El Consejo de Estado ordenó al presidente Abelardo De la Espriella hacer un pronunciamiento público que reconozca la protección constitucional de las convicciones no religiosas. La decisión responde a una tutela de un ciudadano ateo que cuestionó declaraciones del mandatario sobre quienes profesan esa convicción.
El fallo fue emitido el 13 de noviembre por la Sección Quinta. El proceso examinó una intervención presidencial del 15 de octubre, durante un acto oficial en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
En ese discurso, De la Espriella afirmó que el Estado debía impedir que los espacios culturales fueran “captados por el social-comunismo ateo y enemigo de los valores fundamentales de la nación”.
El demandante, quien se reconoce como ateo, alegó que esa asociación lo estigmatizaba por sus convicciones y vulneraba sus derechos a la igualdad y la libertad de conciencia. La Sección Quinta le dio la razón.
Para el tribunal, el carácter oficial del discurso era determinante: el presidente no hablaba únicamente como ciudadano, sino como jefe de Estado y símbolo de la unidad nacional. Por ello, sus palabras debían respetar los derechos de personas con distintas creencias y convicciones.
La Sala concluyó que calificar como enemigos de los valores nacionales a quienes son identificados por su ateísmo vulneró los principios de laicidad y neutralidad religiosa. También desconoció el deber estatal de tratar con igual respeto a los sistemas morales religiosos y no religiosos.
El Consejo de Estado recordó que el ateísmo y otras convicciones no religiosas tienen la misma protección constitucional que las confesiones religiosas. La libertad de conciencia protege tanto la decisión de profesar una religión como la de no profesar ninguna.
Por eso, el fallo no ordena al presidente adoptar el ateísmo ni desconoce su libertad de expresar una fe personal. Le exige rectificar el señalamiento hecho desde un escenario institucional y reconocer que los no creyentes no son enemigos de la nación.
La orden establece que, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, el presidente debe hacer un pronunciamiento público con alcance equivalente al discurso del 15 de octubre. El plazo se cuenta desde la notificación del fallo, no necesariamente desde la fecha en que fue anunciado.
La rectificación debe reconocer, primero, que el ateísmo y las demás convicciones no religiosas están protegidos por la Constitución, en igualdad con las convicciones de carácter confesional.
También debe señalar que quienes profesan esas convicciones no son enemigos de los valores de la nación. Ese punto responde directamente a la frase que motivó la tutela.
El pronunciamiento deberá reconocer, además, que los espacios culturales del Estado pertenecen por igual a creyentes y no creyentes. El fallo vincula así la libertad de conciencia con el acceso igualitario a instituciones y espacios públicos.
El tribunal ordenó asimismo al presidente y al Ministerio de las Culturas retirar, en un plazo de 48 horas, de sus canales de YouTube las publicaciones que contienen el discurso cuestionado. Según la decisión, mantener esos contenidos disponibles prolongaría los efectos de la vulneración.
La Sección Quinta también previno al mandatario y al Ministerio para que se abstengan de estigmatizar o excluir a personas por sus convicciones religiosas o no religiosas. La providencia combina la reparación del caso concreto con una advertencia sobre futuras actuaciones oficiales.
El fallo no establece que toda referencia religiosa hecha por un funcionario sea ilegal. Su análisis se centra en el uso de un discurso oficial para presentar a un grupo definido por sus convicciones como enemigo de los valores nacionales.
Ese alcance se entiende mejor al considerar otra tutela resuelta por la misma sección y el mismo día. En ese proceso, el Consejo de Estado determinó que algunos actos religiosos del presidente no vulneraron por sí mismos la neutralidad estatal, porque encontró en ellos justificaciones seculares o una expresión de la libertad personal.
Entre esos hechos estaban la participación de De la Espriella en la Gran Velatón por Colombia y la expresión “¡Viva Cristo Rey!”. La Sala consideró que la velatón tenía una finalidad humanitaria de apoyo a las víctimas del terremoto y que el mandatario conserva sus derechos individuales a la libertad de conciencia, culto y expresión.
La diferencia entre los dos fallos está en el contexto y el contenido de las actuaciones examinadas. El tribunal no equiparó expresar una fe propia con estigmatizar a quienes no comparten una creencia; en el caso del discurso sobre los ateos encontró una vulneración específica de derechos.
El Consejo de Estado amparó al ciudadano que presentó la tutela, pero aún debe verificarse si el presidente cumplió la rectificación y retiró los videos dentro de los plazos establecidos. La decisión protege a los no creyentes frente a la estigmatización oficial y reafirma que la neutralidad estatal exige respeto igualitario por quienes creen y por quienes no.






