El Gobierno de Abelardo de la Espriella protagonizó un inesperado cambio en la dirección del Departamento Nacional de Planeación (DNP): Carlos Eduardo Sepúlveda Rico, anunciado el 12 de agosto como nuevo director de la entidad, finalmente no asumirá el cargo y será reemplazado por Julián Buitrago.
La salida de Sepúlveda ocurrió apenas dos días después de que su designación fuera presentada públicamente. El economista contaba con una amplia trayectoria académica y en el sector público, además de experiencia previa en el propio DNP y en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
La explicación que comenzó a circular para la caída de su nombramiento está relacionada con su participación en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, correspondiente al Gobierno de Gustavo Petro. Reportes publicados el 14 de agosto señalaron que Sepúlveda había tenido un papel de coordinación dentro de ese proceso.
El dato es políticamente relevante porque el actual Gobierno llegó al poder con un discurso de ruptura frente a buena parte de las políticas implementadas durante la administración Petro. La participación de Sepúlveda en uno de los principales instrumentos de planeación de ese Gobierno terminó convirtiéndose en un factor determinante para la controversia alrededor de su designación.
Sin embargo, no está confirmado oficialmente que Sepúlveda haya sido removido exclusivamente por haber trabajado para Gustavo Petro. La información disponible apunta a un impedimento o incompatibilidad relacionada con su participación previa en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, mientras que el Gobierno no ha presentado públicamente una explicación detallada que permita afirmar que se trató de una decisión motivada únicamente por razones políticas.
La diferencia es importante. Sepúlveda no era un funcionario identificado únicamente con la administración Petro. Su hoja de vida incluye un doctorado en Economía de la Universidad de Boston, una extensa carrera académica en la Universidad del Rosario, experiencia como subdirector del DANE y trabajos anteriores en el DNP.
De hecho, cuando fue anunciado, su perfil fue presentado como una elección principalmente técnica. El Gobierno había escogido a un economista con experiencia en políticas públicas para dirigir una entidad fundamental en la formulación de estrategias de inversión y desarrollo nacional. Su nombramiento incluso recibió comentarios favorables de sectores políticos que destacaron precisamente sus capacidades profesionales.
El episodio cambió rápidamente cuando comenzó a circular información sobre su participación en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de 2022-2026. El documento, denominado “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, fue la hoja de ruta de la administración Petro y quedó incorporado al ordenamiento jurídico mediante la Ley 2294 de 2023.
El caso abre entonces una discusión sobre los límites entre la experiencia previa de un funcionario y la voluntad de un nuevo Gobierno de marcar distancia frente a su antecesor. Haber trabajado en una administración anterior no implica, por sí mismo, una identificación política con ella, especialmente cuando se trata de funcionarios técnicos o académicos que desarrollaron funciones dentro de la administración pública.
Pero la controversia adquiere una dimensión diferente cuando se trata del DNP. Esta entidad tiene un papel central en la definición de las prioridades de inversión del Estado y en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del nuevo Gobierno. De allí que la administración de De la Espriella pueda considerar especialmente sensible que su director haya tenido participación directa en la construcción de la hoja de ruta del gobierno anterior.
El reemplazo llegó rápidamente. El presidente anunció el 14 de agosto a Julián Buitrago como nuevo director del DNP, durante una declaración desde Pereira, una de las ciudades afectadas por el terremoto del 10 de agosto. De la Espriella señaló que el nuevo funcionario tendrá entre sus tareas la elaboración del plan de desarrollo para la reconstrucción de Pereira, Risaralda y el país.
El episodio deja así una pregunta política de fondo: ¿el Gobierno está estableciendo un criterio de continuidad técnica o una política de ruptura con quienes participaron en la administración Petro? En el caso de Sepúlveda, la evidencia disponible permite afirmar que su designación se cayó y que su participación en el Plan Nacional de Desarrollo anterior estuvo en el centro de las explicaciones difundidas, pero no permite presentar como un hecho probado que haya sido expulsado únicamente por haber trabajado para Petro. Esa distinción será clave para entender el alcance político de una de las primeras controversias alrededor de los nombramientos del nuevo Gobierno.
