La intención del gobierno electo de Abelardo de la Espriella de transformar el actual Ministerio de las Culturas en un Ministerio de las Economías Creativas representa mucho más que una reorganización administrativa. La propuesta supone un cambio de paradigma sobre el papel que debe desempeñar el Estado frente a la cultura y el deporte: dejar de concebirlos principalmente como derechos y bienes públicos para orientarlos hacia una lógica de productividad, competitividad y rentabilidad económica.
El proyecto recoge buena parte de la filosofía de la economía naranja impulsada durante el gobierno de Iván Duque. La diferencia es que ahora la apuesta parece ir un paso más allá al plantear la integración del deporte dentro de una misma cartera y convertir ambos sectores en instrumentos de desarrollo económico. La pregunta que surge es si, al privilegiar esa visión, el Estado terminará modificando la esencia de su política cultural.
La principal preocupación no es que la cultura genere riqueza. Eso ocurre desde hace décadas. La industria musical, el cine, los videojuegos, la moda, el diseño o la producción audiovisual son sectores económicos consolidados en buena parte del mundo. El problema aparece cuando la lógica del mercado deja de ser un instrumento para convertirse en el criterio que define qué expresiones culturales merecen apoyo y cuáles dejan de ser prioritarias.
En esa lógica, una película con potencial comercial podría resultar más atractiva para el Estado que una escuela de música tradicional; un festival con miles de turistas podría desplazar a un proceso comunitario de recuperación de una lengua indígena; una producción audiovisual exportable podría tener mayores posibilidades de financiación que un archivo histórico o un museo regional. No porque sean más importantes desde el punto de vista cultural, sino porque producen mejores indicadores económicos.
Ese riesgo adquiere una dimensión especial en Colombia. La Constitución define al país como una nación pluriétnica y multicultural, lo que impone al Estado una obligación que trasciende el mercado: proteger el patrimonio material e inmaterial, garantizar la diversidad cultural y preservar las manifestaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y comunidades campesinas, incluso cuando esas expresiones no generen beneficios económicos.
Los saberes ancestrales ilustran con claridad ese dilema. Los conocimientos tradicionales sobre medicina, agricultura, espiritualidad, música o formas de organización comunitaria no fueron concebidos para convertirse en productos comerciales. Son construcciones colectivas que condensan siglos de historia y constituyen la base de la identidad de numerosos pueblos originarios. Su valor no depende del número de visitantes que atraigan, de las regalías que produzcan o de su capacidad de exportación.
Cuando esos saberes empiezan a verse principalmente como oportunidades de negocio, también aparece el riesgo de despojarlos de su significado. Un ritual puede convertirse en un espectáculo para turistas; una práctica espiritual, en una experiencia comercial; una artesanía tradicional, en un objeto de consumo masivo desvinculado de la comunidad que le dio origen. La frontera entre promover el patrimonio y convertirlo en mercancía puede ser extremadamente delgada.
La memoria histórica enfrenta un desafío similar. Bibliotecas públicas, archivos, museos, lugares de memoria y proyectos de reconstrucción del conflicto armado difícilmente pueden justificar su existencia mediante indicadores de rentabilidad. Sin embargo, cumplen una función esencial para garantizar derechos como la verdad, la reparación y la no repetición. Si el éxito de la política cultural empieza a medirse principalmente por ingresos, visitantes o retorno económico, estas iniciativas podrían quedar relegadas frente a proyectos más rentables.
El deporte tampoco escapa a esa discusión. Si la nueva cartera termina privilegiando la dimensión económica del sector, disciplinas de alto rendimiento, grandes espectáculos y eventos internacionales podrían concentrar buena parte de la atención institucional. En contraste, programas de deporte escolar, recreación comunitaria, actividad física para adultos mayores o iniciativas dirigidas a poblaciones vulnerables podrían perder protagonismo, pese a que su impacto social y en salud pública es ampliamente reconocido.
La promesa de austeridad del nuevo gobierno también entra en el debate. Aunque la eventual fusión de Cultura y Deporte podría presentarse como una medida para reducir costos administrativos, la creación de un Ministerio de las Economías Creativas implicará redefinir funciones, competencias y prioridades. El verdadero interrogante no es únicamente cuánto dinero se ahorrará el Estado, sino cuál será el costo institucional de reemplazar una política centrada en derechos culturales por otra orientada al rendimiento económico.
Los defensores de la iniciativa sostienen que la reforma no busca abandonar la protección del patrimonio, sino crear un ecosistema que permita a artistas, gestores culturales y deportistas vivir de su trabajo. Ese objetivo es legítimo y responde a una necesidad histórica del sector. Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que los países con industrias creativas más exitosas no sustituyeron la protección estatal por el mercado; hicieron exactamente lo contrario: fortalecieron ambos frentes de manera simultánea.
Corea del Sur exporta miles de millones de dólares en música, cine y videojuegos, pero mantiene una fuerte inversión pública en la preservación de su patrimonio cultural. Francia es una potencia mundial de las industrias culturales y, al mismo tiempo, uno de los países que más subsidia museos, bibliotecas, cine independiente y patrimonio histórico. En esos modelos, la rentabilidad complementa la política cultural, no la reemplaza.
En Colombia, donde gran parte de la riqueza cultural pertenece a comunidades que históricamente han permanecido al margen de los grandes circuitos económicos, el desafío será aún mayor. Si el Estado deja de ser el principal garante de aquellas expresiones que el mercado no considera rentables, el riesgo no será únicamente la pérdida de recursos para ciertos sectores. También podría comenzar un proceso silencioso en el que la memoria, los saberes ancestrales y las manifestaciones culturales menos comerciales pierdan espacio frente a aquello que genera ingresos.
Por eso, el debate sobre el Ministerio de las Economías Creativas no se limita a una reforma administrativa. En el fondo plantea una pregunta de mayor alcance: ¿debe el Estado valorar la cultura por lo que representa para la identidad y la memoria colectiva, o por lo que es capaz de producir en términos económicos? La respuesta marcará el rumbo de la política cultural colombiana durante los próximos años y definirá si la creatividad se convierte en una herramienta para fortalecer el patrimonio o en el punto de partida para su mercantilización.
