La financiación de Salvación Nacional por parte de empresas de la industria de bebidas volvió al centro del debate político después de que el partido respaldara en el Congreso un proyecto de ley que busca eliminar los llamados impuestos saludables.
De acuerdo con registros de financiación electoral citados a partir de información del Fondo Nacional de Financiación Política y del aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, Gaseosas Lux S.A.S., empresa vinculada a Postobón, aportó $400 millones a la campaña al Senado de Salvación Nacional.
A ese aporte se sumaron $300 millones entregados por Bavaria & Cía. S.C.A., para un total de $700 millones provenientes de dos compañías de la industria de bebidas. Las cifras aparecen registradas dentro de los ingresos por donaciones de particulares de la campaña senatorial de la colectividad.
El dato adquiere relevancia política porque, meses después de esa campaña electoral, la representante a la Cámara Carol Borda, de Salvación Nacional, presentó junto con Daniel Briceño, del Centro Democrático, un proyecto para eliminar los impuestos saludables.
La iniciativa fue anunciada el 25 de agosto y plantea desmontar los gravámenes creados durante la reforma tributaria de 2022 para las bebidas ultraprocesadas azucaradas y determinados alimentos ultraprocesados.
Los autores del proyecto sostienen que estos impuestos han encarecido productos de consumo cotidiano y han afectado a los tenderos y pequeños comerciantes. Borda ha defendido públicamente que el problema debe abordarse mediante prevención y educación, y no mediante mayores cargas tributarias.
El proyecto, por tanto, enfrenta dos visiones. Sus promotores cuestionan el impacto económico de los gravámenes, mientras sectores de la salud pública defienden su utilización como herramienta para modificar patrones de consumo y reducir la exposición a productos asociados con enfermedades crónicas.
La Asociación de Epidemiología de Colombia, por ejemplo, sostuvo que existe evidencia de que este tipo de impuestos puede modificar las decisiones de compra, incentivar la reformulación de productos y reducir el consumo de bebidas azucaradas.
En medio de esa discusión apareció la financiación de Salvación Nacional. La representante María Fernanda Carrascal cuestionó públicamente a Briceño y Borda y señaló que la industria de bebidas había financiado al partido que ahora participa en la iniciativa para eliminar los gravámenes.
Carrascal mencionó específicamente los $400 millones de Gaseosas Lux y los $300 millones de Bavaria. Su argumento es que esos aportes deben ser considerados al analizar el debate legislativo sobre los impuestos que afectan directamente a la industria de bebidas.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre establecer una financiación y demostrar una contraprestación. Los registros disponibles permiten identificar los aportes reportados al partido, pero no prueban que Postobón, Gaseosas Lux o Bavaria hayan condicionado esas contribuciones a la presentación o aprobación de un proyecto de ley.
Tampoco se puede afirmar, con la información disponible, que los $400 millones entregados por Gaseosas Lux hayan sido destinados específicamente a la campaña individual de Carol Borda. El registro citado corresponde a la campaña al Senado de Salvación Nacional, por lo que atribuir directamente ese dinero a una congresista determinada requeriría revisar los movimientos posteriores de los recursos.
La diferencia es relevante porque una donación partidista y una financiación individual no son necesariamente la misma operación. Salvación Nacional tiene mecanismos internos de administración y distribución de recursos de campaña, y su propio manual de rendición de cuentas contempla como fuentes permitidas las contribuciones, donaciones y créditos de particulares, dentro del marco legal.
El episodio también pone sobre la mesa la necesidad de revisar con precisión la trazabilidad del dinero. Para establecer una relación directa entre el aporte empresarial y la actuación legislativa sería necesario identificar las fechas de los desembolsos, los beneficiarios concretos, las transferencias posteriores realizadas por el partido y los gastos electorales financiados con esos recursos.
El contexto político aumenta el interés del caso. Carol Borda es actualmente una de las representantes de Salvación Nacional en la Cámara y es una de las autoras del proyecto que busca eliminar los impuestos saludables. Su participación no demuestra por sí misma una actuación irregular, pero hace políticamente relevante examinar los antecedentes de financiación de la colectividad.
Además, el proyecto no fue presentado únicamente por Salvación Nacional. Daniel Briceño, del Centro Democrático, también figura como autor, por lo que la iniciativa tiene un alcance político más amplio que el de la colectividad que recibió los aportes empresariales.
Los impuestos que están en discusión fueron incorporados mediante la reforma tributaria de 2022. Uno recae sobre bebidas ultraprocesadas azucaradas de acuerdo con su contenido de azúcar y el otro sobre determinados productos comestibles ultraprocesados.
La controversia tampoco se limita al recaudo. Para sus defensores, los gravámenes tienen un objetivo de salud pública y buscan desincentivar el consumo de productos asociados con factores de riesgo. Para sus críticos, generan mayores precios y afectan a consumidores y comerciantes.
La discusión económica también tiene una dimensión empresarial. Las bebidas azucaradas hacen parte precisamente de los productos sobre los cuales recae uno de los impuestos cuestionados por el proyecto. Por eso, cualquier participación financiera de compañías de ese sector en campañas de partidos que promueven su eliminación merece ser examinada bajo criterios de transparencia.
Por ahora, lo que puede establecerse documentalmente es una secuencia: Gaseosas Lux aportó $400 millones a Salvación Nacional, Bavaria aportó otros $300 millones y posteriormente una representante de esa colectividad, Carol Borda, promovió un proyecto para eliminar los impuestos saludables. La coincidencia temporal y temática está documentada, pero la existencia de un acuerdo o contraprestación entre los financiadores y los autores del proyecto no lo está.
El debate, por tanto, no debería resolverse únicamente con acusaciones políticas. La pregunta central es si los recursos aportados por las empresas pueden rastrearse hasta candidatos o decisiones legislativas concretas y si existió alguna comunicación, compromiso o gestión que vincule las donaciones con la eliminación de los impuestos.
Mientras esa trazabilidad no esté demostrada, presentar la financiación como evidencia de que Postobón compró una decisión legislativa sería ir más allá de los documentos conocidos. Lo que sí existe es un hecho verificable que plantea una pregunta legítima de transparencia: una empresa vinculada a la industria afectada por los impuestos aportó $400 millones a un partido y una congresista de ese mismo partido participa posteriormente en una iniciativa para eliminarlos.
