La posibilidad de construir un muro entre Colombia y Venezuela generó una discusión sobre la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, la iniciativa anunciada por el mandatario no contempla levantar una estructura continua a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera compartida, sino instalar barreras físicas, obstáculos y sistemas de vigilancia en determinados pasos irregulares, conocidos como trochas. Aunque la medida busca dificultar las actividades de organizaciones criminales, también pone sobre la mesa una discusión que trasciende el control territorial: el abandono histórico del Estado en las regiones fronterizas.
El anuncio se produjo el 3 de noviembre de 2026, durante una visita presidencial al puente internacional Las Tienditas, en Norte de Santander. De la Espriella afirmó que había ordenado construir infraestructura de vigilancia y establecer barreras de control en sectores estratégicos de la frontera para impedir que las organizaciones criminales utilizaran libremente los pasos no autorizados. Según explicó, las obras civiles estarían acompañadas de labores de inteligencia y vigilancia a cargo de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia.
La declaración fue interpretada inicialmente como el anuncio de un muro fronterizo, una versión que posteriormente fue aclarada por analistas de la zona. William Gómez, analista de frontera, explicó que la propuesta no contempla separar físicamente a los dos países, sino intervenir determinados corredores utilizados para el tránsito irregular de personas y mercancías. Entre las alternativas mencionadas están la instalación de vallas, estructuras de contención y obstáculos, además del bloqueo de algunas trochas mediante maquinaria pesada.
La iniciativa está relacionada con la estrategia de seguridad que el Gobierno puso en marcha en Cúcuta a comienzos de noviembre. Durante la noche del 3 y la madrugada del 4 de noviembre, las autoridades desarrollaron la operación Némesis, que incluyó intervenciones en ocho comunas de la capital de Norte de Santander. El balance inicial de la Presidencia reportó 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones de extranjeros, mientras que la Fiscalía posteriormente actualizó a 111 el número de personas capturadas.
El operativo se presentó como parte de una ofensiva contra estructuras vinculadas con homicidios, extorsiones, narcotráfico, contrabando y otras actividades ilegales. También se anunció el fortalecimiento de la campaña militar y policial Esparta y la puesta en funcionamiento del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR). La estrategia busca recuperar el control institucional en sectores afectados por la criminalidad y reforzar la presencia de las autoridades en una zona que tiene una importancia estratégica por su ubicación y su relación económica con Venezuela.
No obstante, la discusión sobre las barreras físicas tiene una limitación que merece ser examinada: cerrar una trocha no significa eliminar las condiciones que permiten la existencia de esos pasos. En una frontera con una extensión superior a los 2.200 kilómetros, la intervención de determinados corredores puede dificultar temporalmente el tránsito por esos lugares, pero también puede provocar que las rutas se desplacen hacia otros sectores. La capacidad de adaptación de las organizaciones ilegales y la extensión del territorio hacen que el control no dependa exclusivamente de obstáculos físicos.
La experiencia de Norte de Santander permite entender esa dificultad. Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y los municipios de la zona metropolitana mantienen una relación histórica con las poblaciones venezolanas del estado Táchira. La frontera no representa únicamente una división territorial: también es un espacio de intercambio comercial, movilidad laboral, relaciones familiares y circulación de bienes y servicios. Durante décadas, la dinámica económica de la región ha estado estrechamente relacionada con lo que ocurre al otro lado de la línea limítrofe.
Esta realidad también permite comprender por qué las trochas no pueden analizarse exclusivamente desde una perspectiva criminal. Aunque algunas son utilizadas por organizaciones dedicadas al contrabando, el narcotráfico y otras actividades ilegales, los pasos informales también han respondido a necesidades de movilidad de las comunidades fronterizas. Miles de personas han construido sus relaciones familiares, laborales y comerciales alrededor de una frontera que históricamente ha tenido una integración económica y social que no siempre coincide con los mecanismos administrativos de control de los dos países.
El problema es que las políticas públicas suelen concentrarse en los efectos más visibles de esa realidad sin abordar necesariamente sus causas. La instalación de obstáculos puede impedir el tránsito por determinados lugares, pero no genera empleo, no mejora las vías rurales, no garantiza servicios de salud ni fortalece la capacidad de las instituciones locales. Tampoco elimina las redes de corrupción, financiación y distribución que permiten que las economías ilegales continúen funcionando. Si esas condiciones permanecen, el cierre de algunos corredores puede terminar trasladando las actividades a otros sectores.
El abandono institucional de las regiones fronterizas no es solamente una percepción de sus habitantes. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los proyectos de inversión para el desarrollo social y económico de las zonas de frontera reconoció que los 13 departamentos fronterizos y sus 76 municipios presentan disparidades socioeconómicas superiores al 30 % frente al promedio nacional. El documento también advirtió que la mayoría de los municipios fronterizos registra necesidades básicas insatisfechas por encima de la media del país y señaló la ausencia de una oferta institucional capaz de responder integralmente a las particularidades de esos territorios.
