La administración del presidente Donald Trump anunció una nueva ronda de aranceles que afectará a las importaciones provenientes de cerca de 60 economías, entre ellas Colombia. La medida, que entrará en vigor el 24 de julio, sustituye el gravamen temporal del 10 % aplicado desde comienzos de año y fija para los productos colombianos un arancel del 12,5 %, salvo las mercancías excluidas por la normativa estadounidense.
La Casa Blanca justificó la decisión en una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, según la cual varios países no habrían adoptado medidas suficientes para impedir que bienes elaborados con trabajo forzoso ingresen a las cadenas de suministro internacionales. El Gobierno estadounidense sostiene que el nuevo esquema busca fortalecer los estándares laborales y reducir la competencia considerada desleal.
La decisión también llega después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara parte de los aranceles globales impuestos previamente por Trump mediante otros instrumentos legales. La nueva estrategia comercial busca preservar buena parte de la política proteccionista de la administración, aunque ahora sustentada en un mecanismo jurídico diferente.
Para Colombia, el incremento del gravamen representa un nuevo desafío para sectores altamente dependientes del mercado estadounidense, como flores, confecciones, manufacturas y algunos productos agroindustriales. Aunque determinados bienes quedaron exentos, los exportadores advierten que un mayor costo de ingreso al principal destino de las ventas colombianas podría afectar su competitividad frente a productores de otros países.
El anuncio ha despertado especial expectativa porque coincide con la transición presidencial en Colombia. Abelardo de la Espriella fue elegido con un discurso de fortalecimiento de la relación bilateral con Washington y durante la campaña recibió manifestaciones públicas de simpatía por parte de Donald Trump, lo que ha llevado a diversos sectores empresariales a esperar una etapa de mayor cooperación comercial.
Entre empresarios y gremios exportadores existe la expectativa de que el nuevo Gobierno utilice esa cercanía política para abrir un proceso de negociación con la administración estadounidense. La aspiración no es necesariamente eliminar el nuevo arancel de manera inmediata, sino obtener excepciones para determinados productos estratégicos o un tratamiento preferencial similar al que Estados Unidos ha concedido históricamente a algunos de sus aliados comerciales.
Esa expectativa también se explica por un antecedente reciente. En enero de 2025, durante la crisis diplomática con el entonces presidente Gustavo Petro por la recepción de vuelos con migrantes deportados, Trump anunció aranceles del 25 % para Colombia como mecanismo de presión política. Aunque esas medidas nunca entraron en vigor tras alcanzarse un acuerdo bilateral, el episodio demostró que la política comercial puede convertirse en un instrumento de negociación diplomática.
El escenario actual, sin embargo, es diferente. Los nuevos aranceles fueron anunciados como parte de una política de alcance global y no como una sanción dirigida específicamente contra Colombia. Aun así, analistas consideran que la afinidad política entre Trump y De la Espriella podría facilitar conversaciones futuras para revisar el tratamiento otorgado a las exportaciones colombianas.
Los empresarios también esperan que el nuevo Ejecutivo colombiano actúe con rapidez para evitar que el aumento del gravamen afecte contratos ya negociados y reduzca la participación de productos nacionales en el mercado estadounidense. Para sectores como el floricultor, el textil y parte de la agroindustria, cualquier incremento en los costos de acceso puede traducirse en una pérdida de competitividad frente a otros proveedores internacionales.
Así, el anuncio de Washington no solo representa un nuevo capítulo de la política comercial de Donald Trump, sino también una de las primeras pruebas para la política exterior y económica del gobierno de Abelardo de la Espriella. El resultado de las eventuales negociaciones permitirá medir si la cercanía política entre ambos mandatarios logra traducirse en beneficios concretos para el comercio bilateral o si Colombia continuará sometida al nuevo régimen arancelario aplicado por Estados Unidos a decenas de países.
