El denominado Centro Político publicó el 30 de septiembre su cuarto manifiesto desde las elecciones presidenciales de 2026, esta vez bajo el título La Constitución, escudo de Colombia, con una serie de advertencias sobre la manera como el Gobierno de Abelardo de la Espriella está ejerciendo el poder.
El documento, de cuatro páginas, fue suscrito por ciudadanos, académicos, exministros y figuras políticas que se identifican con el centro político. Entre los firmantes aparecen Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo, Juan Daniel Oviedo, Jorge Iván González, Humberto de la Calle, Cecilia López, Eduardo Pizarro y Moisés Wasserman, entre otros.
A diferencia del primer manifiesto, elaborado durante la campaña electoral, esta declaración tiene como principal destinatario al Gobierno que asumió el poder en agosto. Los autores ya no formulan únicamente acuerdos generales, sino que examinan decisiones, discursos y actuaciones concretas de la nueva administración.
La preocupación que atraviesa todo el documento es la defensa de la Constitución de 1991. Los firmantes sostienen que la Carta debe funcionar como un marco común para una sociedad diversa y advierten sobre actuaciones que, a su juicio, podrían entrar en tensión con principios constitucionales.
El primer capítulo está dedicado a la denominada “batalla cultural”, una expresión que el Gobierno ha utilizado para describir parte de su agenda política y cultural.
Los autores sostienen que, desde su discurso de posesión, De la Espriella anunció una confrontación destinada a recuperar lo que definió como el orden moral, la autoridad, la familia tradicional y la centralidad de la religión en la vida pública. Para el grupo, ese enfoque plantea un problema cuando una concepción particular de esos valores pretende proyectarse como orientación general del Estado.
El manifiesto no cuestiona que los funcionarios públicos tengan convicciones religiosas, morales o culturales. El punto que plantea es diferente: los firmantes advierten que esas convicciones no deberían convertirse en una política estatal que desconozca el pluralismo consagrado en la Constitución.
En ese contexto, el documento menciona las referencias oficiales a la llamada “ideología de género” y la utilización de expresiones religiosas como “Viva Cristo Rey”. Los autores consideran que esos elementos deben ser examinados frente a principios como la libertad religiosa, la diversidad y la separación entre las convicciones particulares y la actuación del Estado.
La discusión tiene además una dimensión cultural. El Centro Político advierte que una política estatal orientada a imponer una determinada visión moral podría terminar afectando la libertad de enseñanza, la libertad de expresión y la diversidad cultural que protege la Constitución.
El segundo eje del manifiesto es el ejercicio del poder presidencial. Los firmantes expresan preocupación por lo que consideran una tendencia hacia una mayor concentración de decisiones y comunicaciones en la Casa de Nariño.
Uno de los asuntos mencionados es la Directiva Presidencial 01, relacionada con las comunicaciones del Gobierno. Los autores cuestionan que la Presidencia tenga un papel central en la definición de los mensajes de las entidades estatales y plantean interrogantes sobre la autonomía institucional.
La discusión sobre la comunicación oficial adquiere importancia porque las entidades públicas tienen responsabilidades y funciones diferenciadas. Para los autores del manifiesto, la comunicación gubernamental no debería convertirse en un mecanismo para subordinar la identidad institucional de cada organismo a la Presidencia.
En este mismo apartado aparece el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El documento cuestiona la salida de su anterior director y sostiene que esa decisión puede afectar la credibilidad de una institución cuya función es producir información estadística para el Estado y la sociedad.
Esa afirmación corresponde a la valoración de los autores del manifiesto y no equivale, por sí misma, a una conclusión sobre la legalidad del nombramiento o de la salida del funcionario. El punto planteado es institucional: la independencia y credibilidad de las entidades encargadas de producir información pública.
El tercer capítulo está relacionado con los medios de comunicación. El Centro Político expresa preocupación por la relación que el Gobierno ha establecido con algunos medios y por lo que considera un ambiente de confrontación con sectores de la prensa.
La libertad de prensa aparece así vinculada con la defensa de la Constitución. Para los firmantes, las diferencias entre un Gobierno y los medios son legítimas, pero advierten que el poder estatal tiene límites cuando esas diferencias pueden afectar el ejercicio de la crítica periodística.
El cuarto asunto está relacionado con los gremios empresariales y los sindicatos. El manifiesto señala que existen indicios que, según sus autores, generan preocupación sobre una eventual interferencia del Gobierno en el funcionamiento autónomo de estas organizaciones.
