La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó una campaña de desprestigio en redes sociales contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, integrante de la Sala de Reconocimiento de Verdad, después de que circularan fragmentos de una audiencia judicial presentados como supuesta evidencia de su cercanía con antiguos comandantes de las Farc.
En un comunicado divulgado el 21 de octubre de 2026, la jurisdicción calificó lo ocurrido como una «operación de desinformación digital» y advirtió que la difusión de imágenes fuera de contexto distorsiona el alcance de las investigaciones y puede poner en riesgo la seguridad y la integridad de la funcionaria.
La controversia se originó el 5 de octubre, cuando comenzó a circular un video de aproximadamente 30 segundos de una audiencia realizada en 2019. En aquella diligencia, Rodrigo Londoño, conocido durante su permanencia en las Farc como Timochenko, se refería al trato que la guerrilla había dado a las personas secuestradas.
Durante la audiencia, una trabajadora ingresó para repartir café. En ese momento, Lemaitre hizo un comentario sobre la presencia de la mujer encargada del servicio, lo que provocó risas entre los asistentes. Ese instante fue posteriormente difundido en redes sociales y utilizado para cuestionar la independencia de la magistrada.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada compartió el fragmento y lo presentó como una «tertulia de seis horas con amigos». La publicación contribuyó a que las imágenes se viralizaran y fueran utilizadas por distintos usuarios para señalar una supuesta complicidad entre la JEP y antiguos integrantes de la organización guerrillera.
La controversia se extendió con nuevas publicaciones. Según el reporte de La Silla Vacía, el senador Germán Rodríguez también difundió un video en TikTok en el que calificó a Lemaitre como «una adoradora de las Farc». La jurisdicción rechazó esas afirmaciones y sostuvo que los señalamientos carecen de fundamento.
Para la JEP, la difusión de esos fragmentos omite el contexto completo de la diligencia y los resultados de años de investigación judicial. La entidad consideró que convertir unos segundos de una audiencia en una supuesta prueba de complicidad desconoce el trabajo realizado para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La jurisdicción también advirtió que este tipo de mensajes puede contribuir a la revictimización de las personas que sufrieron secuestros y otras violaciones de derechos humanos. Además, señaló que las publicaciones han alimentado la violencia digital contra la magistrada y pueden afectar su seguridad personal.
En su pronunciamiento, la JEP defendió la trayectoria de Lemaitre y destacó los resultados de las investigaciones desarrolladas desde la Sala de Reconocimiento de Verdad. Según las cifras citadas por la entidad, el despacho de la magistrada ha emitido nueve autos de imputación contra 74 comandantes de las antiguas Farc.
Las imputaciones incluyen presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos homicidio, toma de rehenes, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. La JEP señaló que ningún otro despacho de la jurisdicción ha imputado a un número mayor de comandantes de esa antigua guerrilla.
Uno de los principales antecedentes corresponde al Caso 01, que investiga los secuestros cometidos por las Farc. A partir de ese proceso, el Tribunal para la Paz condenó a integrantes del antiguo Secretariado por secuestro y otros 13 crímenes, de acuerdo con la información divulgada por la jurisdicción.
La Sección de Apelación confirmó la sentencia e impuso la sanción máxima permitida por la ley. La JEP destacó que la decisión representa un avance en el reconocimiento de responsabilidades por los secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado.
La entidad también señaló que el proceso permitió que los integrantes del antiguo Secretariado reconocieran públicamente su responsabilidad por los secuestros. Para la jurisdicción, estos resultados contradicen las interpretaciones que presentan el trabajo de la magistrada como una muestra de cercanía o complicidad con los antiguos comandantes guerrilleros.
Otro de los datos expuestos por la JEP se refiere a la situación judicial previa de quienes fueron imputados como máximos responsables en el Caso 01. De los 63 comparecientes señalados en esa categoría, 23 habían sido procesados por la justicia ordinaria y 13 habían estado en prisión, según las cifras citadas por la publicación.
La jurisdicción también destacó los resultados de la investigación sobre el secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle del Cauca. Según el reporte, la imputación contra el Bloque Occidental permitió identificar a quienes lideraron la vigilancia de los políticos secuestrados.
La JEP considera que estos avances son parte del trabajo que debe evaluarse al analizar la actuación de sus magistrados. En ese sentido, rechazó que un fragmento aislado de una audiencia sea utilizado para descalificar el conjunto de una investigación que ha involucrado la recopilación de testimonios, el contraste de información y el esclarecimiento de responsabilidades.
La discusión se produce en un momento de tensión entre la jurisdicción y el Gobierno nacional. En septiembre, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advirtió que la entidad enfrentaba lo que calificó como el ataque más grave contra su funcionamiento desde su creación.
Entre los motivos de preocupación mencionados en ese contexto están los ajustes presupuestales previstos para 2027. Según la información de La Silla Vacía, el presupuesto de la jurisdicción tendría una reducción de 170.000 millones de pesos, una medida que ha generado inquietud sobre su capacidad operativa.
A las dificultades presupuestales se suma la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de acabar con la JEP, una propuesta que mantiene abierto el debate sobre el futuro de la justicia transicional en Colombia. La eliminación de la jurisdicción requeriría cambios constitucionales y el correspondiente control judicial, según el análisis publicado por el medio.
La JEP fue creada como parte del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc. Su mandato consiste en investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, con énfasis en la participación de los máximos responsables y en los derechos de las víctimas.
En ese marco, las investigaciones del Caso 01 han buscado esclarecer cómo funcionó el secuestro como práctica de la antigua guerrilla, quiénes ordenaron y ejecutaron esas acciones y cuáles fueron las consecuencias para las víctimas. Las imputaciones y las decisiones judiciales forman parte de los resultados que la jurisdicción destacó en su respuesta a las publicaciones contra Lemaitre.
La controversia también plantea un debate sobre el uso de videos de audiencias judiciales en redes sociales. Mientras las imágenes pueden ser utilizadas para cuestionar actuaciones públicas, la JEP sostiene que la difusión de fragmentos sin el contexto completo puede producir interpretaciones engañosas y afectar tanto a los funcionarios como a las víctimas involucradas en los procesos.
El pronunciamiento institucional no elimina las críticas que puedan formularse a las decisiones de la jurisdicción, pero sí rechaza que el fragmento divulgado sea presentado como prueba concluyente de complicidad. La entidad pidió valorar la actuación de la magistrada a partir de sus decisiones, las investigaciones adelantadas y los resultados documentados.
La respuesta de la JEP se suma a otros pronunciamientos de la entidad frente a cuestionamientos públicos sobre su funcionamiento. En medio de las discusiones políticas y presupuestales, la jurisdicción insiste en que su independencia y su capacidad para avanzar en los casos son necesarias para cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo de Paz.
Por ahora, el centro de la controversia sigue siendo la utilización de un fragmento de la audiencia de 2019 para cuestionar a Lemaitre. La JEP sostiene que esas imágenes no reflejan el conjunto de su trabajo y advierte que los señalamientos personales pueden generar riesgos para la magistrada y revictimizar a quienes padecieron los crímenes investigados.
Con su pronunciamiento, la jurisdicción busca poner el foco en los resultados judiciales de los procesos bajo responsabilidad de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Entre ellos están las imputaciones contra 74 comandantes de las Farc y la condena al antiguo Secretariado por secuestro y otros crímenes, decisiones que, según la entidad, deben formar parte de cualquier balance sobre la labor de la magistrada Julieta Lemaitre.