El mismo informe identificó problemas relacionados con la dispersión geográfica, las dificultades para garantizar la presencia continua del Estado y las deficiencias en servicios esenciales como salud, educación, agua y saneamiento. También advirtió sobre debilidades institucionales de las administraciones municipales y departamentales, que aumentan su vulnerabilidad frente a fenómenos como la corrupción y dificultan el aprovechamiento de los recursos públicos. Es decir, el propio Estado reconoce que las dificultades de las fronteras no se limitan a la presencia de grupos armados o al tránsito ilegal de mercancías.
Dentro de ese panorama, Norte de Santander tiene características particulares. Su relación con Venezuela ha convertido a la frontera en uno de los principales componentes de su economía, pero también ha expuesto al departamento a las consecuencias de las crisis políticas, comerciales y diplomáticas entre los dos países. Los cierres fronterizos, las restricciones al intercambio y las dificultades para mantener relaciones institucionales estables han tenido repercusiones sobre comerciantes, transportadores, trabajadores y pequeños empresarios que dependen de esa integración.
La situación económica también refleja dificultades que van más allá de la seguridad. De acuerdo con el DANE, la tasa de desocupación de Norte de Santander fue del 11,3 % durante 2025, frente al 12,8 % registrado en 2024. Aunque hubo una reducción, el indicador sigue mostrando las dificultades del mercado laboral departamental. La tasa de ocupación fue del 52,9 %, lo que evidencia que una parte importante de la población en edad de trabajar continúa fuera del empleo.
A esas condiciones se suman las dificultades de los hogares para cubrir sus necesidades básicas. La Encuesta de Calidad de Vida de 2025, analizada por el diario La Opinión, encontró que al 39,8 % de los hogares de Norte de Santander no les alcanzaban sus ingresos para cubrir los gastos mínimos. Además, el 36,4 % de los hogares se consideraba pobre. Estas cifras muestran que el problema económico no puede reducirse a la actividad comercial de la frontera y que las condiciones de vida de la población requieren respuestas que van mucho más allá de los operativos de seguridad.
En ese contexto, la instalación de barreras físicas plantea una pregunta sobre las prioridades de inversión pública. El Gobierno deberá explicar cuánto costarán las obras, cuáles serán los puntos intervenidos, qué entidades estarán a cargo de su mantenimiento y qué resultados espera obtener. También tendrá que precisar cómo evitará que las restricciones afecten a las comunidades que utilizan esos corredores para actividades cotidianas. Hasta el momento, el anuncio presidencial no ha venido acompañado de un inventario público detallado de las trochas que serán intervenidas, un presupuesto consolidado ni un cronograma completo de ejecución.
La seguridad fronteriza, por supuesto, constituye una obligación del Estado. Las organizaciones criminales que operan en Norte de Santander representan una amenaza para las comunidades y aprovechan las dificultades de vigilancia para desarrollar actividades ilegales. La presencia del ELN y de otras estructuras armadas, así como las redes dedicadas al narcotráfico, la extorsión y el contrabando, exige una respuesta institucional. Sin embargo, enfrentar esas amenazas requiere investigaciones judiciales, inteligencia, cooperación entre autoridades y capacidad para desarticular las estructuras financieras y logísticas que sostienen esos negocios.
También es necesario considerar que las organizaciones criminales no dependen de una sola trocha para desarrollar sus actividades. Sus operaciones involucran redes de transporte, almacenamiento, comercialización, financiación y protección. Por eso, una política que se concentre en bloquear pasos físicos puede generar resultados puntuales, pero no necesariamente afectar el funcionamiento de esas estructuras. Si no se identifican y judicializan los responsables de las redes, el cierre de un corredor puede convertirse en un obstáculo temporal que los grupos ilegales intentarán superar mediante rutas alternativas.
La dimensión binacional es otro elemento que no puede quedar por fuera de la discusión. Colombia comparte con Venezuela una frontera que atraviesa regiones con características geográficas y sociales muy diferentes. El control de los pasos irregulares no puede depender únicamente de las decisiones adoptadas por Bogotá, porque las organizaciones criminales pueden operar en ambos lados del límite territorial. La cooperación entre las autoridades de los dos países resulta necesaria para intercambiar información, coordinar investigaciones, combatir el contrabando y perseguir estructuras que aprovechan las diferencias institucionales y jurisdiccionales.
