de discusión sobre el futuro de las instituciones creadas o fortalecidas para implementar el acuerdo. El Gobierno de De la Espriella ha anunciado cambios en su política de paz y ha cuestionado el papel de mecanismos como la JEP, mientras que la continuidad de los compromisos estatales, la atención a las víctimas y las garantías de seguridad siguen formando parte del debate nacional.
Por ahora, el principal desafío de Morales será convertir el anuncio de una revisión exhaustiva en decisiones concretas sobre cumplimiento, recursos y funcionamiento institucional. La definición de sus primeras medidas, los criterios de evaluación y el alcance de las reformas permitirán establecer cómo se traducirá la nueva orientación del Gobierno en la implementación del acuerdo firmado hace una década.
El regreso de Morales, en consecuencia, representa un nuevo capítulo en la política de paz de la administración de De la Espriella. Su gestión deberá conciliar las prioridades anunciadas por el Ejecutivo con las obligaciones legales vigentes, mientras se conoce si la revisión propuesta derivará en cambios administrativos, reformas normativas o modificaciones más amplias en la estructura institucional encargada de implementar el acuerdo con las antiguas Farc.
