Un contrato por $400 millones suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) con la firma Dávila P&M S.A.S. abrió interrogantes sobre los criterios de selección de los proveedores del Gobierno y las relaciones profesionales y familiares de algunos de sus protagonistas. La empresa, que había prestado servicios a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, fue contratada para asesorar la estrategia de comunicación y posicionamiento de las misiones especiales del vicepresidente José Manuel Restrepo.
La contratación quedó registrada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) bajo el número 631-26, con identificador CO1.PCCNTR.10168067. El documento establece un valor de $400 millones y una duración de 52 días, con fecha de terminación prevista para el 31 de diciembre de 2026. El contrato fue firmado el 12 de noviembre y se financia con recursos del Presupuesto General de la Nación.
El objeto de la contratación está relacionado con el acompañamiento estratégico y comunicacional a las misiones especiales de la Vicepresidencia. En términos prácticos, la firma deberá asesorar al despacho de José Manuel Restrepo en el posicionamiento institucional de esas funciones, el relacionamiento con diferentes actores y la construcción de mensajes para comunicar las actividades y los proyectos a su cargo.
La información divulgada sobre el proceso señala que el contrato contempla 15 productos y entregables. Entre ellos aparecen actividades de planeación, elaboración de cronogramas, identificación de actores estratégicos, análisis de la conversación pública, medición de indicadores de posicionamiento y recomendaciones para la comunicación institucional. También se incluyen orientaciones sobre mensajes y vocería en escenarios de intervención pública.
El alcance de los servicios plantea una discusión sobre la utilización de recursos públicos para contratar asesorías externas destinadas a posicionar las funciones de un alto funcionario del Estado. Aunque la comunicación institucional hace parte de las actividades legítimas de las entidades públicas, resulta necesario establecer qué necesidades justificaron la contratación, cómo se calculó su valor y cuáles serán los resultados concretos que recibirá la ciudadanía.
Uno de los elementos que más llama la atención es el antecedente contractual de Dávila P&M con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Una investigación publicada por la revista Cambio el 6 de mayo de 2026 identificó que la empresa recibió aproximadamente $371 millones por concepto de honorarios relacionados con los servicios prestados durante la campaña. Esa relación también fue reportada por Caracol Radio.
La coincidencia adquiere relevancia porque la firma pasó de prestar servicios a una campaña presidencial a recibir un contrato con una dependencia del Gobierno nacional. Sin embargo, haber trabajado para una campaña política no constituye por sí mismo una inhabilidad para contratar con el Estado. El punto que debe esclarecerse es si la selección estuvo respaldada por criterios técnicos, experiencia acreditada, estudios de mercado y una justificación suficiente de la necesidad institucional.
Dávila P&M S.A.S. es una compañía dedicada a actividades de publicidad y marketing, con sede en Barranquilla. Su representante, María Patricia Dávila, también aparece en las informaciones periodísticas por su relación familiar con Manuel Fernández Ariza, quien fue nombrado presidente de Bancóldex durante el Gobierno. Fernández Ariza y Dávila están casados, según la información divulgada por Caracol Radio.
El nombramiento de Fernández Ariza en la presidencia de Bancóldex constituye otro elemento de contexto para examinar las relaciones empresariales y profesionales alrededor de la contratación. No obstante, no se ha acreditado que el funcionario haya intervenido en el proceso del DAPRE ni que su vínculo familiar haya determinado la escogencia de la empresa.
Otro nombre que aparece en el registro contractual es el de Rosalín Orozco Becerra, quien figura como ordenadora del gasto. Su trayectoria profesional también fue objeto de una investigación de la revista RAYA, que documentó sus antecedentes en el bufete De la Espriella Lawyers antes de su llegada a la administración pública. Orozco Becerra fue nombrada subdirectora general del DAPRE en agosto de 2026.
La coincidencia entre la trayectoria de la funcionaria, la relación de Dávila P&M con la campaña presidencial y el vínculo familiar de su representante con el presidente de Bancóldex configura una serie de conexiones que merecen revisión documental. Sin embargo, es necesario diferenciar los antecedentes profesionales y familiares de cualquier eventual intervención irregular, pues hasta ahora no se ha demostrado que esas relaciones hayan condicionado la adjudicación del contrato.
