Se celebran 488 de la fundación de Bogotá como ciudad. En medio de la efeméride, analizamos los principales problemas que afronta el alcalde Carlos Fernando Galán y que pueden agruparse en seis grandes frentes. Algunos son responsabilidades directas de su administración y otros son problemas estructurales que vienen de gobiernos anteriores, pero que hoy recaen políticamente sobre su despacho.
Seguridad: más policías, pero también un problema de calidad institucional
El primer desafío es el pie de fuerza. La administración de Galán ha conseguido refuerzos importantes: en 2025 anunció la llegada de 800 policías y posteriormente otros 700, mientras la ciudad ha intentado complementar la presencia uniformada con tecnología, cámaras, motocicletas y coordinación con la Fiscalía. Sin embargo, el problema es que tener más policías no equivale automáticamente a tener más seguridad. Bogotá necesita distribuir los uniformados de acuerdo con los lugares y horarios donde se concentra el delito, fortalecer investigación e inteligencia y evitar que las tareas administrativas o de vigilancia rutinaria consuman efectivos que deberían estar en la calle.
La propia Administración reconoce que recibió en 2024 una ciudad con capacidades operativas debilitadas. El balance no es completamente negativo. En 2025 nueve de los 11 delitos de alto impacto disminuyeron, y en los primeros meses de 2026 la Policía reportó una reducción del 7 % en homicidios frente al mismo período de 2025.
El problema político para Galán es que esos resultados conviven con fenómenos que siguen generando una fuerte percepción de inseguridad, particularmente extorsión, hurtos y modalidades como el llamado paseo millonario.
Ahí aparece el segundo problema: la Policía también necesita recuperar confianza interna y externa. En agosto de 2025, 12 policías de Bogotá —un teniente y 11 patrulleros— fueron procesados por presuntos actos de corrupción relacionados con capturas ilegales, manipulación de estadísticas y exigencia de dinero. Nueve recibieron medida de aseguramiento en cárcel y tres quedaron privados de la libertad en sus domicilios.
Ese episodio es especialmente delicado para una administración que ha convertido el fortalecimiento policial en uno de sus principales instrumentos de seguridad. Si un ciudadano percibe que un uniformado puede abusar de su autoridad, exigir dinero o manipular procedimientos, el aumento del pie de fuerza puede terminar produciendo más presencia estatal sin necesariamente producir más confianza.
Además, Galán tiene una dificultad institucional: el alcalde dirige la política distrital de seguridad, pero no tiene el control jerárquico de la Policía Nacional. Eso significa que puede financiar vehículos, tecnología, infraestructura y estrategias, pero los procesos disciplinarios, traslados, formación y buena parte de las decisiones de personal dependen de la estructura nacional de la institución.
Por eso, el reto de seguridad de Galán debería medirse en tres variables simultáneas: cantidad de policías disponibles, eficacia operativa y calidad de la institución policial. La primera puede resolverse con recursos; las otras dos requieren inteligencia, investigación criminal, controles internos y coordinación con Fiscalía y jueces.
Movilidad en medio de una ciudad prácticamente en obra
Bogotá atraviesa una transformación de infraestructura de enormes dimensiones. La Secretaría de Movilidad reportó más de 1.200 frentes de obra activos, mientras se ejecutan simultáneamente proyectos de transporte y renovación vial.
El problema político para Galán es que las obras que deben solucionar la movilidad también están generando buena parte de los trancones actuales. La Línea 1 del Metro, las troncales de TransMilenio, las intervenciones viales y otros proyectos implican cierres y reducción temporal de capacidad en corredores fundamentales.
La Alcaldía puede mostrar avances importantes —por ejemplo, el Metro alcanzó 68,64 % de ejecución a noviembre de 2025—, pero el ciudadano enfrenta diariamente el costo inmediato de esas obras.
A esto se suma el mantenimiento de la malla vial. La administración ha reportado más de 211.000 huecos atendidos entre 2024 y marzo de 2026, lo que muestra la magnitud del problema, pero también evidencia que la demanda de mantenimiento continúa siendo enorme.
El Metro y la obligación de cumplir los tiempos
El Metro es probablemente el proyecto que más puede definir el balance histórico de Galán. Ya no se trata solamente de defenderlo políticamente: la ciudadanía espera que la primera línea entre efectivamente en operación y que el sistema funcione como fue prometido.
