La apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén provocó una condena diplomática conjunta de 20 países, que instaron al Gobierno de Abelardo de la Espriella a reconsiderar y revertir la decisión. Los firmantes argumentaron que el traslado contradice resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dificulta los esfuerzos internacionales para alcanzar una solución de dos Estados al conflicto entre israelíes y palestinos.
La declaración fue divulgada el viernes 16 de octubre, dos días después de la inauguración de la sede diplomática colombiana en Jerusalén. Inicialmente, el pronunciamiento fue suscrito por los ministros de Exteriores de 19 países árabes y de mayoría musulmana. Posteriormente, Sudáfrica anunció que se sumaba al rechazo, con lo que el grupo llegó a 20 países, según el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación sudafricano.
Los gobiernos que suscribieron la declaración inicial fueron Arabia Saudita, Argelia, Catar, Egipto, Indonesia, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Palestina, Somalia, Sudán, Siria, Türkiye, Yemen y Yibuti. Sudáfrica se incorporó posteriormente.
En el comunicado, los ministros expresaron su rechazo categórico a la inauguración de la embajada colombiana y sostuvieron que la decisión afecta los esfuerzos por alcanzar una paz justa y duradera, basada en el reconocimiento de dos Estados. También pidieron al Gobierno colombiano cumplir sus obligaciones internacionales y evitar medidas que, a su juicio, perjudiquen los derechos del pueblo palestino.
Las resoluciones de Naciones Unidas
Uno de los principales argumentos de los países firmantes es que la decisión colombiana contradice las resoluciones 476 y 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobadas en 1980. Estas resoluciones rechazan las medidas dirigidas a modificar el carácter y el estatus de Jerusalén y establecen que los Estados deben retirar sus misiones diplomáticas de la ciudad.
Los ministros sostuvieron que las decisiones destinadas a alterar el estatus jurídico e histórico de Jerusalén o reconocerla como capital de Israel son nulas y carecen de efectos jurídicos. En su declaración, señalaron que Jerusalén Este forma parte del territorio palestino ocupado en 1967 y reiteraron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén Este como capital.
La controversia responde a una disputa internacional de larga duración. Israel considera Jerusalén su capital, mientras que los palestinos reclaman Jerusalén Este como capital de su futuro Estado. La mayoría de los países mantiene sus embajadas en Tel Aviv y sostiene que el estatus definitivo de la ciudad debe resolverse mediante negociaciones.
Un giro en la política exterior colombiana
Colombia inauguró su embajada en Jerusalén el 14 de octubre, en una ceremonia encabezada por el canciller Omar Bula Escobar y su homólogo israelí, Gideon Sa’ar. La medida representa un cambio frente a la política del anterior Gobierno de Gustavo Petro, que rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 en rechazo a las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza.
La administración de De la Espriella restableció las relaciones diplomáticas con Israel y avanzó en la recuperación de los vínculos comerciales y de seguridad entre ambos países. El traslado de la embajada forma parte de ese acercamiento y ubica a Colombia entre el reducido grupo de países que han establecido su representación diplomática en Jerusalén.
La decisión también modifica la posición colombiana frente a una de las cuestiones más sensibles de la diplomacia de Oriente Medio. Al instalar su embajada en Jerusalén, el Gobierno adopta una postura que se aparta de la posición mantenida por la mayoría de la comunidad internacional, que considera que el estatus de la ciudad debe resolverse en el marco de un acuerdo entre israelíes y palestinos.
¿Habrá consecuencias diplomáticas?
La declaración de los 20 países constituye una condena diplomática coordinada y una petición explícita para que Colombia revierta la medida. Sin embargo, el comunicado no anuncia sanciones económicas, restricciones comerciales, ruptura de relaciones diplomáticas ni medidas contra los ciudadanos colombianos.
Tampoco supone una decisión de la Unión Europea. Los países firmantes emitieron una posición propia y no representan a las instituciones europeas, aunque el pronunciamiento coincide con la posición internacional que rechaza las modificaciones unilaterales del estatus de Jerusalén.
Por ahora, la principal consecuencia confirmada es la presión diplomática sobre Bogotá. El alcance de esa presión dependerá de la respuesta del Gobierno colombiano y de si otros países u organismos internacionales deciden pronunciarse o adoptar medidas adicionales.
La declaración deja planteado un interrogante para la política exterior colombiana: cómo mantendrá el Gobierno su decisión de trasladar la embajada y, al mismo tiempo, gestionará las relaciones con países que consideran que ese paso contradice las resoluciones de Naciones Unidas.
El Gobierno de De la Espriella deberá decidir si mantiene su posición o reconsidera la medida ante las objeciones planteadas. Por el momento, los 20 países han solicitado revertirla, pero no han anunciado un mecanismo de sanción para obligar a Colombia a hacerlo.
