El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó el nombramiento de Augusto José Illidge Pimienta como superintendente delegado para el Sector Defensa, código 1-2, grado 23, dentro de la Delegatura para la Operación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada – Supervigilancia. La designación quedó formalizada mediante la Resolución 20263100062037CS, publicada el 24 de septiembre de 2026.
El nombramiento había sido anticipado dos días antes por CAMBIO, que informó que la hoja de vida de Illidge estaba en trámite para llegar a una de las áreas encargadas de regular y controlar a las empresas de vigilancia, escoltas y otros servicios de seguridad privada. La entidad finalmente confirmó su llegada el 24 de septiembre.
El elemento que puso el nombramiento bajo escrutinio político es el vínculo familiar de Illidge con el presidente. Augusto José es hermano de Yoly Beatriz Illidge Pimienta, quien fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella. Por esa razón, en el lenguaje periodístico se le ha denominado “excuñado” del mandatario, aunque técnicamente se trata del hermano de su exesposa.
La relación familiar no es el único nexo que aparece en los antecedentes públicos. CAMBIO informó que Yoly Beatriz fue además cofundadora de De la Espriella Lawyers y que trabajó en una notaría perteneciente a Abelardo de la Espriella Juris, padre del actual presidente.
El nombramiento de Augusto se produjo pocas semanas después de que su hermana también llegara a un cargo directivo del Estado. En agosto de 2026, Yoly Beatriz Illidge fue designada superintendente delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro. La propia entidad la registra actualmente en ese cargo.
De esta manera, dos hermanos de la misma familia terminaron ocupando cargos de nivel directivo en dos superintendencias distintas durante los primeros meses de la administración De la Espriella. Uno en el sector de vigilancia y seguridad privada y la otra en el área de tierras y formalización de la propiedad.
El vínculo familiar, sin embargo, no demuestra por sí mismo una irregularidad jurídica. Función Pública ha señalado que el artículo 126 de la Constitución limita los nombramientos de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Pero también ha sostenido que, cuando termina el vínculo matrimonial, desaparece el parentesco por afinidad con los familiares de la expareja. En un concepto de 2021 concluyó que un alcalde puede nombrar a un “ex cuñado” porque la ruptura del matrimonio elimina ese vínculo de afinidad.
Esa precisión significa que el hecho de que Illidge sea hermano de la exesposa del presidente no basta para afirmar que su nombramiento esté prohibido por nepotismo. La discusión, por tanto, pasa de la existencia de un parentesco a las circunstancias concretas de la selección, el mérito acreditado y el procedimiento utilizado para escogerlo.
La hoja de vida publicada por la propia Supervigilancia muestra que Illidge es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en Derecho Administrativo. La entidad sostiene que cuenta con más de 15 años de experiencia en asuntos administrativos, contractuales y jurídicos.
Antes de llegar a la Supervigilancia, Illidge tuvo experiencia en varias entidades estatales. Según su trayectoria oficial y la información publicada por la entidad, pasó por el Ministerio del Deporte, la antigua Autoridad Nacional de Televisión y la Agencia Nacional de Tierras. CAMBIO también reportó esa secuencia laboral.
Uno de los contratos verificables corresponde a Coldeportes en 2019. El contrato 000057, suscrito el 20 de febrero de ese año, tuvo un valor inicial de $82.666.667 y estableció como objeto la prestación de servicios profesionales al Grupo Interno de Trabajo de Contratación, en procesos de selección desde la planeación hasta la liquidación de contratos y convenios.
En 2022 volvió a trabajar para el Ministerio del Deporte. El contrato CD-45-2022 estuvo relacionado con servicios profesionales como abogado para apoyar el ciclo de proyectos de inversión pública de la Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte y tuvo un valor de $90 millones, según los registros contractuales consultados previamente.
Para 2023, su trayectoria aparece vinculada a la Agencia Nacional de Tierras, donde ejerció como contratista de la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica. El contrato identificado tuvo un valor inicial de $92,3 millones y estuvo relacionado con seguimiento, revisión y desarrollo de la gestión contractual.
Esos contratos permiten identificar al menos $264,9 millones en valores iniciales en tres contratos estatales localizados entre 2019 y 2023. La cifra no debe confundirse con el total histórico que el Estado le haya pagado, porque no incluye eventuales contratos adicionales ni permite establecer por sí sola el valor efectivamente desembolsado.
La trayectoria conocida, por tanto, no corresponde a la de una persona sin experiencia en la administración pública. Su perfil está concentrado en el derecho administrativo, la contratación y la gestión jurídica, áreas que tienen relación con las funciones que desarrolla la Delegatura para la Operación de la Supervigilancia. La propia entidad presentó su llegada como la de un abogado que asume una de sus áreas más importantes.
El cargo al que llegó tampoco es puramente protocolario. La Delegatura para la Operación interviene en asuntos relacionados con el funcionamiento y la gestión del sector de vigilancia y seguridad privada, una actividad regulada por el Estado que incluye empresas de vigilancia y servicios de escolta, entre otros. CAMBIO destacó precisamente ese alcance al informar sobre el nombramiento.
La forma en que se produjo la selección es, sin embargo, uno de los puntos que permanecen bajo escrutinio. La hoja de vida de Illidge fue publicada por la Supervigilancia el 4 de septiembre de 2026, veinte días antes de que se formalizara el nombramiento.
CAMBIO señaló que, al momento de publicar su información, no estaba claro si la hoja de vida de Augusto Illidge había llegado a través del Banco de Talentos impulsado por el nuevo Gobierno. La propia nota recordó que De la Espriella había anunciado ese mecanismo para identificar perfiles destinados a cargos públicos. Hasta ahora, no aparece en las fuentes oficiales consultadas una confirmación de que Illidge haya sido seleccionado específicamente mediante ese procedimiento.
También existe un antecedente sobre las declaraciones de conflicto de interés. CAMBIO informó que revisó 16 declaraciones asociadas a los contratos estatales de los hermanos Illidge y encontró que no aparecían allí los nombres de familiares, salvo una declaración de Yoly Beatriz en la que identificó a sus padres. Ese hallazgo, por sí mismo, no prueba una omisión irregular, pero sí plantea una pregunta sobre cómo se reportaron los vínculos familiares en los diferentes procesos administrativos.
El nombramiento de Augusto Illidge deja así una historia con dos dimensiones que conviene mantener separadas. Por un lado, existe una trayectoria profesional estatal verificable, especialmente en áreas jurídicas y contractuales, que la Supervigilancia presenta como sustento de su llegada al cargo. Por otro, existe un vínculo familiar directo con el presidente y la simultánea llegada de su hermana a otra superintendencia, un hecho que explica el escrutinio público sobre la designación. La evidencia disponible permite documentar ambas circunstancias, pero no basta por sí sola para concluir que el nombramiento sea ilegal o que haya sido producto de nepotismo.