Además, las medidas de control deben diferenciar entre las actividades criminales y la movilidad legítima de las comunidades. Una intervención indiscriminada puede afectar a habitantes que dependen del intercambio comercial, trabajadores que cruzan regularmente y familias que mantienen vínculos en ambos países. La frontera no puede convertirse en un espacio donde la respuesta a los problemas de seguridad termine imponiendo mayores dificultades a quienes desarrollan actividades legales. El desafío consiste en garantizar controles efectivos sin desconocer la integración histórica de las poblaciones limítrofes.
El problema tampoco es exclusivo de Norte de Santander. La Guajira, Cesar, Arauca, Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño y Chocó, entre otros territorios que comparten límites internacionales, enfrentan dificultades relacionadas con la distancia de los centros de decisión, la infraestructura, la prestación de servicios públicos y las oportunidades económicas. Cada departamento tiene una realidad geográfica y social distinta, pero las brechas de desarrollo y la necesidad de una presencia estatal permanente aparecen como problemas recurrentes. El reconocimiento de esas disparidades por parte de la Cancillería demuestra que se trata de una discusión nacional y no de una particularidad de la frontera con Venezuela.
La respuesta institucional debería partir de una política de desarrollo fronterizo que integre seguridad, infraestructura, educación, salud, empleo y fortalecimiento de las administraciones locales. No basta con desplegar uniformados en los sectores donde se identifican actividades ilegales si, una vez terminan los operativos, las comunidades continúan sin acceso suficiente a servicios básicos y oportunidades productivas. La presencia del Estado debe ser permanente y no limitarse a los momentos en que se anuncian ofensivas militares o intervenciones de alto impacto mediático.
En Norte de Santander, esa política tendría que considerar las necesidades de los municipios rurales, las dificultades de conectividad, la situación de los productores agrícolas y la recuperación de las actividades comerciales legales. También debería contemplar mecanismos para aprovechar la ubicación geográfica del departamento como una ventaja económica y no únicamente como un factor de riesgo de seguridad. La reactivación del intercambio formal con Venezuela, bajo controles aduaneros y sanitarios adecuados, puede formar parte de una estrategia que genere empleo y reduzca la dependencia de circuitos informales.
La discusión sobre el supuesto muro también debe incluir la participación de las autoridades territoriales y de las comunidades que conocen el funcionamiento de la frontera. Los alcaldes, la Gobernación, los comerciantes, los transportadores y las organizaciones sociales pueden aportar información sobre los corredores utilizados, las necesidades de movilidad y los efectos que podrían tener las restricciones. Una política diseñada sin considerar esas dinámicas corre el riesgo de trasladar los problemas de un lugar a otro o de generar consecuencias económicas para sectores que no tienen relación con las actividades criminales.
El Gobierno tiene la obligación de demostrar que las barreras anunciadas forman parte de una estrategia integral y que sus resultados podrán medirse más allá del número de pasos bloqueados o de uniformados desplegados. Para ello deberá establecer indicadores sobre reducción de delitos, desarticulación de organizaciones, judicialización de responsables, recuperación de mercancías y mejoramiento de las condiciones de seguridad. También tendrá que mostrar avances en inversión social, empleo, infraestructura y acceso a servicios públicos. Sin esos componentes, será difícil determinar si las obras modifican realmente las condiciones que afectan a las regiones fronterizas.
La discusión, por tanto, no debería limitarse a determinar si Colombia necesita un muro o si resulta conveniente cerrar determinadas trochas. El interrogante de fondo es por qué territorios con una ubicación estratégica para el comercio y la integración internacional continúan enfrentando brechas tan amplias frente al resto del país. La frontera no necesita únicamente obstáculos para impedir el paso de quienes delinquen; necesita carreteras, hospitales, escuelas, oportunidades laborales, instituciones fuertes y condiciones que permitan a sus habitantes desarrollar actividades económicas legales.
Cerrar las trochas puede hacer parte de una estrategia de seguridad, pero no reemplaza una política de desarrollo territorial. En Norte de Santander, donde la relación con Venezuela forma parte de la vida cotidiana de miles de personas, el control fronterizo debe ir acompañado de inversión pública, cooperación binacional y oportunidades económicas. De lo contrario, el Gobierno podrá mostrar caminos bloqueados y nuevos dispositivos de vigilancia, pero las condiciones sociales que alimentan la informalidad y facilitan la expansión de las economías ilegales seguirán presentes.
El verdadero desafío para el Estado colombiano no consiste en levantar un muro entre dos países, sino en construir una presencia institucional capaz de integrar sus regiones fronterizas al desarrollo nacional. Mientras la seguridad sea la principal razón por la que el Gobierno dirige su atención hacia esos territorios, y la inversión social continúe siendo insuficiente, las barreras físicas tendrán un alcance limitado frente a un problema que lleva décadas acumulándose.






