El enfrentamiento entre el vicepresidente José Manuel Restrepo y el expresidente Gustavo Petro por el rumbo de la economía volvió a poner sobre la mesa una discusión que trasciende las diferencias ideológicas: hasta dónde puede llegar el Gobierno de Abelardo de la Espriella con su promesa de austeridad cuando el déficit fiscal le imponen decisiones que podrían parecerse a las de su antecesor.
El último choque comenzó el 30 de septiembre, durante el Congreso de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi. Allí Restrepo calificó de “estúpida o ideológica” la teoría del decrecimiento defendida por Petro y sostuvo que esa visión no tendría lugar en el nuevo Gobierno.
Para Restrepo, la alternativa es el crecimiento económico sustentado en un Estado eficiente, energía, talento e inversión. Al día siguiente, Petro respondió que el decrecimiento no está pensado para países pobres y defendió una reducción del consumo suntuario y de bienes asociados a los hidrocarburos.
El intercambio terminó trasladándose del debate sobre crecimiento y sostenibilidad a las cuentas públicas. Restrepo acusó al anterior Gobierno de haber generado un crecimiento basado en gasto público y de haber dejado, según su lectura, un deterioro de la inversión privada. También cuestionó las cifras de empleo y habló de burocracia estatal, derroche, déficit y sobreendeudamiento.
El problema es que la administración de De la Espriella enfrenta ahora una situación fiscal que limita la posibilidad de diferenciarse completamente de las herramientas utilizadas por otros gobiernos. El Banco de la República advirtió que el ajuste deberá continuar y profundizarse durante varios años para preservar la estabilidad macroeconómica.
El dato más preocupante está en la diferencia entre las cuentas previstas inicialmente y la actualización presentada para 2027. El Marco Fiscal contemplaba un déficit del Gobierno Nacional Central de 4,5 % del PIB y una deuda neta de 58,9 %, pero el Plan Financiero actualizado elevó esas cifras a 9,4 % y 66,2 %, respectivamente.
Esa modificación es uno de los argumentos centrales del Gobierno para explicar por qué el presupuesto de 2027 terminó siendo mucho mayor que el proyecto presentado inicialmente. El monto revisado asciende a $634,9 billones, $59,3 billones más que la propuesta original.
Pero el aumento tampoco puede interpretarse simplemente como una expansión discrecional del gasto. De esos $59,3 billones adicionales, $37,4 billones corresponden al incremento del servicio de la deuda. En total, el proyecto contempla $155,4 billones para atender obligaciones financieras.
Es decir, una parte importante del mayor presupuesto no representa dinero disponible para nuevas políticas, sino recursos destinados a cubrir compromisos financieros. Precisamente por eso el debate fiscal no puede reducirse a comparar el tamaño de los presupuestos de Petro y De la Espriella.
La dificultad está en cómo financiar el desequilibrio. El Gobierno ha anunciado un plan de racionalización del gasto, pero las dimensiones del déficit hacen que el ajuste no pueda resolverse únicamente mediante recortes administrativos. El Banco de la República ha señalado que será necesario mantener el esfuerzo fiscal durante varios años.
Mientras tanto, el Gobierno ya comenzó a explorar una herramienta que durante la campaña y el discurso de austeridad podía parecer contradictoria: acudir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. De la Espriella ordenó a su equipo económico abrir conversaciones con el organismo y Hacienda confirmó la solicitud de una misión técnica. No existe, sin embargo, un acuerdo de financiación con el FMI.
El endeudamiento tampoco es una posibilidad remota. Reuters reportó que las necesidades de financiación previstas para 2027 alcanzarían unos US$71.700 millones, más del doble de lo contemplado inicialmente. El Gobierno busca así enfrentar un escenario de mayores necesidades de recursos mientras intenta contener el déficit.
Allí aparece otra herramienta que puede terminar siendo necesaria: la refinanciación de deuda. Frente a los vencimientos de TES, el Estado puede realizar operaciones de manejo de deuda, como canjes o roll-over, para trasladar obligaciones hacia plazos posteriores. Esto no equivale necesariamente a conseguir recursos nuevos para gastar, sino a administrar las necesidades de caja y los vencimientos.