El reto será evitar nuevos retrasos, sobrecostos o problemas de coordinación. Además, Galán tendrá que administrar las expectativas alrededor de las siguientes fases del sistema mientras termina una primera línea que concentra buena parte de la atención pública.
Esto también concentra sobre la Alcaldía una enorme responsabilidad: conseguir que el Metro se integre realmente con TransMilenio, SITP y los trenes regionales.
En ese punto aparece el Regiotram de Occidente, proyecto fundamental para conectar Bogotá con la Sabana occidental. El sistema tiene cerca de 40 kilómetros de trazado y se encuentra en construcción; a finales de 2025 se reportaba un avance superior al 32 %, mientras en febrero de 2026 se hablaba de alrededor del 34-35 %.
Para Bogotá, el desafío no consiste únicamente en que el tren llegue a la ciudad. La pregunta crucial es cómo entra y cómo se integra con el sistema distrital. Estaciones, tarifas, intercambio con TransMilenio y Metro, espacio público, accesibilidad y manejo de los cruces viales determinarán si el Regiotram realmente reduce viajes en automóvil o simplemente se convierte en otro sistema que obliga al usuario a hacer transbordos incómodos.
Y ahí surge un problema que Galán ha señalado repetidamente: la coordinación entre Bogotá, Cundinamarca y el Gobierno Nacional. En el caso del Regiotram de Occidente, el Distrito debe garantizar que la infraestructura regional tenga una adecuada conexión urbana.
Pero el conflicto más grande de 2026 ha sido el Regiotram del Norte. Galán había mantenido una oferta de $2,3 billones para participar en el proyecto.
Sin embargo, ante la falta de definición jurídica y presupuestal de Bogotá, el Gobierno Nacional decidió aumentar su participación del 70 % al 82 % y asumir los $2,3 billones que inicialmente se esperaba que aportara el Distrito.
Esto generó una disputa política entre Nación y Distrito, pero también expuso un problema real: Bogotá necesita participar en proyectos regionales sin perder capacidad para decidir cómo esos proyectos se integran urbanísticamente a la ciudad.
Para Galán, el Regiotram del Norte es entonces un problema doble. Por un lado, está la necesidad de que el tren se construya y ayude a solucionar la congestión de la Sabana. Por otro, está la defensa de los intereses de Bogotá en materia de trazado, integración, estaciones y desarrollo urbano.
Y existe un tercer desafío: el calendario. Metro, Regiotram de Occidente, Regiotram del Norte, ampliaciones de TransMilenio y grandes corredores viales pueden coincidir en ejecución durante los próximos años. Eso significa que el alcalde tiene que gestionar no solamente la construcción, sino también el enorme costo temporal de construir una ciudad mientras millones de personas siguen intentando movilizarse por ella.
Basuras y espacio público
Otro frente complicado es el manejo de residuos. La Alcaldía tuvo que reforzar el sistema de aseo con 35 nuevos vehículos, más personal de supervisión y una ampliación de la cobertura de barrido. La administración también ha reportado un aumento considerable en la capacidad de Aguas de Bogotá para recoger residuos voluminosos y escombros, pasando de 180 a 700 toneladas diarias.
Pero el desafío va más allá de recoger basura: comprende disposición de residuos, puntos críticos, escombros, ocupación del espacio público y comportamiento ciudadano. El tema puede convertirse rápidamente en un problema político porque la percepción de una ciudad sucia es inmediata y visible.
El problema de las basuras tiene una característica particular: Bogotá lleva años cambiando las reglas del servicio sin solucionar completamente el problema estructural de fondo.
El actual esquema de Áreas de Servicio Exclusivo —ASE— nació con la licitación de 2018, durante la administración de Enrique Peñalosa. El contrato, por $4,8 billones y ocho años, dividió la ciudad en cinco zonas entregadas a operadores diferentes.
Antes de eso, Bogotá había atravesado el controvertido modelo de recolección implementado durante la administración de Gustavo Petro, que pretendió darle un papel mucho mayor al Distrito y a los recicladores. La discusión terminó incluso en controversias judiciales y políticas. Después se regresó a un esquema de operadores privados por zonas.
El problema es que ninguno de estos modelos ha conseguido resolver simultáneamente recolección, aprovechamiento, reciclaje, disposición final y limpieza del espacio público. El esquema actual garantiza cobertura y divide la ciudad en cinco ASE, pero no elimina los puntos críticos, los arrojos clandestinos ni la presión sobre Doña Juana. Y Galán se encontró con un problema adicional: el vencimiento de los contratos de las ASE. En 2025 la propia Administración advertía que debía definirse qué ocurriría después de febrero de 2026 y estudiaba alternativas como la libre competencia. Finalmente, la regulación permitió extender transitoriamente los contratos hasta noviembre de 2027, evitando una eventual crisis inmediata.
