La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, abrió una nueva incógnita alrededor del expediente que la Fiscalía mantiene contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, cercano al entorno político del presidente Rodrigo Paz.
Mariaca fue detenido el 30 de septiembre durante un operativo policial que alcanzó también a otros funcionarios del Ministerio Público. Las autoridades bolivianas anunciaron la captura de 14 personas y presentaron el procedimiento como una operación contra una presunta estructura dedicada a proteger actividades de narcotráfico.
La captura ocurrió apenas dos días después de que Estados Unidos revocara la visa de Mariaca y lo señalara por presuntamente recibir sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. El fiscal negó las acusaciones.
Antes de ser detenido, Mariaca había respondido públicamente a Washington. El fiscal calificó la decisión estadounidense como una forma de injerencia y presión política y defendió la autonomía de las investigaciones que adelantaba el Ministerio Público boliviano.
Entre esas investigaciones mencionó expresamente la relacionada con Cerimedo. Mariaca sostuvo que las actuaciones de la Fiscalía continuarían pese a las presiones y que su institución no podía detener sus investigaciones por decisiones adoptadas desde otro país.
La secuencia temporal es el primer elemento que explica la controversia: el 28 de septiembre Washington sancionó a Mariaca; ese mismo contexto llevó al fiscal a defender las investigaciones que tenía abiertas; y el 30 de septiembre terminó detenido.
Esa cronología, sin embargo, no demuestra por sí misma que exista una relación causal entre la decisión de Estados Unidos, la captura de Mariaca y el futuro del proceso contra Cerimedo.
Las autoridades bolivianas tienen otra explicación. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó a Mariaca de encabezar una organización criminal dentro del Ministerio Público que habría protegido a narcotraficantes y facilitado operaciones relacionadas con el crimen organizado.
Uno de los nombres que aparece en las acusaciones es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Oviedo sostuvo que Mariaca habría participado en actuaciones relacionadas con Marset cuando era fiscal departamental de Santa Cruz, incluida la presunta devolución de bienes incautados al narcotraficante.
Durante el operativo también fueron incautados, según las autoridades, más de 300.000 dólares que supuestamente provenían de actividades de extorsión. El Gobierno utiliza ese hallazgo como parte de los elementos que sustentan sus acusaciones contra Mariaca.
Mariaca, por su parte, había rechazado previamente los señalamientos de Estados Unidos. Su defensa pidió que se respetara el debido proceso y la Fiscalía boliviana denunció públicamente la manera en que se desarrolló el procedimiento.
La operación también incluyó allanamientos en instalaciones de la Fiscalía. Funcionarios denunciaron que algunos procedimientos se realizaron sin que se les exhibieran las órdenes correspondientes, una acusación que deberá ser contrastada con las actuaciones judiciales.
Mientras Mariaca era apartado de la conducción del Ministerio Público, Cerimedo permanecía detenido en Bolivia. El consultor argentino es investigado por varios hechos, entre ellos un presunto intento de feminicidio y delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y lavado de activos, según reportes publicados sobre el caso.
El caso de Cerimedo tiene además una dimensión política. El argentino fue presentado como asesor de Rodrigo Paz y tuvo participación en actividades relacionadas con su entorno, aunque el propio presidente ha buscado delimitar públicamente el alcance de esa relación.
Por eso la investigación adquirió una sensibilidad particular: el Ministerio Público encabezado por Mariaca investigaba a un consultor vinculado políticamente con el Gobierno de Paz, mientras el propio Gobierno terminó encabezando una operación contra el fiscal general.
Esa circunstancia tampoco permite concluir que Paz haya intervenido para favorecer a Cerimedo. La detención de Mariaca está sustentada por el Gobierno en acusaciones de narcotráfico, corrupción y organización criminal que deberán ser examinadas por las autoridades judiciales.
Hay, además, un elemento internacional. Según el Gobierno boliviano, información proporcionada por la DEA estadounidense contribuyó al operativo que terminó con la detención de Mariaca y otros funcionarios.
