El Gobierno de Abelardo De La Espriella había anunciado el 23 de julio a Didier Fabián Blanco Rodríguez como futuro director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La información oficial del equipo presidencial señalaba que asumiría el cargo el 7 de agosto, coincidiendo con la posesión del nuevo Gobierno.
Blanco había sido presentado como una apuesta para transformar la entidad, recuperar su credibilidad y combatir los problemas de corrupción y clientelismo. Su perfil combina formación en psicología y derecho, además de experiencia como poligrafista y en cargos de administración pública y privada.
Su llegada, sin embargo, estuvo rodeada de controversia. Durante su actividad política y en redes sociales había publicado mensajes de fuerte contenido contra sectores de izquierda, dirigentes políticos y periodistas. Esa trayectoria generó cuestionamientos sobre su eventual imparcialidad al frente de una entidad encargada de proteger a personas de distintas corrientes políticas.
Pese a las críticas, el Gobierno entrante mantuvo inicialmente su respaldo a Blanco. Incluso se difundió que su gestión tendría como prioridades recuperar los protocolos de protección, combatir prácticas clientelistas y garantizar la protección de las personas amenazadas sin distinción ideológica.
Pero la secuencia administrativa posterior no terminó de materializar ese anuncio. El 6 de agosto, en vísperas de la posesión del nuevo Gobierno, Javier Francisco Rodríguez Moreno quedó encargado de la dirección de la UNP, según la referencia que posteriormente hizo el Decreto 1157 de 2026.
La situación cambió nuevamente el 10 de agosto. Ese día, mediante el Decreto 1157 de 2026, el Gobierno encargó a Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior, la Dirección General de la UNP, sin separarlo de las funciones propias de su cargo ministerial.
El decreto también puso fin al encargo de Rodríguez Moreno. En su artículo segundo ordena comunicar la decisión tanto a Rodríguez Moreno, identificado como el funcionario que estaba encargado de la dirección, como a Lara. Además, el artículo tercero establece que queda derogado el artículo 2 del Decreto 1121 del 6 de agosto.
Lo llamativo es que el Decreto 1157 no menciona a Didier Blanco. No dice que haya sido removido, descartado o retirado del cargo. Por eso, jurídicamente, la formulación más prudente es que su nombramiento quedó en suspenso o pendiente de materialización, y no que haya sido destituido.
La situación fue interpretada precisamente como un nuevo movimiento en la reconfiguración de la UNP. La prensa ha señalado que el decreto dejó “en el aire” la designación de Blanco, mientras Lara quedó temporalmente al frente de la entidad.
Esto establece una diferencia importante entre una designación política y un nombramiento administrativo efectivo. El anuncio del 23 de julio identificó a Blanco como la persona escogida para dirigir la UNP, pero las decisiones administrativas posteriores muestran que la entidad continuó bajo la figura del encargo y finalmente pasó a estar bajo responsabilidad de Lara.
El episodio también resulta llamativo porque Blanco había sido presentado públicamente como una decisión definida del Gobierno entrante, incluso con una fecha concreta para comenzar sus funciones. La aparición de un encargo distinto apenas unos días después de la posesión presidencial supone, como mínimo, un cambio respecto de la hoja de ruta anunciada durante la transición.
Por ahora, el decreto tampoco explica por qué Lara asumió la UNP ni qué decisión definitiva tomará el Gobierno sobre Blanco. En consecuencia, cualquier explicación que atribuya el cambio a las controversias políticas, al terremoto o a una decisión específica sobre su trayectoria requeriría un acto administrativo o pronunciamiento oficial adicional.
El contexto de la decisión es particularmente sensible porque la UNP atraviesa problemas internos y es una de las entidades más delicadas del Estado: de sus decisiones depende la protección de periodistas, dirigentes políticos, líderes sociales y otras personas amenazadas. La eventual designación de su director tiene, por tanto, consecuencias que van más allá de una simple modificación burocrática.
Además, el cambio se produjo el mismo 10 de agosto en que Colombia enfrentaba el terremoto, aunque el Decreto 1157 no establece ninguna relación entre la emergencia y el encargo de Lara. Por eso, no existe base documental en este decreto para afirmar que el ministro asumió la UNP como consecuencia directa del desastre.
La fotografía administrativa que queda al 10 de agosto es, entonces, particular: Didier Blanco había sido anunciado como director; Javier Francisco Rodríguez Moreno estaba encargado; y Rodrigo Lara terminó asumiendo temporalmente la dirección de la UNP. El documento oficial confirma el último movimiento, pero no resuelve qué ocurrió definitivamente con el primero.
La principal pregunta que queda abierta es si Blanco será finalmente formalizado como director, si el Gobierno escogerá a otra persona o si Lara permanecerá temporalmente al frente de la entidad. Hasta que exista un nuevo acto administrativo, lo más riguroso es hablar de un nombramiento anunciado que quedó pendiente de materialización y de un ministro que asumió la dirección por encargo.
