La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre tres inmuebles que harían parte del patrimonio del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y de su entorno familiar, dentro de la investigación relacionada con la financiación de su campaña presidencial de 2014.
Los bienes afectados están valorados en más de 3.664 millones de pesos y se encuentran ubicados en Bogotá y en Pensilvania, Caldas. La decisión contempla el embargo y la suspensión del poder dispositivo de los inmuebles mientras avanza el trámite con fines de extinción de dominio.
La precisión jurídica es importante. La Fiscalía no ha declarado que esos bienes hayan sido definitivamente extinguidos ni que hayan pasado ya a propiedad del Estado. Se trata de una medida cautelar destinada a impedir que los activos sean vendidos, transferidos o comercializados durante el proceso.
La actuación patrimonial está conectada con la investigación que busca establecer qué ocurrió con los recursos que, según la Fiscalía, habrían sido aportados por la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña denominada “Zuluaga Presidente 2014-2018”.
El ente investigador sostiene que Odebrecht habría asumido el pago de 1.610.740 dólares en servicios de publicidad que beneficiaron la campaña. Según la hipótesis de la Fiscalía, esos recursos no fueron reportados en los balances electorales ni informados a las autoridades correspondientes.
La Fiscalía considera además que, al tratarse presuntamente de recursos provenientes de una persona jurídica extranjera, el aporte habría constituido una fuente prohibida de financiación electoral, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011.
El caso tiene antecedentes judiciales que se remontan varios años. Sin embargo, fue en junio de 2023 cuando la Fiscalía anunció que solicitaría la imputación de Zuluaga, su hijo David Zuluaga y la exministra Cecilia Álvarez dentro de las investigaciones derivadas del escándalo de Odebrecht.
Para la Fiscalía, la investigación penal estableció que los recursos de Odebrecht habrían sido utilizados para cubrir gastos relacionados con la campaña presidencial. Entre ellos aparecieron los servicios del publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça.
En julio de 2023, Zuluaga fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Su hijo David Zuluaga fue imputado por fraude procesal. Ninguno de los dos aceptó los cargos.
Pero mientras avanzaba ese frente penal apareció otro elemento que ahora adquiere especial importancia: los movimientos realizados sobre varios bienes del excandidato y de su familia.
El 13 de junio de 2023, el mismo día en que la Fiscalía anunció que solicitaría la imputación de Zuluaga, se produjeron operaciones mediante las cuales varios inmuebles fueron transferidos a su esposa, Martha Ligia Martínez. La coincidencia temporal generó preguntas sobre el propósito y las circunstancias de esas operaciones.
En ese momento, la Fiscalía anunció que revisaría los movimientos para determinar si efectivamente Zuluaga había transferido sus propiedades y si las operaciones tenían alguna relación con la investigación por Odebrecht.
La investigación patrimonial de entonces no significaba que la Fiscalía hubiera demostrado que las transferencias fueran ilegales. De hecho, en julio de 2023 Caracol Radio reportó que la unidad de extinción de dominio o lavado de activos todavía no adelantaba una investigación específica sobre esas propiedades.
Tres años después, sin embargo, la situación es distinta. La Fiscalía ahora sí adoptó medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre tres inmuebles que considera relacionados con el patrimonio de Zuluaga y su entorno familiar.
Según la información divulgada por el ente investigador, los bienes afectados corresponden a un apartamento y a la tercera parte de una vivienda ubicados en Bogotá, además de un inmueble localizado en Pensilvania, Caldas.
La Fiscalía sostiene que algunas de esas propiedades pertenecían directamente a Zuluaga, pero que en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar.
Ese dato es central para entender por qué la actuación de 2026 no se limita a una investigación sobre quién aparece actualmente como propietario de los inmuebles.
La extinción de dominio permite examinar el origen, utilización y destinación de determinados bienes independientemente de que la persona que figure como propietaria sea la misma que aparece vinculada a una investigación penal.
