La Defensora del Pueblo, Iris Marín, abrió una discusión sobre la manera en que el Estado comunica sus resultados militares después de la Operación Azarías, en Guaviare, donde, según el reporte oficial, murieron 23 integrantes de estructuras de alias Iván Mordisco.
Su cuestionamiento no está dirigido a negar la posibilidad de que la Fuerza Pública realice operaciones contra grupos armados. Marín reconoce que el Estado tiene el deber de proteger a la población y enfrentar a quienes amenazan los derechos de los ciudadanos dentro de la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
El centro de su reflexión está en otro lugar: la manera en que se ejerce y se representa el poder. Para la Defensora, una operación militar puede ser legítima y, al mismo tiempo, su presentación pública puede generar preguntas sobre los símbolos utilizados para comunicar autoridad.
El punto más visible fue la imagen del presidente Abelardo de la Espriella caminando entre los cuerpos de personas muertas durante Azarías, envueltos en tulas blancas. Marín dijo no recordar un antecedente similar en las décadas de conflicto armado colombiano.
Según la Defensoría, Medicina Legal estableció que dos de las personas muertas en la operación eran menores de edad. Ese dato forma parte de la discusión sobre la manera de presentar públicamente los resultados de una acción militar.
Marín fue explícita en señalar que su reflexión no desconoce el deber estatal de combatir a los grupos armados ni cuestiona, por sí misma, las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Su crítica se concentra en la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados.
En ese contexto aparece Las Bajas del Tigre, un portal que se define como un “contador de resultados de la ofensiva contra el crimen organizado” del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El sitio asegura que cada cifra tiene fecha y fuente y registra resultados desde el 7 de agosto de 2026.
La Defensora llamó la atención sobre el portal, pero introdujo una precisión importante: señaló que no se ha confirmado que sea una página oficial. Por tanto, su existencia no permite afirmar por sí sola que se trate de un instrumento institucional del Gobierno.
El sitio, sin embargo, tiene una estructura que permite entender el debate. Presenta por separado las capturas de las Fuerzas Militares y los muertos en operaciones militares, y organiza los resultados en categorías como bajas, capturas, narcóticos y material de guerra.
Además, el portal permite registrar cada “golpe” con fecha, categoría, cifra principal, unidad, estructura criminal, lugar, cabecillas y fuente. También contempla que los balances sean actualizados a partir de información del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares o la Presidencia.
La existencia de ese contador introduce una dimensión distinta en la discusión sobre seguridad. Ya no se trata solamente de informar que ocurrió una operación, sino de acumular resultados y presentarlos como un marcador de la ofensiva contra las organizaciones criminales.
Ese marcador no está compuesto exclusivamente por muertos. Las capturas ocupan un lugar específico dentro del portal y aparecen junto a otras categorías de resultados. Precisamente por eso, una de las preguntas periodísticas que deja abierta el sistema es qué información acompaña cada cifra.
Una captura, por ejemplo, puede ser relevante por el número, pero también por la identidad de la persona detenida, su posición dentro de una estructura, los delitos que se le atribuyen y el resultado posterior del proceso judicial. Sin esos elementos, el número permite dimensionar una operación, pero no necesariamente explica su impacto.
La misma dificultad aparece con las bajas. Contar muertos permite conocer una dimensión de una operación, pero no determina por sí mismo cuánto se debilitó una organización, qué territorio recuperó el Estado o qué condiciones quedaron para la población civil.
Es precisamente contra una lectura exclusivamente cuantitativa de la seguridad que apunta la reflexión de Marín. La Defensora pidió indicadores más amplios, relacionados con derechos garantizados y vidas salvadas, especialmente entre la población civil sometida al accionar de grupos criminales.
La discusión permite recordar el llamado body count de la guerra de Vietnam. Durante ese conflicto, el número de combatientes enemigos muertos se convirtió en una de las métricas utilizadas por Estados Unidos para evaluar el progreso de sus operaciones.
La comparación tiene límites. Las Bajas del Tigre no constituye, según la información disponible, un equivalente del sistema militar estadounidense de Vietnam. El portal colombiano incluye capturas, narcóticos y material de guerra y funciona como un contador público de resultados. La analogía está en otro punto: la posibilidad de que una cifra fácilmente acumulable adquiera un peso desproporcionado como medida del éxito.
