El denominado Libro de la Verdad, presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella como un compendio de hallazgos de presunta corrupción de la administración de Gustavo Petro, incluyó entre sus casos un proyecto para enfrentar el déficit de agua potable de Santa Marta por cerca de $786.000 millones.
La presentación pública del caso produjo una conclusión inmediata: el anterior Gobierno habría dejado en marcha una contratación de cientos de miles de millones de pesos que debía ser revisada por posibles irregularidades. Sin embargo, los documentos disponibles muestran una situación más compleja y, sobre todo, diferente a la idea de un contrato millonario adjudicado o en ejecución.
El primer dato que debe establecerse es que el proyecto de desalinizadoras sí existía. No fue una contratación ficticia ni una cifra creada durante el empalme entre gobiernos. El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el 29 de septiembre de 2025 el CONPES 4159, mediante el cual declaró de importancia estratégica el proyecto de estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras para Santa Marta.
El Gobierno Petro había planteado las plantas como una respuesta al histórico déficit de agua potable de la capital del Magdalena. El proyecto original contemplaba una planta en Pozos Colorados, al sur de la ciudad, con capacidad de 51.840 metros cúbicos diarios, y otra en Taganga, con capacidad de 2.000 metros cúbicos diarios.
Para ese proyecto se asignaron $786.000 millones de recursos nacionales. El DNP reportó que las dos plantas debían aumentar la oferta hídrica para Santa Marta y Taganga y elevar la cobertura de agua potable de la ciudad.
Por eso, los $786.000 millones mencionados en el Libro de la Verdad no corresponden originalmente a un contrato que hubiera sido adjudicado en 2026. Son los recursos asociados al proyecto estratégico aprobado por el Estado en 2025.
El problema señalado posteriormente por el equipo anticorrupción del nuevo Gobierno apareció durante la estructuración de una fase posterior del proyecto. El Libro de la Verdad sostuvo que encontró posibles modificaciones frente al proyecto aprobado, inquietudes sobre los estudios previos y de mercado y aspectos técnicos que quedarían para definición del futuro contratista.
También cuestionó un eventual desconocimiento del CONPES que servía como marco para el proyecto. La Procuraduría recibió esas preocupaciones y decidió intervenir preventivamente para revisar las condiciones del procedimiento.
Los documentos iniciales del proceso fueron publicados el 18 y 19 de junio de 2026, pocas semanas antes del cambio de Gobierno. Allí aparecía el proyecto denominado “Diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en marcha de una solución integral de abastecimiento de agua potable mediante desalinización e infraestructura de almacenamiento y distribución”.
Ese procedimiento recibió la denominación CMA 001-2025. La existencia de documentos contractuales y de estudios técnicos permitió que el caso fuera descrito posteriormente como un proceso de contratación por $786.000 millones.
Pero aquí aparece la primera diferencia sustancial entre la narrativa política y la situación jurídica del proyecto.
El 28 de julio de 2026 la Procuraduría pidió a ESSMAR suspender preventivamente el procedimiento mientras examinaba posibles inconsistencias técnicas, jurídicas, presupuestales y financieras, incluidas diferencias con el proyecto estratégico aprobado mediante el CONPES 4159.
La actuación de la Procuraduría, sin embargo, no equivale a una declaración de corrupción. Se trató de una actuación preventiva destinada a revisar un procedimiento y evitar que continuara mientras se examinaban sus condiciones.
El matiz es importante porque la palabra “corrupción” supone algo diferente de la existencia de dudas sobre la estructuración de una contratación. Para demostrar un hecho de corrupción se necesitarían elementos adicionales: apropiación de recursos, sobrecostos injustificados, direccionamiento, interés indebido, sobornos, falsedad u otra conducta concreta susceptible de responsabilidad.
Nada de eso quedó demostrado por el solo hecho de que la Procuraduría solicitara suspender el procedimiento.
La propia ESSMAR introdujo posteriormente otro elemento todavía más relevante. En un comunicado del 19 de agosto, la empresa afirmó que no adelantaba ningún proceso de licitación, adjudicación ni contratación relacionado con el proyecto mencionado en el Libro de la Verdad.
Según ESSMAR, lo que había existido durante la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios era una solicitud de ofertas no vinculantes, es decir, un mecanismo para obtener cotizaciones y conocer condiciones del mercado.
La diferencia no es semántica. Una cotización no vinculante no constituye una adjudicación y no obliga a la entidad a contratar al proveedor que responde a la solicitud. Tampoco significa que los recursos públicos hayan sido entregados.
ESSMAR sostuvo además que ese ejercicio no constituía un proceso licitatorio ni implicaba la celebración de compromiso contractual alguno por parte de la empresa. El procedimiento terminó el 7 de agosto de 2026, cuando concluyó la intervención de la Superintendencia y la empresa regresó a la administración del Distrito de Santa Marta.
Esto modifica sustancialmente la manera en que debería contarse la historia. El proyecto de $786.000 millones existía, los recursos habían sido previstos y había estudios y documentos para estructurar la solución, pero no existía un contrato de $786.000 millones que alguien hubiera ganado, ejecutado o cobrado.