La participación estadounidense adquiere importancia porque la detención ocurrió inmediatamente después de las sanciones de Washington. Estados Unidos ya había señalado a Mariaca por presuntos vínculos con redes de corrupción y narcotráfico y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó públicamente la ofensiva boliviana contra el crimen organizado.
Bolivia, además, atraviesa un acercamiento político y de seguridad con Estados Unidos desde la llegada de Rodrigo Paz al poder. El Gobierno boliviano se incorporó en marzo de 2026 al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional impulsada por Washington para combatir el crimen organizado transnacional.
En ese nuevo escenario, la caída de Mariaca deja una pregunta institucional inmediata: ¿quién asumirá ahora la conducción de las investigaciones que estaban bajo su administración?
La Fiscalía General informó que, ante la ausencia de Mariaca, Luis Montaño Morales asumiría de manera interina como fiscal general por ser el fiscal superior con mayor antigüedad dentro de la institución. La designación de un nuevo titular deberá seguir posteriormente el procedimiento correspondiente.
El cambio de conducción no implica automáticamente que la investigación contra Cerimedo desaparezca. Las actuaciones y pruebas incorporadas al expediente mantienen su existencia jurídica independientemente de quién ocupe temporalmente la jefatura del Ministerio Público.
Pero sí puede modificar el contexto en el que avanza el proceso. Una nueva conducción tiene capacidad para revisar prioridades, equipos, actuaciones y decisiones adoptadas durante la administración anterior, dentro de los límites establecidos por la legislación boliviana.
Ahí se encuentra uno de los puntos que deberán observarse en los próximos días: si el nuevo Ministerio Público mantiene la misma estrategia frente a Cerimedo, si introduce cambios en el expediente o si algunas de las actuaciones impulsadas durante la gestión de Mariaca son objeto de revisión.
También será necesario establecer qué investigaciones adelantaba Mariaca que podían afectar políticamente a funcionarios o personas relacionadas con el Gobierno. Por el momento, la existencia de esas pesquisas no permite afirmar que su captura haya tenido como objetivo detenerlas.
La controversia se vuelve más compleja porque las dos versiones sobre Mariaca chocan frontalmente. Para el Gobierno boliviano, se trata de un funcionario que habría utilizado su posición para proteger redes criminales; para el propio Mariaca, las acusaciones estadounidenses formaban parte de una presión relacionada con investigaciones sensibles.
El caso Cerimedo queda así en medio de una disputa que involucra justicia, narcotráfico, cooperación internacional y poder político. La salida del fiscal que públicamente defendió esa investigación no determina su resultado, pero sí cambia el escenario institucional en el que deberá continuar.
La cronología permite establecer varios hechos: Mariaca encabezaba el Ministerio Público que investigaba a Cerimedo; Washington le retiró la visa; el fiscal rechazó las acusaciones y denunció presiones; dos días después fue detenido; y el operativo recibió, según el Gobierno boliviano, información de la DEA.
Lo que todavía no puede establecerse es que esos acontecimientos formen parte de una misma operación destinada a favorecer a Cerimedo. Tampoco existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que Estados Unidos o el Gobierno de Paz hayan ordenado la detención de Mariaca con ese propósito.
La pregunta que queda abierta es más concreta y verificable: ¿qué ocurrirá con la investigación contra Fernando Cerimedo después de que el fiscal general que defendía públicamente su continuidad haya sido detenido tras ser señalado por Estados Unidos?
La respuesta dependerá de las actuaciones del nuevo Ministerio Público, de los tribunales bolivianos y de la evolución de las causas contra Mariaca y Cerimedo. Allí estará la evidencia que permitirá determinar si la caída del fiscal fue solamente el resultado de las acusaciones de corrupción y narcotráfico formuladas contra él o si también terminará alterando el curso de una investigación que toca directamente al entorno político del presidente Rodrigo Paz.