Los firmantes sostienen que la autonomía de los gremios y sindicatos forma parte de las garantías de asociación y participación de la sociedad civil. Por eso advierten que una relación conflictiva entre el Ejecutivo y esas organizaciones no debería transformarse en mecanismos de intervención estatal.
Este capítulo apareció pocos días después de la confrontación pública entre el Gobierno y Bruce Mac Master, entonces presidente de la ANDI. La coincidencia temporal resulta relevante porque la relación entre el Ejecutivo y el principal gremio empresarial se había convertido en uno de los focos de discusión política de septiembre.
Sin embargo, el manifiesto no demuestra que haya existido una intervención estatal sobre los gremios. Lo que hace es advertir sobre determinados indicios y plantear que cualquier intento de afectar su autonomía sería contrario a los principios constitucionales que protegen la libertad de asociación.
La preocupación se extiende también a los sindicatos. El argumento del documento es que las garantías de autonomía no pueden depender de si una organización representa empresarios, trabajadores u otro sector de la sociedad.
En ese sentido, el texto intenta colocar el debate por encima de la disputa coyuntural entre el Gobierno y determinados dirigentes gremiales. Su planteamiento es que el Estado debe relacionarse con esas organizaciones mediante mecanismos de diálogo y respetando su autonomía.
La cuarta declaración también marca una evolución en la actuación del denominado Centro Político. El primer manifiesto había surgido como una propuesta de acuerdos mínimos frente a los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta presidencial.
Después de las elecciones, el grupo continuó publicando pronunciamientos y pasó progresivamente a examinar las actuaciones del nuevo Gobierno. El documento del 30 de septiembre representa, hasta ahora, una de sus intervenciones más directas frente a la administración de De la Espriella.
La diferencia también está en el lenguaje. Mientras los primeros documentos buscaban formular consensos alrededor de asuntos como democracia, economía, seguridad y derechos, el cuarto manifiesto utiliza la Constitución como criterio para evaluar decisiones y discursos del Ejecutivo.
El concepto de pluralismo se convierte así en uno de los puntos centrales del texto. Los firmantes no cuestionan la posibilidad de que exista una agenda conservadora o que un Gobierno defienda determinadas concepciones sobre familia, autoridad o religión; cuestionan que esas concepciones puedan convertirse en una política estatal excluyente.
Entre los firmantes hay personas con trayectorias políticas diferentes y experiencias en distintos gobiernos. Esa diversidad explica que el documento no pueda ser presentado como el programa de un partido ni como la posición de una bancada parlamentaria.
Tampoco se trata, formalmente, de una organización electoral. El denominado Centro Político funciona como un espacio de convergencia alrededor de determinadas preocupaciones institucionales y constitucionales.
El manifiesto aparece además en un escenario de reorganización política después de las elecciones de 2026. Mientras sectores de derecha buscan consolidar nuevas estructuras partidistas y el Gobierno intenta construir su propia coalición, este grupo procura mantener una posición crítica desde un espacio que se identifica con el centro.
Su relevancia, por tanto, no depende únicamente de la cantidad de firmas. El documento pone en circulación una discusión sobre los límites del poder presidencial y sobre la forma en que un Gobierno puede desarrollar una agenda ideológica sin desconocer el carácter pluralista del Estado colombiano.
El pronunciamiento también deja planteadas varias preguntas que trascienden al actual Gobierno: hasta dónde puede llegar la comunicación centralizada desde la Presidencia, cómo deben protegerse las entidades técnicas, cuál debe ser la relación entre el Ejecutivo y la prensa y qué límites existen frente a los gremios y sindicatos.
En todos esos asuntos, el manifiesto parte de una misma premisa: la Constitución de 1991 debe ser el marco de referencia para resolver las controversias políticas y no un elemento subordinado a la orientación ideológica del Gobierno de turno.
El cuarto pronunciamiento del Centro Político, por eso, no es solamente una crítica a la llamada “batalla cultural”. Es una declaración más amplia sobre pluralismo, autonomía institucional, libertad de prensa, participación ciudadana y libertad de asociación.
La disputa que plantea el documento será ahora política e institucional: determinar si las actuaciones cuestionadas por sus autores representan decisiones puntuales de un nuevo Gobierno o si, como sostienen los firmantes, hacen parte de una transformación más profunda en la manera de ejercer el poder desde la Presidencia.
Por ahora, el manifiesto deja establecida la posición de este grupo de ciudadanos, académicos y exfuncionarios: frente a la agenda cultural, el manejo del poder presidencial y la relación con medios, gremios y sindicatos, la Constitución de 1991 debe funcionar como límite y como punto común de la discusión nacional.
