La Presidencia de la República formalizó el 3 de septiembre las reglas para la comunicación institucional del Gobierno de Abelardo De la Espriella. La Directiva Presidencial 01 establece que ministros, directores y demás funcionarios podrán conceder entrevistas, dar declaraciones y participar en medios, pero deberán consultar y coordinar previamente esas intervenciones con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa.
El documento llegó después de que se conocieran instrucciones internas que habían generado una fuerte controversia por las restricciones planteadas para la relación del Gobierno con los medios. Según documentos revelados por Caracol Radio, la estrategia contemplaba limitar ruedas de prensa, restringir las preguntas y privilegiar el contacto con medios considerados “amigos”.
La diferencia entre ambos textos es significativa en el lenguaje, pero no necesariamente implica un cambio completo en la política. La expresión “medios amigos” desapareció de la directiva oficial y fue reemplazada por conceptos como coordinación, coherencia, trazabilidad, verificación y acceso igualitario a la información.
La nueva redacción también evita establecer una prohibición general para que los ministros hablen con periodistas. Por el contrario, reconoce expresamente que pueden conceder entrevistas y participar en medios. La condición es que exista una consulta y coordinación previa con la oficina de comunicaciones de Presidencia.
Esa diferencia permite hablar de una suavización formal de las instrucciones que habían trascendido. Sin embargo, el elemento de control permanece: los funcionarios no tienen plena autonomía para decidir por sí mismos cuándo y cómo ejercer la vocería pública de sus entidades.
La principal zona gris está precisamente en el significado de “consultar y coordinar”. La directiva no establece si esa coordinación es simplemente informativa o si la Secretaría de Comunicaciones puede aprobar, rechazar o condicionar una entrevista. Tampoco define criterios públicos para adoptar esas decisiones.
Por esa razón, la desaparición de la categoría “medios amigos” no demuestra por sí misma que haya desaparecido una eventual selección de medios. Lo que cambia es que esa selección, si llegara a producirse, ya no estaría expresada en la norma mediante una clasificación explícita entre medios amigos y no amigos.
El contraste resulta especialmente relevante porque, apenas dos días antes, se había conocido una hoja de ruta mucho más restrictiva. Caracol Radio informó que desde Presidencia se había instruido cerrar espacios a medios que no fueran considerados “amigos”, salvo asuntos estratégicos. También se había reportado la intención de reducir las ruedas de prensa y las entrevistas.
Varios fuentes describen ese esquema como una estrategia de comunicación altamente centralizada, en la que el Presidente concentraría los anuncios importantes y los demás funcionarios tendrían una participación mucho más limitada. También señalan que el documento conocido incluía la preferencia por medios “amigos”.
La directiva definitiva puede leerse, por tanto, como una manera de institucionalizar el control de las vocerías sin conservar en un documento oficial la parte más polémica de las instrucciones filtradas. En términos políticos, es una fórmula más defendible: no habla de medios amigos o enemigos, sino de coordinación institucional.
Este modelo tiene similitudes con la evolución de la comunicación presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Durante su segundo mandato, la Casa Blanca ha reforzado los canales de comunicación directa y ha mantenido disputas con medios sobre el acceso a eventos presidenciales. En agosto de 2026, incluso se produjo una controversia por el acceso anticipado y restringido a publicaciones presidenciales en Truth Social.
Pero la comparación con Trump tiene un límite. El modelo estadounidense ha llevado mucho más lejos la confrontación pública con periodistas y medios. En agosto, por ejemplo, organizaciones periodísticas denunciaron restricciones de acceso a periodistas de medios como The New York Times, The Wall Street Journal y Bloomberg en una reunión del G20.
La similitud con Nayib Bukele está más relacionada con la construcción de una comunicación presidencial directa, altamente personalizada y apoyada en redes sociales. En El Salvador, el Presidente ha utilizado esas plataformas como uno de los principales canales para anunciar decisiones y establecer su propia narrativa, mientras organizaciones de libertad de prensa han denunciado restricciones de acceso, ataques contra periodistas y autocensura.
Bukele representa, además, un modelo en el que la comunicación oficial puede convertirse en parte central de la construcción de la imagen presidencial. El contenido visual, los anuncios directos y la ausencia de intermediación periodística permiten que el Gobierno controle con mayor precisión el momento, el lenguaje y el encuadre de sus mensajes.
Javier Milei ofrece otro punto de comparación. Su Gobierno ha combinado una intensa comunicación a través de redes sociales con una relación particularmente conflictiva con parte de la prensa. En abril de 2026, su administración restringió temporalmente el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión que posteriormente fue revertida después de las críticas.
En el caso de Milei, la comunicación digital no solamente sirve para transmitir información gubernamental, sino también para disputar directamente la interpretación de los hechos y confrontar a opositores y periodistas. En los últimos meses, esa estrategia volvió a incluir fuertes ataques públicos contra medios y periodistas.
Daniel Noboa presenta un modelo diferente, aunque también ha construido una comunicación presidencial con fuerte presencia personal en redes. Estudios sobre su estrategia audiovisual han identificado el papel central de las cuentas de Presidencia, de la Secretaría de Comunicación y de la cuenta personal del mandatario en la construcción de los mensajes gubernamentales.
La diferencia es que no existe evidencia suficiente para afirmar que el esquema colombiano sea una copia del modelo de Noboa, Milei, Bukele o Trump. Lo que puede observarse es una convergencia: presidentes que buscan controlar directamente la narrativa, reducir la dependencia de los medios tradicionales y convertir las redes y los canales oficiales en fuentes primarias de información.
El riesgo para el periodismo aparece cuando la coordinación comunicativa deja de servir para organizar las vocerías y se convierte en un mecanismo para decidir quién puede preguntar, quién obtiene acceso y quién recibe información. En ese escenario, el problema no sería que el Gobierno tenga una estrategia de comunicación —algo normal en cualquier administración—, sino que esa estrategia termine condicionando el acceso periodístico según la afinidad editorial de cada medio.
Por ahora, la Directiva Presidencial 01 no permite afirmar que exista oficialmente una clasificación de medios entre amigos y enemigos. Sí permite constatar que la autonomía de los funcionarios para relacionarse con la prensa queda sometida a una coordinación previa con Presidencia. La verdadera prueba estará en la aplicación: si todos los medios reciben las mismas posibilidades de acceso, la directiva será un mecanismo de ordenamiento de vocerías; si la coordinación se convierte en un filtro para seleccionar interlocutores, la fórmula “medios amigos” habrá desaparecido del papel, pero podría sobrevivir en la práctica.
