La confrontación política entre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el senador Iván Cepeda escaló al terreno judicial después de que el congresista anunciara que denunciará penalmente al funcionario por una serie de publicaciones difundidas desde la cuenta oficial del Ministerio del Interior en la red social X. La controversia gira alrededor del presunto uso de canales institucionales para cuestionar a un dirigente de la oposición y desacreditar sus actuaciones políticas.
El enfrentamiento se produjo el viernes 13 de noviembre, en medio de las críticas que surgieron alrededor del Fondo Milagro, una estructura creada para administrar recursos destinados a la reconstrucción después del terremoto del pasado 10 de agosto. La discusión tomó fuerza luego de conocerse que la nómina de este organismo alcanzaría los 765 millones de pesos mensuales para un equipo de 27 personas, situación que generó cuestionamientos sobre los costos administrativos y la utilización de los recursos.
Cepeda cuestionó los gastos asociados al Fondo Milagro y las decisiones del Gobierno alrededor de su funcionamiento. La respuesta llegó desde la cuenta institucional del Ministerio del Interior, donde se difundió un mensaje atribuido directamente a Ordóñez, quien lanzó fuertes señalamientos contra el senador y lo vinculó con los escándalos de corrupción que marcaron al gobierno de Gustavo Petro.
«Como decía mi abuela con toda la sabiduría del mundo: el ladrón juzga por su condición», expresó el ministro en la publicación. Posteriormente, cuestionó que Cepeda saliera a criticar el Fondo Milagro cuando, según su interpretación, había guardado silencio frente a los hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El pronunciamiento también incluyó referencias a la presunta compra de conciencias en el Congreso con recursos de esa entidad. Ordóñez cuestionó lo que consideró una doble moral del senador y terminó su mensaje preguntando quién era el verdadero hipócrita y sinvergüenza, trasladando la discusión sobre la administración de los recursos públicos a un enfrentamiento directo entre los dos dirigentes políticos.
La respuesta de Cepeda no se hizo esperar. El senador cuestionó los señalamientos del ministro y le recordó asuntos relacionados con las supuestas relaciones del presidente Abelardo de la Espriella con personas identificadas con los alias de Barbie y Boliche. Además, le planteó que podía recordarle periódicamente esos cuestionamientos para evitar que se olvidara del tema, en una respuesta que evidenció el tono de confrontación que había adquirido el intercambio.
Sin embargo, el episodio que terminó por desencadenar el anuncio de las acciones judiciales fue una segunda publicación realizada desde la cuenta del Ministerio del Interior. A las 2:47 de la tarde del viernes, la entidad difundió un montaje compuesto por ocho fotografías en las que aparece Cepeda junto a integrantes de las antiguas Farc y representantes del ELN, entre ellos Iván Márquez, Jesús Santrich, alias el Paisa y Pablo Beltrán.
Las imágenes corresponden a encuentros y actividades relacionados con los acercamientos y procesos de diálogo con organizaciones armadas ilegales, en los que Cepeda participó en diferentes momentos de su trayectoria política. El senador ha desarrollado labores de facilitación y acompañamiento de iniciativas de paz, por lo que cuestionó que esos registros fueran utilizados para construir una pieza destinada a desacreditar su actividad política.
El montaje fue acompañado por una pregunta dirigida directamente al congresista: «¿De esta ecuanimidad es que habla usted, senador Cepeda?». El mensaje apareció firmado por Alejandro Ordóñez Maldonado, en su condición de ministro del Interior, y fue publicado desde el canal oficial de la cartera, no desde una cuenta personal del funcionario.
La utilización de ese espacio institucional se convirtió en el centro de la controversia. Para Cepeda, una cuenta oficial del Estado tiene una finalidad diferente a la de servir como plataforma para resolver diferencias personales o protagonizar disputas políticas. Por esa razón, anunció que acudiría a las autoridades para solicitar que se investigara la conducta del jefe de la cartera del Interior.
El sábado 14 de noviembre, el senador confirmó que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, hostigamiento, calumnia y peculado por uso. También anunció una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación por el supuesto uso de bienes públicos para fines personales y por realizar actos de difamación contra otro servidor público.