Eso significa que Galán no consiguió simplemente “cambiar el modelo”: heredó y debe administrar una transición regulatoria extremadamente compleja. Un cambio abrupto puede afectar la continuidad de la recolección y también tiene implicaciones para los recicladores de oficio, cuya participación en el sistema ha sido protegida por la jurisprudencia constitucional.
La dimensión ambiental es todavía más complicada. En el primer trimestre de 2026 llegaron a Doña Juana 608.100 toneladas de residuos, equivalentes a unas 6.769 toneladas diarias, un 5 % más que en el mismo período de 2025. La UAESP reportó además un crecimiento aproximado del 5,5 % en la generación de residuos entre los períodos analizados.
Es decir, Bogotá está intentando mejorar la recolección mientras produce y dispone cada vez más residuos. La Alcaldía ha puesto en marcha medidas de economía circular, incluyendo una planta capaz de procesar unas 350 toneladas diarias de residuos de construcción y demolición para convertirlos en materiales aprovechables.
Pero esa capacidad es pequeña frente al volumen total que llega al relleno.
Doña Juana representa, además, el problema que ninguna administración ha resuelto definitivamente: qué hacer cuando el sistema sigue dependiendo de enterrar miles de toneladas de residuos todos los días. La historia del relleno está marcada por problemas de olores, lixiviados, afectaciones a comunidades vecinas y el antecedente del derrumbe de 1997, cuyos efectos fueron reconocidos incluso en decisiones judiciales.
Por eso el desafío de Galán no consiste solamente en que “no haya basura en las calles”. Tiene que definir una política que reduzca progresivamente la dependencia de Doña Juana, aumente el aprovechamiento, controle los residuos orgánicos y de construcción y encuentre una solución de largo plazo para la disposición final.
Agua: El Niño, cambio climático y el riesgo de una nueva crisis de abastecimiento
El abastecimiento de agua es uno de los desafíos estratégicos de Bogotá. La crisis de 2024, que obligó a implementar racionamientos, evidenció la vulnerabilidad de la ciudad frente a períodos prolongados de sequía y a los bajos niveles de los embalses que abastecen al sistema Chingaza.
El fenómeno de El Niño puede agravar ese riesgo al modificar los patrones de lluvia y generar condiciones más secas. El problema adquiere una dimensión mayor frente al cambio climático, que puede aumentar la variabilidad del clima y hacer más frecuentes o intensos los períodos de sequía, aunque también pueden presentarse lluvias extremas.
Para la administración de Carlos Fernando Galán, el desafío consiste en evitar que el agua se gestione únicamente cuando aparece una emergencia. Reducir el consumo, disminuir las pérdidas en las redes, mejorar la infraestructura y evaluar nuevas fuentes de abastecimiento son medidas necesarias para aumentar el margen de seguridad del sistema.
La protección de los páramos, bosques y cuencas que alimentan los sistemas de abastecimiento también resulta fundamental. Bogotá depende de territorios que están fuera de su jurisdicción, por lo que la seguridad hídrica requiere coordinación con Cundinamarca y políticas de conservación ambiental que garanticen la regulación natural del agua.
El escenario más preocupante sería la coincidencia de un nuevo episodio fuerte de El Niño, una temporada seca prolongada, bajos niveles iniciales de los embalses y una demanda creciente. Para Galán, la lección de 2024 es que Bogotá debe prepararse desde ahora para escenarios climáticos más variables y no esperar a que una nueva crisis obligue nuevamente a racionar el servicio.
La ejecución de las grandes obras sin perder capacidad fiscal
La ejecución de las grandes obras es otro de los retos centrales para Carlos Fernando Galán: Bogotá tiene una cartera de proyectos de enorme magnitud —Metro, Regiotram, infraestructura vial, colegios, hospitales y renovación urbana— que exige mantener el ritmo de inversión sin deteriorar las finanzas del Distrito.
El problema no es solamente cuánto cuestan las obras, sino cómo se distribuyen los compromisos en varios años. Muchos de estos proyectos trascienden el actual periodo de gobierno y obligan a comprometer recursos futuros. Galán debe garantizar que los contratos tengan respaldo financiero suficiente, pero también conservar margen presupuestal para atender necesidades que puedan surgir durante su administración.
