Durante la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella convirtió la soberanía energética en una de sus principales banderas. En distintas intervenciones sostuvo que Colombia debía producir el gas que consume, cuestionó la posibilidad de importar combustible desde Venezuela y calificó como “un despropósito” y “una estupidez” depender del exterior cuando, según afirmó, el país cuenta con recursos suficientes en su subsuelo. Ese discurso se convirtió en uno de los principales puntos de contraste con la política energética del gobierno de Gustavo Petro.
Las críticas estaban dirigidas especialmente a la intención del gobierno saliente de reactivar las importaciones de gas venezolano. Para De la Espriella y sus seguidores, esa decisión no solo implicaba un error económico, sino una renuncia a la soberanía energética y un fortalecimiento de la dependencia frente a un país cuya estabilidad política y económica había sido cuestionada durante años. El argumento trascendía el precio del combustible y se centraba en la necesidad de recuperar la autosuficiencia mediante el aprovechamiento de los recursos nacionales.
En ese contexto, el hoy presidente electo defendió acelerar la exploración de hidrocarburos, desarrollar los descubrimientos de gas costa afuera, destrabar proyectos de producción y abrir nuevamente la discusión sobre el fracking. La premisa era que Colombia disponía de reservas y potencial suficiente para reducir la necesidad de importar gas, siempre que existiera voluntad política para impulsar la industria extractiva.
Sin embargo, las declaraciones recientes de integrantes del nuevo gobierno muestran un matiz distinto. En medio de los anuncios para fortalecer las relaciones económicas con Venezuela, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señaló que la nueva administración contempla importar gas venezolano “de una manera diferente”, dentro de una estrategia más amplia para incrementar el comercio bilateral.
Ese cambio no significa necesariamente que el Gobierno haya renunciado a impulsar la producción nacional. Es posible interpretar que el objetivo siga siendo alcanzar la autosuficiencia en el mediano plazo y que las importaciones sean concebidas como un mecanismo temporal mientras entran en operación nuevos proyectos gasíferos. No obstante, esa explicación aún no ha sido desarrollada con detalle por el Ejecutivo.
La discusión surge porque el lenguaje empleado durante la campaña fue particularmente categórico. No se trató de una crítica limitada al gobierno de Gustavo Petro o a las condiciones políticas de Venezuela, sino de una afirmación más amplia: importar gas cuando existen recursos nacionales era, según De la Espriella, una decisión contraria al interés del país. Ese planteamiento estaba construido alrededor del concepto de autonomía energética, no únicamente sobre la coyuntura política venezolana.
El nuevo contexto regional introduce un elemento adicional. Tras los cambios políticos ocurridos en Venezuela, el gobierno electo considera que existen condiciones para reconstruir las relaciones comerciales y fortalecer el intercambio económico. Esa circunstancia podría explicar un mayor acercamiento bilateral desde el punto de vista comercial, especialmente en la frontera, donde el intercambio entre ambos países tiene una importancia histórica.
Sin embargo, una mayor apertura comercial no resuelve por sí sola el debate energético. Si Colombia mantiene la tesis de que posee reservas suficientes para abastecer su demanda y, además, promueve una política de expansión de la exploración y explotación de hidrocarburos, la pregunta sigue siendo por qué sería necesario importar gas de manera significativa desde Venezuela.
La discusión cobra mayor relevancia debido a los recientes descubrimientos de gas en el Caribe colombiano. Aunque esos proyectos todavía requieren inversiones, infraestructura y varios años para alcanzar plena producción, fueron presentados por distintos sectores como una oportunidad para fortalecer la seguridad energética del país y reducir la dependencia de proveedores externos. Ese contexto hace que cualquier política de importación sea observada con mayor atención.
Los defensores del nuevo enfoque podrían argumentar que la seguridad energética también implica diversificar fuentes de suministro y evitar riesgos de desabastecimiento mientras madura la producción nacional. Sus críticos, en cambio, sostendrán que esa explicación resulta difícil de conciliar con un discurso que descalificó la importación de gas como una política equivocada cuando el país dispone de recursos propios susceptibles de ser explotados.
Más allá de la discusión técnica, el debate es esencialmente político. El Gobierno tendrá que explicar si el fortalecimiento del comercio con Venezuela incluye una estrategia estructural de importación de gas o si esta solo tendría un carácter excepcional y transitorio. De esa respuesta dependerá si el cambio puede interpretarse como una adaptación a nuevas circunstancias o como un giro frente a una de las promesas más reiteradas durante la campaña presidencial.
En última instancia, el caso refleja el desafío que enfrentan los gobiernos al pasar de la oposición al ejercicio del poder. La administración entrante deberá conciliar su apuesta por la soberanía energética, la explotación de los recursos nacionales y la reactivación de las relaciones económicas con Venezuela. La forma en que articule esos tres objetivos será determinante para evaluar la coherencia de su política energética y responder a las críticas que en el pasado dirigió contra la intención de importar gas desde el mismo país vecino.