Por eso resulta problemático presentar los $786.000 millones como si hubieran sido objeto de un posible desfalco. La cifra corresponde al valor de la inversión proyectada, no a dinero que hubiera salido de las cuentas públicas como consecuencia de una contratación irregular.
Incluso la descripción utilizada por algunos medios terminó reproduciendo esa ambigüedad. Diversas publicaciones calificaron el asunto como una contratación de $786.000 millones o como uno de los grandes casos de presunta corrupción incluidos en el informe.
El propio Libro de la Verdad fue más cuidadoso en algunos apartados. Allí se habla de “posibles cambios”, “inquietudes” y “aparente desconocimiento” del CONPES. Es decir, el lenguaje utilizado en la descripción técnica era el de una alerta que debía ser investigada, no el de una sentencia sobre la existencia de corrupción.
La presentación política del documento, sin embargo, agrupó esos cuestionamientos bajo el concepto general de “corrupción”. Esa operación comunicativa puede hacer que una irregularidad administrativa potencial, una deficiencia de planeación o una controversia contractual sean percibidas por la opinión pública como un desfalco ya probado.
El caso también revela una contradicción temporal. El proyecto fue declarado estratégico durante el Gobierno Petro, pero la solicitud de ofertas que terminó bajo observación ocurrió en 2026, cuando ESSMAR se encontraba intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La propia empresa señaló que las orientaciones recibidas durante esa intervención no constituían instrucciones para un eventual proceso futuro.
Además, el proyecto había sufrido modificaciones en su estructuración. Mientras el CONPES de 2025 contemplaba dos plantas, en la documentación de 2026 aparece una solución concentrada en una planta para Santa Marta. Esa diferencia sí merece una explicación técnica y administrativa: qué cambió, quién lo decidió, con qué estudios y bajo qué autorización.
Esa es probablemente la pregunta más importante que dejó abierta el episodio. No es si alguien “se robó” $786.000 millones, porque la información disponible no demuestra que ese dinero haya sido desembolsado ni que hubiera existido un contrato adjudicado por esa suma.
La pregunta es si el proceso utilizado para estructurar la nueva solución de abastecimiento cumplió con los requisitos de planeación, estudios de mercado, soporte técnico, disponibilidad presupuestal, transparencia y coherencia con el CONPES que declaró estratégico el proyecto.
La Procuraduría precisamente abrió esa revisión preventiva. Por eso su actuación constituye un elemento que debe ser reportado, pero no puede utilizarse por sí sola como prueba de corrupción.
La distinción importa especialmente porque Santa Marta sí enfrenta un problema real de abastecimiento de agua y porque la desalinizadora no era un proyecto accesorio. El Estado había decidido invertir cientos de miles de millones para aumentar la oferta hídrica de una ciudad con una histórica insuficiencia del servicio.
Convertir la discusión sobre la viabilidad y estructuración de esa infraestructura en un caso de corrupción comprobada puede terminar ocultando precisamente las preguntas que deberían investigarse: cuánto costaría realmente la solución, qué alternativas fueron evaluadas, por qué cambió el diseño, qué estudios respaldaron las modificaciones y bajo qué reglas se pretendía contratar.
Hay, además, una consecuencia política. El nuevo Gobierno presentó el episodio como parte de un inventario de irregularidades heredadas y lo llevó a la Fiscalía dentro del Libro de la Verdad. La Fiscalía deberá determinar si alguno de los hechos descritos tiene relevancia penal, mientras los organismos de control pueden establecer eventuales responsabilidades administrativas o fiscales.
Pero una denuncia o un informe de empalme no sustituyen esas investigaciones. Presentar un hecho ante las autoridades es el comienzo de un proceso de verificación, no su resultado.
En el caso de Santa Marta, la evidencia disponible permite sostener que hubo un proyecto público de $786.000 millones, una estructuración contractual que despertó dudas, una intervención preventiva de la Procuraduría y un procedimiento de solicitud de ofertas que posteriormente fue cerrado. Lo que no permite sostener, al menos por ahora, es que existiera un contrato de $786.000 millones que hubiera producido un detrimento patrimonial.
La historia, entonces, no es que se haya descubierto un desfalco inexistente, pero tampoco que no hubiera nada que revisar. El punto crítico está precisamente en medio: una alerta sobre la estructuración de un proyecto terminó incorporada al discurso político como un “hallazgo de corrupción”, mientras la empresa responsable aclaró que ni siquiera había una licitación o contrato vigente por ese monto.
La diferencia entre ambas versiones no es menor. En una investigación anticorrupción, la pregunta no debería ser solamente qué irregularidades encontró un nuevo Gobierno, sino qué hechos concretos pueden probarse, qué recursos fueron efectivamente comprometidos, qué decisiones administrativas ocurrieron y qué autoridad ha determinado que existió una conducta ilegal.
En este caso, hasta ahora, la respuesta documental apunta a una conclusión más limitada: hubo un proyecto estratégico de gran magnitud y un proceso preparatorio que fue cuestionado y suspendido preventivamente. La existencia de corrupción sigue siendo una hipótesis que corresponde demostrar, no un hecho establecido por la sola aparición del proyecto en el Libro de la Verdad.