En cuanto a la modalidad, el registro de SECOP identifica una contratación directa, justificada bajo la categoría de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Esta figura está contemplada en las normas de contratación pública y permite a las entidades contratar determinados servicios sin adelantar un proceso competitivo de selección, siempre que se cumplan los requisitos legales y se sustente adecuadamente la necesidad.
Por esa razón, uno de los documentos fundamentales para evaluar el proceso son los estudios previos elaborados por el DAPRE. Allí deberían estar explicadas las razones por las cuales la entidad consideró necesario contratar una firma externa, las características de los servicios requeridos y los criterios que respaldaron la selección de Dávila P&M.
También resulta necesario conocer el estudio del sector y el análisis económico que permitió establecer un valor de $400 millones. La existencia de 15 productos no permite determinar por sí sola si el precio es razonable. Para hacerlo se requiere conocer el costo individual de cada entregable, el equipo profesional involucrado, el tiempo de dedicación y los precios de servicios comparables en el mercado.
Otro aspecto pendiente es establecer quién ejercerá la supervisión del contrato y cuáles serán los mecanismos para verificar el cumplimiento de las obligaciones. La ejecución contempla un periodo relativamente corto, de 52 días, por lo que será importante comprobar que los productos sean entregados dentro del plazo y correspondan efectivamente a las actividades previstas en el objeto contractual.
El registro consultado en SECOP mostraba cero pesos facturados y cero pesos pagados al momento de la revisión. Esto significa que, en ese corte, los $400 millones figuraban como valor contratado, pero no había pagos registrados. La información deberá actualizarse para establecer cómo avanzó la ejecución y si el DAPRE terminó desembolsando la totalidad de los recursos.
La discusión también involucra la naturaleza de las misiones especiales de la Vicepresidencia. El Gobierno debe explicar cuáles son sus objetivos, qué resultados espera obtener y por qué considera que necesitan una estrategia externa de posicionamiento y relacionamiento institucional. La comunicación de las actividades públicas es una obligación legítima, pero debe conservar una finalidad institucional y no confundirse con la promoción personal o política de los funcionarios.
En ese sentido, la diferencia entre posicionar una política pública y fortalecer la imagen de un dirigente resulta central. Los recursos estatales pueden financiar estrategias para divulgar programas, informar a la ciudadanía y facilitar el relacionamiento institucional. Lo que debe evitarse es que esas herramientas se conviertan en mecanismos de publicidad personal o promoción política financiados con el presupuesto público.
La relación de Dávila P&M con la campaña de De la Espriella también plantea interrogantes sobre la continuidad de proveedores y equipos de comunicación después de los procesos electorales. Aunque la experiencia adquirida en una campaña puede ser válida para acreditar capacidades profesionales, corresponde a la entidad contratante demostrar que la elección respondió a las necesidades del servicio y no a consideraciones ajenas al interés público.
Por ahora, la documentación disponible permite confirmar el valor, la entidad contratante, la empresa seleccionada, la modalidad y el plazo de ejecución. También permite establecer el antecedente de los servicios prestados por Dávila P&M a la campaña presidencial y los vínculos familiares y profesionales reportados por distintos medios de comunicación. Lo que todavía falta es conocer el expediente técnico completo para determinar cómo se justificó la contratación.
Los estudios previos, la propuesta económica, el análisis del sector, la justificación de la contratación directa y el detalle de los 15 entregables serán determinantes para evaluar el proceso. También deberán revisarse las declaraciones de posibles conflictos de interés y la eventual participación de personas vinculadas con los antecedentes profesionales o familiares de la contratista.
La contratación de Dávila P&M por $400 millones no demuestra, por sí misma, una irregularidad ni un favorecimiento político. Sin embargo, la coincidencia entre sus antecedentes en la campaña presidencial, las relaciones familiares de su representante y la trayectoria de la ordenadora del gasto constituye un asunto de interés público que exige explicaciones y transparencia por parte de la Presidencia.
La pregunta de fondo es por qué el DAPRE escogió a esta empresa, cómo determinó que sus servicios tenían un valor de $400 millones y qué garantías existen para que los recursos públicos se destinen exclusivamente al cumplimiento de una finalidad institucional. La respuesta deberá encontrarse en los documentos de contratación y en los resultados verificables de la ejecución.