Por eso, decir que De la Espriella “terminará haciendo lo mismo que Petro” sería una conclusión prematura. Lo que sí puede afirmarse es que las restricciones fiscales reducen el margen para escoger libremente las herramientas de financiación. Endeudamiento, refinanciación de títulos y búsqueda de financiación externa son mecanismos que trascienden la ideología de cada Gobierno.
Una eventual reforma tributaria constituye un asunto todavía más abierto. El Gobierno ha insistido en que el ajuste debe concentrarse en el gasto, mientras que los análisis fiscales plantean una combinación de mayores ingresos y menores gastos. Por ahora no existe base para afirmar que De la Espriella necesariamente tendrá que subir los impuestos, pero tampoco puede descartarse como una de las alternativas de mediano plazo si el ajuste del gasto resulta insuficiente.
El escenario adquiere otra dimensión cuando se contrasta la gravedad fiscal denunciada por el Gobierno con algunos de sus propios gastos. Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el uso de aeronaves oficiales por parte del presidente.
Una respuesta del Ministerio de Defensa conocida después de una tutela reportó 103 desplazamientos aéreos presidenciales durante el periodo analizado, con un costo superior a $1.117 millones. Según la información divulgada, 64 trayectos duraron menos de diez minutos y 36 tuvieron recorridos de menos de cinco minutos.
Algunos de esos desplazamientos correspondieron a trayectos entre el aeropuerto de Barranquilla y la sede deportiva del Atlético Junior. El dato generó críticas políticas porque el Gobierno llegó al poder con un discurso de reducción del gasto y porque el propio Restrepo había cuestionado durante la campaña el uso de helicópteros oficiales por parte de la anterior vicepresidenta Francia Márquez.
El costo de esos vuelos, por sí solo, no demuestra que exista una irregularidad: los desplazamientos presidenciales pueden obedecer a razones de seguridad y logística. La discusión relevante es otra: si cada operación resulta proporcional a su necesidad y si el Gobierno puede justificar ese gasto mientras exige un ajuste fiscal de varios años.
Algo parecido ocurre con la utilización de una sede alterna del Gobierno en Barranquilla. La administración presentó la reunión del Consejo de Ministros realizada en el Batallón Paraíso como parte de la decisión de gobernar desde las regiones. La discusión sobre austeridad dependerá, entre otros factores, de cuánto costaron esas operaciones y qué resultados concretos produjeron.
También está el contrato de $773,5 millones del Departamento Administrativo de la Presidencia con Magneto Global S.A.S. para servicios especializados de búsqueda y evaluación de candidatos. El contrato tiene una duración aproximada de tres meses y contempla herramientas tecnológicas, búsqueda de perfiles, pruebas y apoyo a la gestión de talento humano.
El caso resulta particularmente relevante porque el propio Dapre tiene funciones relacionadas con selección, gestión del talento y trámites asociados a nombramientos. Eso no significa que la contratación de Magneto sea necesariamente innecesaria: el Gobierno puede argumentar que está comprando tecnología, capacidad de búsqueda y evaluación especializada. Pero sí plantea una pregunta sobre el valor agregado que obtiene el Estado por esos $773,5 millones.
La tensión aumenta porque Magneto participó durante la transición gubernamental en el Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, que recibió cientos de miles de hojas de vida. El contrato actual incluye la posibilidad de reactivar perfiles previamente registrados en las bases de datos de la empresa. La pregunta que queda abierta es cuánto del servicio contratado corresponde a una nueva búsqueda y cuánto puede apoyarse en capacidades y bases construidas durante la transición.
Así, el enfrentamiento de Restrepo con Petro termina chocando con una realidad menos ideológica y más aritmética. El Gobierno puede defender un modelo basado en crecimiento, inversión privada, reducción de trámites y eficiencia estatal, pero al mismo tiempo debe enfrentar un déficit potencial de 9,4 % del PIB, una deuda neta proyectada de 66,2 % y necesidades de financiación crecientes.
La verdadera prueba de la promesa de austeridad, por tanto, no será solamente cuánto recorte el Gobierno, sino qué gastos decide preservar, cuáles elimina y cómo financia las obligaciones que ya existen. Si termina recurriendo a deuda, refinanciaciones, financiación multilateral y eventualmente mayores ingresos tributarios, no significará necesariamente que haya adoptado la política económica de Petro; sí demostrará que las restricciones fiscales pueden obligar incluso a un Gobierno que llegó prometiendo una ruptura a utilizar instrumentos que antes cuestionaba.
