El expresidente Juan Manuel Santos salió en defensa del Acuerdo Final de Paz luego de las recientes declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien volvió a cuestionar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y reiteró su intención de promover cambios profundos al sistema de justicia transicional. En un evento sobre la implementación del acuerdo, Santos hizo un llamado al nuevo Gobierno para que continúe desarrollando los compromisos asumidos por el Estado colombiano.
Santos insistió en que la implementación del Acuerdo no debe entenderse como el legado de un gobierno en particular, sino como una política de Estado. En ese sentido, afirmó que el cambio de administración no debería traducirse en un abandono de los compromisos adquiridos con las víctimas, los excombatientes y las comunidades afectadas por el conflicto armado.
“Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso al gobierno entrante para que retome el camino de la implementación. No como un legado de gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, manifestó el exmandatario, quien lideró la negociación y firma del Acuerdo con las extintas FARC en 2016.
Las declaraciones se producen luego que De la Espriella criticara duramente a la JEP tras autorizar el viaje de Rodrigo Londoño a España para participar en un seminario internacional. El presidente electo calificó al exjefe guerrillero como un “criminal de guerra” y sostuvo que la jurisdicción ha permitido beneficios incompatibles, a su juicio, con la gravedad de los delitos cometidos durante el conflicto.
En respuesta a esas críticas, Santos defendió el funcionamiento de la justicia transicional y destacó los avances alcanzados por la JEP. Señaló que el tribunal ya ha comenzado a imponer sus primeras sanciones restaurativas y afirmó que el modelo colombiano constituye una experiencia sin precedentes en materia de justicia transicional a nivel internacional.
El expresidente también rechazó uno de los argumentos más frecuentes de los críticos del Acuerdo, según el cual la negociación con las FARC habría sido la causa del deterioro de la seguridad en el país. Santos aseguró que esa afirmación carece de sustento y sostuvo que el incremento de la violencia responde a otros factores, entre ellos la persistencia de economías ilegales y la actuación de grupos armados que no se acogieron al proceso de paz o posteriormente abandonaron sus compromisos.
La discusión coincide además con los anuncios del gobierno entrante sobre una reorganización de la Presidencia de la República. Entre las medidas planteadas se encuentra la supresión de la Oficina del Alto Consejero para la Paz, la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, cuyas funciones serían redistribuidas entre distintos ministerios y entidades del Ejecutivo.
Frente a esos cambios, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el Gobierno tiene la facultad de reorganizar administrativamente las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo. No obstante, recordó que esa potestad no elimina las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado colombiano en materia de paz, derechos de las víctimas e implementación de los compromisos suscritos.
La defensora explicó que el traslado de competencias hacia otros ministerios o dependencias no supone, por sí mismo, el fin de las funciones relacionadas con la implementación del Acuerdo. Sin embargo, advirtió que el éxito de la reorganización dependerá de que esas responsabilidades cuenten con recursos, capacidad institucional y una coordinación suficiente para evitar retrocesos en las políticas públicas construidas durante los últimos años.
Las observaciones de Marín adquieren relevancia porque varias de las dependencias cuya eliminación fue anunciada desempeñan labores de articulación entre entidades nacionales, autoridades territoriales y organizaciones sociales. Una redistribución de funciones sin mecanismos claros de coordinación podría generar incertidumbre sobre quién asumirá la ejecución de programas relacionados con la construcción de paz, la reconciliación y la protección de los derechos humanos.
Desde el punto de vista jurídico, tanto la continuidad de la JEP como la implementación del Acuerdo de Paz encuentran respaldo en normas de rango constitucional y en compromisos internacionales asumidos por Colombia. Por ello, aunque el nuevo Gobierno puede redefinir prioridades administrativas, promover reformas o modificar la estructura institucional del Ejecutivo, no puede desconocer de manera unilateral las obligaciones que el Estado ha incorporado a su ordenamiento jurídico.
Las intervenciones de Santos y de la defensora del Pueblo reflejan que el debate sobre la paz será uno de los principales ejes de confrontación durante el inicio del nuevo gobierno. Mientras el presidente electo plantea revisar aspectos centrales del modelo de justicia transicional y reorganizar las entidades encargadas de la implementación, distintos sectores insisten en que el Acuerdo de Paz trasciende a los gobiernos de turno y constituye un compromiso de Estado cuya continuidad será observada tanto por las instituciones nacionales como por la comunidad internacional.