El problema histórico del body count no fue que los militares contaran las bajas. Las estadísticas son necesarias para evaluar operaciones. La dificultad apareció cuando una variable cuantificable comenzó a ocupar un lugar central en la definición del progreso de una guerra mucho más compleja.
La advertencia de Marín se aproxima a esa preocupación. No afirma que las personas muertas en Azarías hayan sido presentadas fraudulentamente como combatientes ni sostiene que la operación corresponda a la lógica de los falsos positivos. Su argumento es preventivo e institucional.
La referencia a los falsos positivos tiene precisamente ese sentido. Colombia ya conoce las consecuencias de una política en la que las bajas adquirieron un peso excesivo como indicador de resultados militares. Marín recordó ese antecedente, pero aclaró que no estaba atribuyendo esa lógica a los cuerpos de Azarías.
Hay, además, una diferencia entre contar resultados y explicar resultados. Una política de seguridad puede presentar cifras de capturas, bajas, armas incautadas o narcóticos decomisados, pero la evaluación de su eficacia requiere conocer también qué ocurre con los territorios, las comunidades, los civiles y las estructuras criminales después de las operaciones.
Las capturas son particularmente ilustrativas. Un contador puede decir cuántas se produjeron, pero no necesariamente permite conocer cuántas corresponden a mandos, integrantes con funciones logísticas, redes financieras o miembros de menor nivel. Tampoco informa por sí solo cuántos casos terminan en condenas.
La comunicación de las operaciones agrega otra capa. Marín no cuestionó únicamente las cifras: cuestionó las imágenes y los símbolos. Su argumento es que los cuerpos de personas muertas no deberían convertirse en parte de la escenografía de una declaración pública ni la muerte en una forma de exhibir autoridad.
Ese planteamiento convierte a Azarías en algo más que una discusión sobre el resultado de un bombardeo. También lo convierte en un debate sobre la estética con la que el Estado presenta su capacidad militar: cuerpos, armas, imágenes aéreas, uniformes, cifras y mensajes presidenciales.
Las imágenes importan, sostiene Marín, porque comunican valores además de resultados. Para la Defensora, el poder estatal no se mide únicamente por su capacidad para imponerse mediante la fuerza, sino también por los símbolos con los que se presenta ante la sociedad.
Ahí aparece la diferencia entre una operación militar y su puesta en escena. El Estado puede informar sobre una acción, explicar sus objetivos, presentar sus resultados y rendir cuentas sobre su legalidad sin necesariamente convertir los cuerpos de los muertos en un elemento central de la comunicación.
La pregunta que plantea la existencia de Las Bajas del Tigre es complementaria: ¿qué ocurre cuando esos resultados pueden seguirse como un marcador acumulativo? El portal hace visible una secuencia de capturas, bajas e incautaciones y permite leer la ofensiva mediante cifras que se suman.
Eso no significa que las cifras carezcan de valor. Significa que su interpretación depende de la información que las acompañe y del lugar que ocupen dentro de la evaluación general de la seguridad.
Marín propone precisamente ampliar esa mirada: medir no solo cuánto daño se causa a los grupos armados, sino cuánto logra el Estado proteger a la población. Es un cambio de perspectiva que desplaza el centro de la pregunta desde el adversario neutralizado hacia los ciudadanos protegidos.
La discusión tampoco exige ocultar los resultados militares. Exige, más bien, explicar qué significan. Una captura debería poder seguirse hasta sus consecuencias judiciales; una baja debería contextualizarse dentro del objetivo operacional; una incautación debería relacionarse con la capacidad financiera o logística de una organización.
El debate sobre el body count deja así una advertencia útil para el presente colombiano: una métrica puede ser verdadera y, aun así, resultar insuficiente para explicar si una política está funcionando. El número de muertos puede ser un dato de una operación sin convertirse necesariamente en la medida de su éxito.
En el caso de Azarías, Marín lleva esa discusión al terreno de los símbolos. Su crítica no es que el Estado combata, sino que al hacerlo no termine adoptando el lenguaje de aquellos a quienes combate. Para la Defensora, la fortaleza institucional también consiste en mantener límites incluso frente al adversario.
Las Bajas del Tigre, Azarías y la reflexión de la Defensora terminan convergiendo así en una misma pregunta: ¿cómo debe un Estado democrático mostrar que está ganando una guerra? La respuesta no necesariamente está en abandonar los números, sino en evitar que los números, y especialmente las muertes, se conviertan en el único lenguaje de la victoria.