«La cuenta oficial del Ministerio del Interior es un canal institucional del Estado colombiano, no una cuenta personal para que su titular tramite odios y obsesiones personales», manifestó Cepeda al explicar las razones de su decisión. El congresista sostuvo que los recursos y canales de comunicación de las entidades estatales deben estar al servicio del interés general y no de las controversias particulares de quienes ocupan temporalmente cargos en el Gobierno.
Entre los argumentos jurídicos expuestos por el senador aparece la Ley 2345 de 2023, conocida como la ley que establece disposiciones sobre la identidad visual, la publicidad y la comunicación institucional de las entidades estatales. Esta normativa contempla criterios para el manejo de la comunicación pública y establece que las cuentas institucionales deben responder a las funciones y objetivos de las entidades, no convertirse en instrumentos de promoción o confrontación personal.
Cepeda también invocó el artículo 209 de la Constitución Política, que establece los principios que deben orientar la función administrativa. Entre ellos se encuentran la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Este último argumento adquiere relevancia porque el cuestionamiento no está dirigido únicamente al contenido de las publicaciones, sino a la utilización de una plataforma financiada y administrada por una institución del Estado.
La discusión también plantea interrogantes sobre la eventual utilización de recursos públicos para elaborar y divulgar el montaje fotográfico. La administración de las cuentas institucionales requiere personal, infraestructura y herramientas de comunicación que forman parte del funcionamiento de las entidades. Por eso, será importante establecer quién elaboró el contenido, quién autorizó su publicación y bajo qué criterios se tomó la decisión de utilizar los canales del Ministerio para difundirlo.
El eventual peculado por uso, uno de los delitos mencionados por Cepeda, deberá ser evaluado por las autoridades a partir de los elementos que exige la legislación penal. La sola publicación de un mensaje polémico no demuestra automáticamente la existencia de una conducta delictiva. Será necesario establecer si hubo utilización indebida de bienes o recursos públicos y si se cumplen los demás requisitos legales para atribuir responsabilidad penal al funcionario.
En el ámbito disciplinario, la discusión tiene otra dimensión. Los servidores públicos están sujetos a deberes especiales en el ejercicio de sus funciones y no pueden disponer libremente de los recursos institucionales para satisfacer intereses ajenos al servicio. La Procuraduría tendría que determinar si las publicaciones desconocieron esos deberes y si el contenido difundido desde la cuenta del Ministerio tuvo alguna relación legítima con las competencias de la entidad.
El caso también adquiere relevancia por los antecedentes de Ordóñez frente al proceso de paz. Durante su gestión como procurador general fue uno de los principales opositores al Acuerdo firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en 2016, además de promover la campaña por el No durante el plebiscito. Su llegada al Ministerio del Interior ha estado acompañada de cuestionamientos a la política de paz y a diferentes actuaciones relacionadas con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La controversia, por lo tanto, no se limita a un intercambio de mensajes entre dos dirigentes con posiciones ideológicas opuestas. También pone sobre la mesa los límites de la comunicación gubernamental y la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de las plataformas institucionales. Una cosa es que un ministro cuestione a un senador desde sus espacios personales y otra que utilice la identidad y los canales de una entidad pública para hacerlo.
Por ahora, el anuncio de Cepeda abre un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y uno de los principales representantes de la oposición. La Fiscalía deberá estudiar los argumentos de la eventual denuncia penal y la Procuraduría tendrá que evaluar los aspectos disciplinarios. Ninguna de las conductas señaladas puede considerarse probada por el momento, pero el episodio deja un interrogante sobre la separación entre la comunicación del Estado y las disputas políticas de sus funcionarios.
El desenlace de este caso podría sentar un precedente sobre la utilización de las redes sociales institucionales por parte de los integrantes del Gobierno. La discusión de fondo será determinar si los canales oficiales pueden emplearse para controvertir, señalar o desacreditar a dirigentes de oposición y, en caso contrario, cuáles son las responsabilidades que deben asumir los funcionarios que utilicen recursos públicos para ese propósito.






