Un proyecto inmobiliario de vivienda tipo coliving ha abierto una nueva disputa en el barrio La Macarena, en Bogotá. Vecinos del sector cuestionan el impacto que tendría la construcción de una torre de 13 pisos sobre un entorno reconocido por su arquitectura, actividad cultural y relación con los cerros.
Se trata de Click Living, un proyecto desarrollado por Arquitectura y Concreto que se encuentra en etapa de preventa. La oferta contempla apartamentos de una y dos habitaciones, con unidades desde aproximadamente 40 metros cuadrados y más de 20 espacios comunes y amenidades.
El proyecto está ubicado en el sector de La Macarena, entre la plaza de mercado de La Perseverancia y la Estación de Policía Santa Fe, a pocas cuadras de las Torres del Parque, uno de los conjuntos residenciales más reconocidos de la arquitectura moderna bogotana.
La construcción ha generado la organización de residentes de La Macarena, La Perseverancia, Bosque Izquierdo, San Martín, San Diego y La Merced. El movimiento Herencia Memoria Viva se convirtió en uno de los espacios desde los cuales se han articulado los cuestionamientos al proyecto.
La inconformidad no se limita a la altura del edificio. Los habitantes han planteado preguntas sobre el impacto de la nueva construcción en la escala urbana, las visuales hacia los cerros, la movilidad, la identidad del sector y las relaciones sociales que existen entre barrios con características económicas y urbanas diferentes.
La discusión tiene además un componente patrimonial. La Macarena es reconocida por su arquitectura, sus espacios culturales y su historia urbana, y la propia Alcaldía Local de Santa Fe ha desarrollado actividades para fortalecer el reconocimiento cultural, arquitectónico y comunitario del barrio.
Sin embargo, la controversia requiere una precisión: no puede afirmarse simplemente que todo el barrio La Macarena sea un único inmueble sometido a una prohibición general de construir. La protección patrimonial de Bogotá comprende diferentes categorías, inmuebles y sectores, por lo que el punto determinante es establecer cuáles normas específicas aplican al predio de Click Living.
Para los residentes, las Torres del Parque, diseñadas por Rogelio Salmona, tienen un valor simbólico central en la discusión. La organización comunitaria ha utilizado ese conjunto como referencia para plantear preguntas sobre la relación entre las nuevas edificaciones y el patrimonio arquitectónico existente.
El conflicto, por tanto, plantea una pregunta más amplia que la de si una construcción cumple o no con una licencia: ¿cómo debe densificarse una zona con una identidad arquitectónica y cultural consolidada sin alterar las características que hicieron atractivo ese mismo territorio?
La respuesta no es sencilla porque Bogotá también enfrenta una presión constante por aprovechar mejor el suelo urbano y aumentar la oferta de vivienda en zonas centrales. La densificación puede reducir desplazamientos y aprovechar infraestructura existente, pero sus efectos dependen de dónde se haga, con qué escala y bajo qué condiciones.
Esa es precisamente la justificación que plantea la empresa desarrolladora. Arquitectura y Concreto presenta Click Living como una alternativa residencial vinculada con la vida urbana y con una utilización más eficiente del suelo, en una zona cercana a actividades culturales, comerciales y educativas.
La oferta comercial muestra apartamentos de una y dos habitaciones y espacios comunes que incluyen, entre otros, zonas de trabajo, gimnasio, salón social y áreas de encuentro. El proyecto también contempla una zona comercial.
El modelo coliving introduce además otra discusión. Se trata de una modalidad que busca ofrecer viviendas relativamente compactas acompañadas de espacios y servicios compartidos, un formato que puede resultar atractivo para estudiantes, trabajadores jóvenes o inversionistas.
Los vecinos temen, sin embargo, que este tipo de desarrollo termine modificando el mercado inmobiliario local y acelerando la sustitución de habitantes y actividades tradicionales. En sus cuestionamientos aparece así el concepto de gentrificación, aunque utilizarlo como diagnóstico definitivo del proyecto requiere demostrar efectos sobre precios, población residente y composición social del barrio.
Esa cautela es importante porque un proyecto individual no demuestra por sí mismo la existencia de un proceso de gentrificación. La discusión tendría que incorporar la evolución histórica del precio del suelo, los cambios en los arriendos, la sustitución de viviendas, el desplazamiento de residentes y la transformación de los usos comerciales.
