El denominado “Presupuesto de la Verdad”, presentado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella para 2027, llegó al Congreso con una cifra que superó las previsiones que tenían los mercados: $635 billones.
El monto, de acuerdo con el Gobierno, incorpora obligaciones que no estaban suficientemente contempladas en el proyecto presupuestal presentado por la anterior administración. La explicación oficial es que se busca mostrar el verdadero tamaño de las necesidades fiscales del Estado.
Sin embargo, el anuncio tuvo una respuesta negativa en los mercados financieros. Bloomberg reportó que los activos colombianos sufrieron una de las mayores oleadas de ventas del año después de que se conocieran las nuevas cifras fiscales.
El principal motivo de preocupación fue el déficit fiscal preliminar previsto para 2027, calculado en 9,4 % del Producto Interno Bruto.
Esa cifra resultó superior a la que esperaban varios analistas y abrió nuevas preguntas sobre la capacidad del Gobierno para reducir el desequilibrio de las finanzas públicas y, al mismo tiempo, conseguir los recursos necesarios para financiar el Estado.
La reacción no se quedó en las previsiones. Los rendimientos de los bonos colombianos a 10 años aumentaron más de 30 puntos básicos, mientras el peso colombiano llegó a depreciarse hasta 2,1 %, según Bloomberg.
En términos financieros, un aumento en el rendimiento de los bonos significa que los inversionistas están exigiendo una mayor rentabilidad para prestar dinero al Estado colombiano.
Eso puede traducirse en un mayor costo de endeudamiento para la Nación. Por esa razón, el debate dejó de concentrarse únicamente en cuánto gastará el Gobierno y pasó a una pregunta fundamental: de dónde saldrá el dinero para financiar ese gasto.
Esa inquietud aumentó después de que el Gobierno informara a los creadores de mercado que contempla incrementar sus necesidades de financiación en cerca de US$11.000 millones, de acuerdo con personas que participaron en una reunión privada citada por Bloomberg.
Más de US$3.000 millones de esa financiación adicional para este año provendrían de deuda externa, principalmente mediante la emisión de bonos, mientras que unos $25 billones serían obtenidos en el mercado local de deuda.
Para los inversionistas, el problema no consiste únicamente en conseguir los recursos. También está en determinar si los mercados tendrán suficiente capacidad y disposición para absorber el volumen adicional de deuda que Colombia necesitaría colocar.
El banco Citi puso precisamente el énfasis en ese punto. Según su análisis, el financiamiento, más que el déficit por sí solo, constituye la principal pregunta que enfrenta actualmente el mercado colombiano.
Citi calcula que las necesidades brutas de financiación para 2027 llegarían a $266,3 billones, frente a $130,4 billones contemplados en el marco fiscal anterior.
El nuevo escenario también contempla un aumento importante en el servicio de la deuda. Según cifras divulgadas sobre el proyecto presupuestal, este rubro llegaría a $155,4 billones en 2027, equivalentes a cerca de 7,3 % del PIB.
La presión sobre las finanzas públicas se produce mientras el Gobierno intenta explicar que una parte importante del incremento presupuestal corresponde al reconocimiento de obligaciones que, a su juicio, estaban subestimadas o sin financiación suficiente.
Entre esas obligaciones aparecen recursos para pensiones, salud, salarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
El Gobierno también incorporó necesidades asociadas con la reconstrucción derivada del terremoto del 10 de agosto, además de otros compromisos estatales.
El Ejecutivo sostiene que el presupuesto hace parte de un plan de ajuste destinado a ordenar las cuentas públicas. La administración ha anunciado medidas de recorte y aplazamiento del gasto para tratar de reducir el déficit.
El Ministerio de Hacienda también corrigió la estimación del déficit fiscal de 2026, sin incluir intereses, de 2,1 % a 4,4 % del PIB. El Gobierno asegura que pretende llevar ese indicador a 3,3 % mediante las medidas de ajuste anunciadas.
El problema para los mercados es que las medidas de ajuste todavía deben demostrar que pueden reducir de manera creíble las necesidades de financiación del Estado.
Jeff Grills, responsable de activos cruzados de Estados Unidos y deuda de mercados emergentes en Aegon Asset Management, manifestó cautela frente al escenario fiscal presentado por Colombia y señaló que el déficit continúa siendo elevado.
Otros analistas, sin embargo, han planteado una lectura menos negativa. Christopher Mejía, de T. Rowe Price, consideró que una mayor transparencia y un ajuste fiscal creíble durante varios años podrían terminar siendo positivos para los inversionistas.
Esa diferencia de opiniones refleja el punto central del debate: el llamado “Presupuesto de la Verdad” puede ofrecer mayor claridad sobre las obligaciones fiscales, pero también expone con mayor precisión el tamaño del problema que el Gobierno debe resolver.
La siguiente prueba será la capacidad del Ejecutivo para conseguir financiación sin generar una presión excesiva sobre las tasas de interés y para convencer a los mercados de que el ajuste fiscal anunciado es viable. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, tiene previsto viajar a Nueva York y Washington durante la semana del 7 de septiembre para reunirse con actores financieros.
Por ahora, la reacción de los mercados muestra que el desafío no está solamente en aprobar un presupuesto de $635 billones en el Congreso. El reto consiste en demostrar cómo se financiará, cómo se reducirá el déficit y qué tan creíble resulta el camino para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