Por eso, una transferencia familiar no necesariamente cierra la posibilidad de que un inmueble sea sometido a medidas cautelares. Lo que debe establecerse es si existen fundamentos jurídicos para relacionar el bien con alguna de las circunstancias que permiten activar el procedimiento patrimonial.
En el caso de Zuluaga, la Fiscalía está llevando esa discusión al terreno de los bienes y no solamente al de los recursos presuntamente utilizados durante la campaña presidencial.
La pregunta central es cuál es el vínculo concreto entre cada uno de los inmuebles afectados y los hechos investigados por la financiación de la campaña de 2014.
No basta, desde el punto de vista probatorio, con establecer que Zuluaga fue investigado por la presunta recepción de recursos de Odebrecht. Para que una medida patrimonial avance, las autoridades deben sustentar la relación jurídica y económica entre los activos afectados y las circunstancias que justifican la acción de extinción de dominio.
La diferencia es fundamental porque la extinción de dominio tiene una naturaleza distinta a una condena penal. El debate no se limita a determinar si una persona cometió un delito, sino a establecer si determinados bienes están protegidos por el derecho de propiedad o si, por el contrario, existe una causal legal que permita extinguir ese derecho.
En este caso, la Fiscalía decidió preservar los inmuebles mientras desarrolla ese análisis. La suspensión del poder dispositivo evita que los bienes sean vendidos, transferidos o comercializados durante el trámite.
El antecedente de las donaciones de 2023 convierte además la trazabilidad de los bienes en uno de los puntos más relevantes de la investigación.
En julio de aquel año se conoció que Zuluaga había transferido propiedades a su esposa. Entre los inmuebles mencionados entonces estaban una casa en Pensilvania, una bodega cercana a la Zona Franca de Bogotá y un apartamento en el norte de la capital.
Las operaciones se produjeron en medio de la apertura formal del proceso penal por los recursos que, según la Fiscalía, Odebrecht habría destinado a la campaña. La defensa y personas cercanas a Zuluaga sostuvieron en ese momento que las operaciones se habían realizado dentro de la legalidad y que obedecían a decisiones tomadas previamente.
Ahora la Fiscalía deberá establecer si las propiedades actualmente afectadas corresponden a aquellas operaciones, cuál fue su trayectoria registral y económica y qué relación tienen con las personas que las recibieron.
También será relevante determinar las fechas de adquisición, las condiciones de las donaciones, los valores de los negocios y la procedencia de los recursos utilizados para adquirir o mejorar los inmuebles.
Ese análisis puede resultar determinante porque el valor actual de los bienes —más de 3.664 millones de pesos— no demuestra por sí mismo que hayan sido adquiridos con recursos ilícitos.
El avalúo establece el valor económico de los activos afectados, pero la discusión jurídica está en otro nivel: determinar si existe una causal de extinción de dominio y si esa causal puede ser demostrada respecto de cada inmueble.
La actuación también muestra cómo una investigación por financiación política puede extenderse hacia el patrimonio de quienes aparecen vinculados al caso cuando las autoridades encuentran movimientos de activos que consideran relevantes para esclarecer su origen o destinación.
El caso de Zuluaga, por tanto, entra en una nueva etapa. La discusión ya no se concentra exclusivamente en cuánto dinero habría aportado Odebrecht, cómo habría ingresado a la campaña o si fue reportado ante las autoridades electorales.
Ahora también está en juego la historia patrimonial de varios inmuebles y las transferencias realizadas alrededor del momento en que la Fiscalía anunció la imputación.
La medida cautelar no equivale a una sentencia contra Zuluaga ni permite afirmar que el Estado haya adquirido definitivamente esos bienes. El desenlace dependerá de las decisiones que se adopten dentro del procedimiento de extinción de dominio y de las garantías procesales de los afectados.
Pero la decisión sí constituye un nuevo frente para el excandidato presidencial: mientras el expediente penal continúa su propio curso, la Fiscalía puso bajo control judicial tres activos cuyo valor supera los 3.664 millones de pesos y cuya trayectoria deberá ser examinada a la luz de la investigación sobre la financiación de su campaña de 2014.
