En vísperas de su posesión presidencial, Abelardo de la Espriella dirigió un mensaje a los periodistas que llegaron a Cali para cubrir el cambio de Gobierno. Su discurso tuvo como uno de sus ejes centrales la relación entre el poder político y los medios de comunicación, y dejó una definición que adquiere especial relevancia después de una campaña marcada por enfrentamientos con periodistas.
De la Espriella comenzó reconociendo el papel de los medios como intermediarios entre el Gobierno y la ciudadanía. Según dijo, a través de ellos la gente puede conocer lo que ocurre y llegar a una conclusión sobre si el Gobierno está haciendo lo que debe hacer. Para el mandatario electo, por tanto, el periodismo cumple una función esencial dentro de una sociedad democrática.
A partir de esa premisa hizo una defensa explícita de la libertad de prensa y de opinión. “Yo siempre voy a defender la libre expresión”, afirmó, antes de añadir que también defenderá la libertad de prensa. Presentó ambas como garantías constitucionales que deben ser salvaguardadas.
Pero inmediatamente después introdujo una condición que es el centro de su concepción del periodismo. Dijo que la actividad periodística debe estar ligada a “la verdad” y a “la veracidad de los hechos”. En su definición, el verdadero periodismo es aquel que cuenta lo que ocurre con apego a la verdad.
La frase siguiente es la que plantea la principal tensión. “Lo otro no es periodismo”, sostuvo. Aunque no precisó en ese momento quién tendría que determinar qué información pertenece a esa categoría, la afirmación establece una frontera entre el periodismo que considera legítimo y aquel que, a su juicio, deja de serlo.
La cuestión resulta especialmente sensible cuando esa definición proviene de quien acaba de asumir la Presidencia. En una democracia, la prensa no solamente informa sobre los resultados de un Gobierno: también investiga, cuestiona, revela contradicciones y publica información incómoda para quienes ejercen el poder. La frontera entre una información falsa y una investigación crítica, por ello, no puede quedar determinada únicamente por el gobernante que es objeto del escrutinio.
El contraste con la trayectoria reciente de De la Espriella es inevitable. Durante la campaña, la Fundación para la Libertad de Prensa documentó reiterados episodios de ataques contra periodistas y medios que publicaron investigaciones o comentarios críticos sobre el entonces candidato. En junio, la FLIP señaló que esos señalamientos buscaban desacreditar el trabajo periodístico y advirtió sobre sus efectos en el debate democrático.
Uno de los episodios ocurrió con la columnista Ana Bejarano, después de que publicara el artículo “Alex y Abelardo”, relacionado con la relación profesional de De la Espriella con Alex Saab. La campaña exigió una rectificación y calificó varias afirmaciones de falsas, carentes de sustento y lesivas del buen nombre del candidato. La FLIP, por su parte, cuestionó las acciones legales emprendidas y habló de un riesgo de acoso judicial contra la periodista.
El caso de Daniel Coronell tuvo otra dimensión. En febrero, la FLIP denunció la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial en los que se acusaba al periodista de liderar una supuesta campaña de mentiras contra De la Espriella. El episodio fue presentado por la organización como parte de una estrategia reiterada de estigmatización contra el periodismo crítico.
Coronell, además, había entrevistado a David Murcia Guzmán, antiguo cliente de De la Espriella, quien formuló acusaciones contra su exabogado. La campaña respondió cuestionando públicamente el contenido de esa entrevista y negó las afirmaciones sobre los honorarios y la relación profesional entre ambos.
En el caso de María Jimena Duzán, la controversia alcanzó el ámbito de las plataformas digitales. La periodista denunció que su canal de YouTube fue retirado después de publicar una videocolumna crítica sobre De la Espriella. La FLIP calificó el episodio como parte de una cadena de ataques contra periodistas y medios que cuestionaban al candidato.
Duzán atribuyó la caída del canal a un supuesto ataque coordinado mediante bots y responsabilizó a seguidores del entonces candidato. Esa atribución, sin embargo, debe distinguirse de un hecho comprobado: lo que está documentado es que el canal fue eliminado después de la publicación y que la periodista denunció públicamente lo ocurrido. La FLIP registró el episodio como una amenaza para la libertad de prensa.
El punto común de estos episodios no es que todos hayan producido el mismo tipo de conflicto ni que todas las afirmaciones periodísticas hayan sido necesariamente probadas judicialmente. Lo que sí aparece documentado es un patrón de confrontación entre De la Espriella y periodistas que investigaron o cuestionaron aspectos de su trayectoria profesional y política. Reporteros Sin Fronteras ha descrito ese comportamiento como un patrón de judicialización, hostilidad y desacreditación de periodistas.
La organización internacional incluso citó datos sobre el número de acciones judiciales promovidas por De la Espriella contra periodistas, columnistas y activistas. Su conclusión fue que el nuevo Gobierno debería garantizar que las investigaciones periodísticas sobre asuntos de interés público no sean objeto de represalias ni presiones judiciales y que el escrutinio periodístico sea reconocido como un componente esencial de la democracia.
Ese antecedente permite leer de otra manera el discurso pronunciado en Cali. Cuando De la Espriella dice que defenderá la libertad de prensa, formula un compromiso compatible con las garantías constitucionales. Pero cuando inmediatamente señala que el periodismo debe estar sometido a la verdad y que aquello que se aparte de su definición “no es periodismo”, aparece una pregunta institucional: ¿quién establece cuándo una investigación es falsa, cuándo es una opinión legítima y cuándo cruza la frontera hacia la difamación?
En un Estado democrático, esa distinción no debería depender de la voluntad del Ejecutivo. Existen mecanismos judiciales para responder a informaciones falsas, rectificar errores y proteger el buen nombre. Precisamente por eso la libertad de prensa incluye el derecho a publicar investigaciones incómodas y críticas severas, incluso cuando estas afectan políticamente al gobernante de turno. La defensa de esa libertad no puede reducirse a respaldar solamente el periodismo con el que el poder está de acuerdo.
El otro elemento significativo del discurso es que De la Espriella vincula el buen Gobierno con resultados verificables. Habla de obras sociales, inversión, educación, oportunidades para emprendedores, atención a madres cabeza de familia, seguridad y recuperación territorial. Su idea de la política se resume en medirla por “litros de agua”, “kilómetros de carretera”, cobertura en salud y presencia estatal.
Esa concepción puede convertirse también en un criterio de escrutinio periodístico. Si el nuevo Gobierno quiere que su gestión sea medida por resultados concretos, tendrá que aceptar que los periodistas examinen precisamente esos resultados: cuánto se ejecutó, cuánto costó, qué contratos se firmaron, qué promesas se cumplieron, qué errores ocurrieron y quién asumió responsabilidades. La crítica, en ese sentido, no es una anomalía del sistema: es parte de la rendición de cuentas.
De la Espriella cerró su intervención reiterando su compromiso con la libertad de prensa y con la patria. El verdadero alcance de esa promesa, sin embargo, no se medirá en discursos, sino en la manera en que su Gobierno responda cuando lleguen las investigaciones que no le gusten. La prueba definitiva de su concepto de libertad de prensa será su reacción ante aquellos periodistas que, precisamente en nombre de la verdad que él reivindica, encuentren razones para cuestionar al poder.
