La administración de Abelardo de la Espriella prepara una iniciativa que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha denominado “Ley Rescate”, con la que pretende enfrentar el deterioro de las finanzas públicas, reducir el crecimiento del gasto y contener el aumento de la deuda.
La propuesta todavía no ha sido radicada ante el Congreso. El Gobierno ha anunciado que espera presentar el proyecto hacia finales de septiembre de 2026, por lo que las medidas específicas que contendrá aún pueden cambiar durante su elaboración.
El objetivo anunciado es ambicioso: Hacienda calcula que el ajuste podría representar alrededor de 2 % del producto interno bruto, unos $40 billones, principalmente mediante reducciones del gasto público.
La Ley Rescate hace parte de una estrategia fiscal más amplia. El Gobierno ya anunció un recorte de $21,9 billones al gasto de 2026, mientras prepara la reforma que deberá establecer medidas de carácter más permanente para los siguientes años.
El primer punto que debe aclararse es que los $21,9 billones y los $40 billones no corresponden al mismo recorte. Los $21,9 billones corresponden al ajuste anunciado para el presupuesto de 2026, mientras los aproximadamente $40 billones constituyen la meta de reducción del gasto asociada a la futura ley fiscal.
El Gobierno sostiene que la presión sobre las cuentas públicas proviene de un crecimiento del gasto superior a la capacidad de generación de ingresos y de un aumento de las obligaciones financieras. También argumenta que el presupuesto para 2027 tuvo que incorporar compromisos que, según Hacienda, estaban subestimados en la propuesta presentada por la administración anterior.
Esa explicación está en el centro de la discusión política. El Ejecutivo presentó para 2027 un presupuesto de $634,9 billones, frente a los aproximadamente $575,6 billones del proyecto que había dejado el gobierno de Gustavo Petro. La diferencia se explica, según Hacienda, por obligaciones adicionales, necesidades derivadas del terremoto y mayores costos financieros.
Entre los rubros que Hacienda identificó como obligaciones que debían quedar financiadas aparecen las pensiones, la salud, los salarios de los funcionarios públicos, las universidades estatales, los subsidios eléctricos y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Esto no significa que esos sectores vayan a ser los destinatarios de los recortes de la Ley Rescate.
De hecho, una de las principales dificultades será precisamente determinar dónde puede recortarse el gasto. Una parte importante del presupuesto está comprometida por obligaciones legales, constitucionales, contractuales o financieras, lo que reduce el margen de maniobra del Ejecutivo.
El servicio de la deuda es uno de los mayores componentes de esa presión. Para 2027, el Gobierno proyecta destinar $155,4 billones al servicio de la deuda, incluidos aproximadamente $94,4 billones en intereses, de acuerdo con el análisis del proyecto presupuestal.
La situación explica por qué el Gobierno insiste en que el ajuste no puede limitarse a buscar nuevos impuestos. La apuesta de Hacienda es modificar la estructura del gasto y reducir las presiones permanentes que, según su diagnóstico, han llevado a un crecimiento sostenido de las necesidades de financiación.
El ministro Gómez ha dicho que la Ley Rescate será fundamentalmente una ley fiscal y no una nueva reforma tributaria. Sin embargo, también confirmó que el Gobierno estudia algunas medidas adicionales de ingresos. Por ahora no existe un listado definitivo de esos posibles cambios.
Esa parte de la propuesta es uno de los puntos que mayor expectativa genera. Hacienda ha hablado de buscar nuevas fuentes de financiación, pero no ha presentado públicamente un paquete definitivo que permita establecer qué impuestos, tasas, beneficios tributarios o mecanismos de recaudo serían modificados.
Por esa razón, tampoco es posible afirmar todavía que la Ley Rescate vaya a aumentar determinado impuesto o eliminar una exención específica. Las versiones sobre posibles modificaciones tributarias deben considerarse preliminares hasta que el Gobierno publique el articulado.
En materia de gasto, el Ejecutivo ha señalado que el ajuste tendrá que involucrar distintas áreas del Estado. La discusión puede incluir funcionamiento, contratación, inversión y programas cuyo nivel de ejecución permita aplazamientos o reducciones, pero todavía no existe una distribución oficial de los $40 billones entre ministerios o sectores.
Esto significa que no sería correcto afirmar, por ahora, que la Ley Rescate implica recortes de $40 billones en salud, educación, pensiones o programas sociales. Esos sectores tienen obligaciones y reglas particulares, y el Gobierno aún no ha presentado la matriz definitiva de ajustes.
La controversia también estará relacionada con el tamaño del Estado. La administración de De la Espriella ha planteado la necesidad de reducir gastos considerados prescindibles y revisar la eficiencia de las entidades públicas. El desafío será determinar qué gastos pueden eliminarse sin afectar la prestación de servicios o el cumplimiento de obligaciones estatales.
Desde la oposición ya han surgido críticas al manejo fiscal del Gobierno. El exministro de Educación Daniel Rojas, por ejemplo, cuestionó que el presupuesto de 2027 aumente el endeudamiento mientras el Ejecutivo anuncia un programa de austeridad. Sus señalamientos sobre eventuales beneficios para sectores privados corresponden a una posición política y no constituyen, por sí mismos, una demostración de que exista una destinación irregular de recursos.
El Gobierno, en cambio, sostiene que el aumento del presupuesto no contradice el ajuste porque buena parte del incremento corresponde a obligaciones que, según Hacienda, no estaban adecuadamente contempladas en el proyecto anterior. El Ejecutivo plantea que el verdadero ajuste debe producirse sobre el crecimiento futuro del gasto y no mediante la omisión de obligaciones que necesariamente deberán pagarse.
La discusión llegará al Congreso en un escenario especialmente sensible. Los parlamentarios tendrán que definir no solamente cuánto puede ahorrar el Estado, sino también qué partidas deben protegerse, qué gastos pueden reducirse y si las eventuales medidas de ingresos son compatibles con la recuperación económica que busca el Gobierno.
Por ahora, la Ley Rescate es una propuesta en construcción, no una norma vigente. Su principal dato conocido es la meta de reducir el gasto en alrededor de $40 billones, junto con la intención de estudiar fuentes adicionales de ingresos. El verdadero alcance del ajuste —y quiénes asumirán el costo— solo podrá establecerse cuando el Gobierno radique el texto y se conozcan sus artículos, cifras y mecanismos de aplicación.