El Metro y los proyectos ferroviarios regionales son especialmente importantes porque concentran inversiones multimillonarias y requieren coordinación entre Bogotá, Cundinamarca y la Nación. Cualquier retraso, modificación contractual o sobrecosto puede aumentar la presión sobre las finanzas públicas. Al mismo tiempo, reducir demasiado la inversión para proteger el presupuesto podría significar retrasar proyectos que la ciudad necesita con urgencia.
Por eso, uno de los principales desafíos fiscales consiste en evitar que la ejecución de infraestructura termine desplazando el gasto social y el mantenimiento de los servicios existentes. Bogotá necesita financiar nuevas obras, pero también educación, salud, seguridad, aseo, movilidad y mantenimiento de la infraestructura que ya tiene. La capacidad de priorizar será tan importante como la capacidad de conseguir recursos.
En última instancia, Galán tendrá que demostrar que las grandes obras pueden ejecutarse con cronogramas y costos controlados sin comprometer la sostenibilidad fiscal de la ciudad. El éxito de su administración no dependerá únicamente de cuántos proyectos logre poner en marcha, sino de cuánto le costarán a Bogotá, qué tan bien se ejecutarán y qué margen financiero dejarán para los gobiernos que vendrán después.
El problema político transversal: resultados frente a percepción
El principal problema político transversal de la administración de Carlos Fernando Galán es la distancia que puede existir entre los resultados que presenta la Alcaldía y la percepción cotidiana de los ciudadanos. El Gobierno distrital puede mostrar avances en seguridad, infraestructura, movilidad o atención de basuras, pero esos indicadores no necesariamente se traducen de manera inmediata en una mejor experiencia para quienes viven en Bogotá.
Esta brecha es especialmente evidente en la movilidad. Mientras la Administración puede destacar el avance del Metro, los proyectos viales y la ejecución de obras, los ciudadanos enfrentan diariamente trancones, cierres y demoras asociados, en buena medida, a esa misma transformación de la infraestructura. El desafío político consiste en convencer a los bogotanos de que los costos actuales tendrán como resultado una mejora duradera en el sistema.
Algo similar ocurre con la seguridad. Una reducción estadística de determinados delitos puede coexistir con una fuerte sensación de inseguridad en barrios, calles y transporte público. Para Galán, esto significa que las cifras favorables no son suficientes: necesita que los ciudadanos perciban que pueden caminar, utilizar el transporte y desarrollar sus actividades cotidianas con mayor tranquilidad.
La situación se repite con problemas como las basuras y el agua. La Alcaldía puede aumentar la capacidad de recolección, atender puntos críticos o mejorar la gestión del abastecimiento, pero un punto de basura recurrente o un episodio de racionamiento tiene un impacto inmediato sobre la percepción de la ciudad. Los problemas visibles suelen pesar políticamente más que los avances administrativos que requieren tiempo para ser apreciados.
Por eso, en la segunda mitad de su mandato, Galán enfrenta el reto de convertir la ejecución administrativa en resultados perceptibles. La pregunta política ya no será únicamente cuántas obras se iniciaron, cuántos recursos se invirtieron o qué indicadores mejoraron, sino si los bogotanos sienten que Bogotá es más segura, limpia, conectada y habitable. Esa brecha entre gestión y percepción puede terminar siendo determinante para el balance final de su gobierno.
Al cumplir 488 años, Bogotá enfrenta una etapa decisiva: la ciudad tiene en marcha algunas de las mayores transformaciones de su historia reciente, pero también problemas estructurales que siguen afectando la vida cotidiana. Para Carlos Fernando Galán, el desafío será demostrar que inversiones como el Metro y los proyectos ferroviarios, junto con las políticas de seguridad, agua, movilidad y manejo de residuos, pueden traducirse en una ciudad más habitable sin hipotecar sus finanzas.
La celebración del aniversario también pone en perspectiva una pregunta sobre el futuro de la capital: qué ciudad se está construyendo y qué tan preparada estará para las próximas décadas. La ejecución de grandes obras debe convivir con la necesidad de garantizar servicios públicos eficientes, responder al cambio climático, mejorar la seguridad y mantener la capacidad fiscal para que los próximos gobiernos puedan seguir atendiendo las necesidades de una población que continúa creciendo.
