El presidente Abelardo De la Espriella abrió un nuevo frente de confrontación alrededor de su política contra los cultivos de uso ilícito al advertir que quienes obstaculicen la fumigación aérea deberían ser objeto de revisión por parte de la justicia de Estados Unidos.
La declaración fue hecha el 25 de septiembre, durante un acto relacionado con la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, requerido por la justicia estadounidense. En ese contexto, el mandatario vinculó directamente la oposición a la fumigación con la expansión del fenómeno del narcotráfico.
“Todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está de alguna manera ayudando a que ese fenómeno se extienda”, afirmó De la Espriella. Después agregó que esa conducta debía ser “revisada con detenimiento por la justicia norteamericana”.
El presidente fue todavía más lejos al sostener que quienes estuvieran obstaculizando la fumigación estarían “indirecta o directamente patrocinando” que las calles de Estados Unidos y otros países se llenaran de cocaína. En el mismo pronunciamiento insistió: “La fumigación va y lo voy a lograr”.
La afirmación generó cuestionamientos porque se produjo después de que jueces colombianos suspendieran el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio que el Gobierno pretendía poner en marcha en Putumayo.
Sin embargo, el presidente no identificó expresamente a los jueces como las personas que deberían ser investigadas en Estados Unidos. Su referencia fue a “todo aquel” que se oponga a la fumigación, incluidos funcionarios y particulares.
La controversia surge precisamente porque entre quienes han impedido temporalmente la ejecución del programa están autoridades judiciales. El 11 de septiembre, un juez de Puerto Asís ordenó suspender la aspersión aérea con glufosinato en Putumayo mientras se estudiaba una acción de tutela.
Posteriormente, el 22 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa mantuvo suspendido el plan piloto y ordenó que no se ejecutara hasta que el Gobierno acreditara el cumplimiento de requisitos ambientales, sanitarios y de participación de las comunidades.
El Gobierno, por su parte, no aceptó esa decisión y la impugnó. El Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes, presentó el recurso contra el fallo de la jueza de Mocoa.
La disputa, por tanto, no se limita a la conveniencia de utilizar herbicidas para erradicar cultivos de coca. También enfrenta al Ejecutivo con el control judicial sobre una política pública que puede tener efectos ambientales, sanitarios y sobre comunidades rurales.
El Gobierno había autorizado el plan piloto mediante la Resolución 007 de 2026 del Consejo Nacional de Estupefacientes. La estrategia busca retomar la aspersión aérea, suspendida desde 2017, pero utilizando glufosinato de amonio en lugar de glifosato.
La decisión judicial de Mocoa señaló precisamente que antes de ejecutar el piloto debían acreditarse condiciones relacionadas con la protección ambiental, la salud y la participación comunitaria. El debate, entonces, no consiste jurídicamente en una prohibición definitiva de la fumigación, sino en si el Gobierno puede ejecutarla mientras cumple esos requisitos.
La declaración presidencial adquiere una dimensión adicional por el discurso que el propio De la Espriella había pronunciado días antes sobre la relación entre su Gobierno y la Rama Judicial.
El 13 de septiembre, en una alocución televisada, el presidente aseguró que las decisiones judiciales serían respetadas y que las órdenes vigentes serían cumplidas. Al mismo tiempo, anunció que su Gobierno utilizaría todos los mecanismos jurídicos disponibles para controvertir aquellas decisiones que, a su juicio, interfirieran con competencias constitucionales del Ejecutivo.
En esa intervención, De la Espriella se refirió expresamente a la decisión que había suspendido provisionalmente la aspersión aérea en Putumayo. Dijo que la controversia no era una pelea personal con los jueces, sino una “discusión institucional”.
La tensión entre ambos pronunciamientos es evidente. Primero, el presidente aseguró que respetaría la independencia judicial y que controvertiría los fallos mediante los mecanismos establecidos por la ley. Días después, afirmó que quienes se opusieran a la fumigación podrían estar contribuyendo a la expansión del narcotráfico y planteó que sus actuaciones fueran revisadas por la justicia estadounidense.
La diferencia entre ambos episodios está también en el destinatario. En su alocución institucional, De la Espriella habló directamente de las decisiones judiciales y de la separación de poderes. En su declaración sobre la fumigación, en cambio, no mencionó expresamente a jueces ni magistrados, aunque sus palabras fueron pronunciadas cuando decisiones judiciales mantenían frenado el programa.
Por eso, calificar la declaración como una amenaza directa contra los jueces requiere una precisión que el propio contenido de las palabras no permite omitir. Lo que sí está documentado es que el presidente señaló a funcionarios y particulares que obstaculizaran la fumigación y planteó que sus actuaciones fueran examinadas por la justicia estadounidense.
La controversia también llega en un momento en que el Gobierno intenta recomponer su política antinarcóticos alrededor de la aspersión aérea. En septiembre, De la Espriella había anunciado ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Colombia volvería a fumigar y que ambos países trabajarían conjuntamente contra las organizaciones del narcotráfico.
El escenario plantea así una discusión que trasciende el uso del glufosinato. Está en juego el límite entre la decisión política del Ejecutivo, el control constitucional y judicial de esa decisión y el alcance de las declaraciones presidenciales cuando una política de seguridad es frenada por los tribunales.
Mientras el Gobierno sostiene que la fumigación es necesaria para combatir las rentas de los grupos armados y reducir los cultivos ilícitos, los jueces han exigido que se cumplan previamente las condiciones establecidas para proteger derechos y prevenir riesgos. La respuesta del Ejecutivo ha sido impugnar los fallos y defender sus competencias por las vías jurídicas.
El episodio deja, por ahora, una paradoja política: el mismo presidente que a comienzos de septiembre aseguró que protegería celosamente la independencia judicial y que las decisiones de los jueces serían respetadas enfrenta ahora cuestionamientos por haber advertido que quienes obstaculicen una de sus políticas centrales podrían quedar bajo el escrutinio de la justicia de Estados Unidos.
