La afirmación del procurador general, Gregorio Eljach, de que en Colombia “no iba a haber elecciones” y de que el programa Paz Electoral ayudó a que finalmente se realizaran los comicios abrió una controversia que va más allá de la disputa política. El debate se concentra en la evolución de su propio discurso y en las diferencias entre lo que advirtió antes de las elecciones y lo que afirmó después de que estas ya habían terminado.
La cronología muestra que, en una primera etapa, Eljach describió un escenario de preocupación institucional. Habló de polarización, incertidumbre y tensiones alrededor de las garantías electorales, pero sus intervenciones públicas estaban orientadas a defender el cumplimiento del calendario y a transmitir confianza en las instituciones.
Fue en ese contexto que surgió Paz Electoral. El programa fue presentado como una estrategia preventiva y comunicacional para reducir la tensión política, promover mensajes de respeto institucional y evitar que la confrontación derivara en una crisis que afectara la confianza ciudadana en las elecciones.
En febrero, Eljach se refirió a una “incertidumbre muy fuerte” alrededor del proceso electoral. Entre los factores que mencionó estaban los cuestionamientos del entonces presidente Gustavo Petro a la Registraduría y el ambiente político generado por la discusión sobre una eventual Asamblea Constituyente.
Pero incluso en ese momento, la advertencia tenía un límite claro. El procurador no afirmó públicamente que existiera una decisión, una operación o un plan específico para cancelar o impedir las elecciones. Su preocupación estaba formulada en términos de riesgos institucionales y políticos, no como la denuncia de una conspiración o una orden concreta contra los comicios.
La diferencia es fundamental porque, meses después, el relato cambió de escala. Eljach ya no habló solamente de incertidumbre o de amenazas sobre la confianza electoral, sino que aseguró que “no iba a haber elecciones” y presentó a Paz Electoral como una de las razones por las cuales el país logró llegar finalmente a las urnas.
Entre ambas afirmaciones hay una distancia considerable. Una cosa es advertir sobre un ambiente político capaz de deteriorar las garantías democráticas; otra, mucho más grave, es sostener que las elecciones estaban destinadas a no realizarse.
La siguiente etapa de la cronología tampoco parece coincidir completamente con la interpretación posterior. Durante la campaña, la Procuraduría continuó participando en reuniones y espacios institucionales destinados a garantizar el normal desarrollo de los comicios, mientras Eljach insistía en que la prioridad era preservar la tranquilidad y combatir la desinformación.
En junio, cuando faltaban pocos días para la segunda vuelta presidencial, el procurador sostuvo que la desinformación constituía uno de los principales riesgos para el proceso. La afirmación contrastaba con la posterior tesis de que el peligro central era la eventual inexistencia misma de las elecciones.
En otro de sus pronunciamientos, Eljach pidió a los colombianos no dejarse llevar por discursos de odio y llamó a mantener la confianza en las instituciones. El énfasis estaba puesto en el clima político y en la convivencia democrática, no en una advertencia sobre una inminente suspensión del calendario electoral.
La contradicción se hizo todavía más evidente cuando, antes de la segunda vuelta, afirmó que estaban dadas las condiciones para vivir una jornada segura, democrática, transparente y en paz. Si existía una amenaza concreta que podía impedir la realización de las elecciones, esa declaración plantea una pregunta inevitable sobre el nivel de información que manejaba la Procuraduría.
Una posibilidad es que Eljach considere que las acciones institucionales ya habían neutralizado para entonces el riesgo y que, por esa razón, pudo afirmar que existían garantías. Pero esa explicación exige precisar la cronología: cuándo surgió exactamente la amenaza, cuáles fueron los hechos que llevaron a concluir que las elecciones no se realizarían y qué medidas concretas la desactivaron.
Hasta ahora, esas preguntas son centrales porque la frase posterior no identifica públicamente a los responsables de la supuesta amenaza. Tampoco precisa si se trataba de una decisión política, de una crisis institucional, de una situación de orden público o de un riesgo derivado de la confrontación entre distintas ramas y organismos del Estado.
El problema no es únicamente semántico. Si un procurador general conocía información creíble según la cual Colombia podía quedarse sin elecciones, se trataba de un asunto de enorme trascendencia pública. La Procuraduría tiene funciones preventivas y disciplinarias que le permiten intervenir frente a riesgos que comprometan el funcionamiento de las instituciones.
Por eso surgieron los reclamos para que Eljach presente las evidencias que sustentan su afirmación. Sus críticos sostienen que no basta con reivindicar retrospectivamente el éxito de Paz Electoral: es necesario explicar cuál era la amenaza y qué actuaciones específicas permitieron evitarla.
El programa, por su parte, sí puede ser entendido como una iniciativa de prevención institucional. En un ambiente de polarización y cuestionamientos mutuos, la coordinación entre la Procuraduría, la Registraduría y otros organismos podía contribuir a reducir tensiones y reforzar la confianza en el proceso.
Sin embargo, reconocer esa utilidad no resuelve la contradicción principal. La existencia de una estrategia para prevenir una crisis electoral no demuestra, por sí sola, que las elecciones estuvieran a punto de ser suspendidas o que existiera un escenario inevitable en el que “no iba a haber elecciones”.
Eljach también enfrenta un problema de consistencia narrativa. Antes de los comicios, su mensaje público fue esencialmente tranquilizador: había riesgos, pero las instituciones estaban trabajando y existían condiciones para votar. Después de los comicios, el relato se transformó en uno de salvamento institucional, en el que Paz Electoral aparece como un elemento decisivo para evitar un desenlace mucho más grave.
Ese cambio permite dos interpretaciones. La primera es que el procurador está revelando ahora una amenaza que no podía o no quiso hacer pública en el momento en que ocurrió. La segunda es que está elevando, después de los hechos, el alcance del riesgo para reivindicar el éxito de una estrategia institucional.
La diferencia entre ambas interpretaciones solo puede resolverse con información verificable. Eljach tendría que explicar qué sabía, cuándo lo supo, qué autoridades fueron informadas y qué acciones concretas adoptó la Procuraduría en el marco de Paz Electoral.
Mientras eso no ocurra, la frase seguirá siendo objeto de controversia. La cronología de sus declaraciones deja una secuencia difícil de ignorar: primero habló de incertidumbre, después de prevención y garantías, luego aseguró que estaban dadas las condiciones para votar y, finalmente, afirmó que las elecciones no se habrían realizado sin la intervención institucional.
Así, el debate sobre Paz Electoral terminó convirtiéndose en un debate sobre la responsabilidad de quienes ocupan las principales instituciones de control. Si la amenaza era real y concreta, el país necesita saber cuál fue; si no lo era, Eljach tendrá que explicar por qué presentó posteriormente un escenario tan distinto al que describió ante los colombianos durante la campaña electoral.
