Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones durante el Gobierno de Gustavo Petro, rompió un silencio de casi año y medio con nuevas declaraciones sobre el funcionamiento de la Casa de Nariño y el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. En entrevista con la revista Cambio, aseguró que las decisiones importantes dentro de la estructura en la que trabajaba no se tomaban al margen del entonces presidente.
La frase que concentra la atención de la entrevista es contundente: “Allá no se movía nada sin que el presidente lo supiera”, dijo Ortiz al referirse a la dinámica de toma de decisiones que, según su versión, existía durante su paso por el Gobierno. La declaración introduce una discusión sobre el alcance del conocimiento que podía tener Petro sobre los asuntos gestionados desde su entorno.
Ortiz explicó que ella no actuaba de manera independiente como consejera para las Regiones. Según su relato, consultaba los asuntos con Carlos Ramón González, quien entonces estaba al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y quien, de acuerdo con ella, en determinadas circunstancias debía consultar a su vez con Petro.
“Yo no tomaba una decisión en la consejería, yo todo lo consultaba”, sostuvo Ortiz. La exfuncionaria describió así una cadena de decisiones en la que los asuntos de su despacho pasaban por González y, en determinados casos, llegaban al entonces jefe de Estado.
La importancia de la declaración está en el contexto en que se produce. Ortiz está procesada por hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD y sostiene que su vinculación al caso ha servido como una cortina de humo para proteger a otros responsables del entramado de corrupción. Cambio señaló que la exconsejera asegura tener elementos que presentará durante su proceso judicial.
Sin embargo, sus declaraciones no constituyen por sí mismas una prueba de que Petro conociera el esquema de sobornos investigado en la UNGRD. La afirmación sobre el funcionamiento de la cadena de mando y el conocimiento presidencial debe distinguirse de una eventual prueba sobre conocimiento de actos criminales concretos.
La diferencia es jurídicamente relevante. Una cosa es afirmar que el presidente recibía o debía recibir información sobre decisiones gubernamentales y otra demostrar que conocía una operación para desviar recursos públicos o entregar sobornos a congresistas.
El escándalo de la UNGRD estalló públicamente en 2024 alrededor de irregularidades en la contratación de carrotanques destinados a La Guajira y posteriormente se amplió a denuncias sobre el uso de recursos y contratos para obtener apoyos políticos en el Congreso. Las investigaciones han involucrado a funcionarios, exfuncionarios y congresistas.
Ortiz quedó vinculada al caso después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD, la señalara como supuesta intermediaria para la entrega de dinero al entonces presidente del Senado, Iván Name. La exconsejera ha negado haber cometido delitos y ha defendido su inocencia.
En mayo de 2024, Petro ordenó la salida de Ortiz del Gobierno después de que su nombre apareciera relacionado con el escándalo. El entonces presidente también dispuso la salida de Andrés Idárraga, otro funcionario mencionado en las investigaciones.
Desde entonces, Ortiz ha mantenido una estrategia de defensa que combina el rechazo de las acusaciones en su contra con cuestionamientos al proceso de la Fiscalía. En mayo de este año afirmó que funcionarios del ente investigador la habían presionado para declarar contra ministros del Gobierno Petro a cambio de evitar una imputación y una medida de aseguramiento.
Según esa versión, le habrían planteado que si no acusaba a ministros y no aportaba chats sería imputada. Ortiz aseguró entonces que conservaba una carta y la trazabilidad de las comunicaciones que, según ella, demostrarían las presuntas presiones. Esas afirmaciones también corresponden a su versión y deberán ser verificadas dentro de los procedimientos correspondientes.
Petro reaccionó entonces a las denuncias de Ortiz contra la Fiscalía y sostuvo que se trataba de una persecución política contra su Gobierno. El intercambio muestra que la disputa alrededor del caso dejó de ser exclusivamente judicial y adquirió también una dimensión política.
Ahora, con su nueva entrevista, Ortiz vuelve a colocar a Petro en el centro de la discusión, pero desde otro ángulo. Ya no se refiere únicamente a las actuaciones de la Fiscalía o a su propia defensa, sino al nivel de conocimiento que, según ella, tenía el entonces presidente sobre las decisiones que se adoptaban dentro de la Casa de Nariño.
Uno de los nombres determinantes en ese relato es precisamente Carlos Ramón González. Como director del DAPRE, González ocupó una posición central en la estructura administrativa de la Presidencia y posteriormente apareció mencionado en las investigaciones relacionadas con el escándalo de la UNGRD. Ortiz sostiene que era con él con quien consultaba los asuntos de su despacho.
La entrevista también vuelve sobre la relación entre Ortiz, González y otros funcionarios del círculo presidencial. La exconsejera sostiene que las decisiones no dependían exclusivamente de los funcionarios de menor nivel y que existía una cadena de consultas hacia la dirección del DAPRE y, eventualmente, hacia el presidente.
Otro episodio mencionado por Ortiz corresponde a su salida del Gobierno. Según su relato, durante una conversación con Petro en la que también estaba Laura Sarabia, el entonces presidente le habría dicho que “el tema aquí es Name”, en referencia a Iván Name. Ortiz afirma que en ese momento no comprendió el alcance de la frase y que posteriormente la relacionó con el escándalo de la UNGRD. Este episodio debe ser presentado como su testimonio, no como un hecho corroborado independientemente.
La declaración adquiere relevancia porque Iván Name fue uno de los protagonistas del escándalo por las acusaciones relacionadas con la recepción de dinero proveniente de la trama de la UNGRD. El caso ha producido múltiples versiones de funcionarios y exfuncionarios, algunas de ellas contradictorias, por lo que el valor de cada testimonio depende de su corroboración mediante documentos, comunicaciones y otras pruebas.
Ortiz, por su parte, insiste en que no tenía capacidad para ordenar el gasto de la UNGRD y que no participó en la contratación cuestionada. En declaraciones anteriores había afirmado que su proceso tenía un trasfondo político y que estaba siendo utilizada para proteger a otras personas.
La nueva entrevista también llega cuando su proceso judicial continúa. En abril, un juzgado de Bogotá negó nuevamente una solicitud de libertad por vencimiento de términos, mientras su defensa sostenía que llevaba más de 500 días privada de la libertad sin que hubiera comenzado el juicio.
El punto central que dejan las declaraciones de Ortiz, por ahora, no es una demostración de que Petro participara en el entramado de corrupción, sino una afirmación sobre cómo funcionaba la cadena de decisiones en su Gobierno. Si esa versión adquiere relevancia judicial dependerá de que pueda ser corroborada y de que se establezca qué asuntos concretos fueron efectivamente elevados hasta el entonces presidente.
Por eso, la pregunta que queda abierta no es simplemente si Petro “sabía” o “no sabía” sobre la UNGRD. La cuestión verificable es mucho más precisa: qué información recibió, cuándo la recibió, quién se la transmitió y si esa información estaba relacionada con decisiones administrativas ordinarias o con las operaciones que posteriormente fueron investigadas como parte del esquema de corrupción.
Las declaraciones de Sandra Ortiz abren así un nuevo capítulo político y judicial en el caso UNGRD, pero todavía no cierran ninguna de esas preguntas. Su testimonio coloca nuevamente la cadena de mando de la Presidencia bajo escrutinio; ahora serán las pruebas del proceso las que tendrán que determinar si sus afirmaciones pueden ser corroboradas y qué alcance tienen frente a la responsabilidad individual de cada funcionario