El caso de San Martín, ubicado en las proximidades, es utilizado por algunos habitantes como antecedente. Allí se han construido edificios de mayor altura y residentes tradicionales han expresado preocupación por el cambio de escala urbana y por el aislamiento de algunas viviendas que permanecen entre nuevas edificaciones.
La comparación también ha generado una discusión dentro de los propios sectores comunitarios. Algunos habitantes y observadores sostienen que procesos anteriores de transformación inmobiliaria fueron menos cuestionados cuando afectaban a otros sectores sociales y que la protesta actual adquiere mayor visibilidad porque toca directamente a residentes de La Macarena.
Esa discusión revela que el conflicto no es solamente arquitectónico. También plantea quién tiene capacidad para decidir cómo cambia la ciudad y quién soporta los costos de esas transformaciones.
Otro de los puntos cuestionados por la comunidad es el origen del predio. Según las denuncias recogidas por organizaciones ciudadanas, el terreno fue subastado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en 2025 y tuvo un único oferente. Este hecho ha generado preguntas de los vecinos sobre el proceso de adjudicación.
La existencia de un único oferente, por sí sola, no demuestra una irregularidad en una subasta. Para establecer si hubo algún problema sería necesario revisar las condiciones de la convocatoria, los requisitos, las ofertas recibidas, las evaluaciones y los documentos mediante los cuales la SAE adjudicó el inmueble.
Los cuestionamientos comunitarios también se dirigen hacia el régimen patrimonial aplicable al sector. Algunas organizaciones sostienen que existen inmuebles y espacios protegidos alrededor del predio y han planteado dudas sobre la forma en que las normas de protección fueron aplicadas al proyecto.
Ese punto requiere revisar directamente el expediente urbanístico y los conceptos de las autoridades competentes. La pregunta esencial es si el proyecto obtuvo las autorizaciones correspondientes y bajo qué norma urbanística y patrimonial fue determinada la altura que finalmente se pretende construir.
La discusión adquiere particular relevancia porque el propio Distrito está promoviendo en septiembre el Mes del Patrimonio, con actividades destinadas a reconocer las memorias, espacios y manifestaciones culturales de Bogotá. El IDPC también programó un foro sobre los desafíos de la sostenibilidad y la gestión del patrimonio.
La coincidencia temporal pone sobre la mesa una tensión urbana de fondo: cómo conciliar la protección de la memoria arquitectónica y social con la necesidad de que una ciudad como Bogotá siga transformándose y aumentando su oferta de vivienda.
Para los vecinos, el problema no se resuelve únicamente demostrando que el proyecto puede construirse legalmente. Su preocupación es que una transformación formalmente autorizada pueda producir efectos difíciles de revertir sobre el paisaje, las relaciones comunitarias y la identidad del barrio.
Para los desarrolladores, en cambio, la discusión debe considerar que el suelo urbano es limitado y que proyectos residenciales en sectores centrales pueden contribuir a una ciudad más compacta. El argumento plantea una pregunta igualmente válida: hasta dónde puede llegar la protección de un barrio cuando la ciudad necesita nuevos espacios para vivir.
La controversia también ha generado un efecto inesperado. Vecinos de La Macarena y sectores próximos que no necesariamente compartían espacios comunitarios comenzaron a relacionarse a partir de la discusión sobre el proyecto. En el proceso participan habitantes de distintas condiciones sociales y de barrios con historias diferentes.
Incluso quienes no esperan que la movilización consiga detener la construcción han destacado la recuperación de vínculos comunitarios como uno de los resultados del proceso. Las reuniones, recorridos y acciones colectivas han vuelto a poner en el centro la pregunta por qué significa vivir en un barrio y quién participa en las decisiones que transforman su entorno.
El siguiente capítulo de la controversia dependerá en buena medida de documentos y decisiones que permitan separar las percepciones de los hechos verificables: la licencia, las normas aplicables al predio, los conceptos patrimoniales, las condiciones de la venta del terreno y las medidas previstas para mitigar los impactos urbanos.
El caso de Click Living deja así una discusión que trasciende a un edificio de 13 pisos. La pregunta para Bogotá es cómo densificar sectores centrales sin convertir el patrimonio en una pieza decorativa ni asumir que toda transformación inmobiliaria equivale automáticamente a gentrificación. Entre esas dos posiciones está el desafío de construir una ciudad que pueda cambiar sin perder aquello que le da identidad.
