El presidente Abelardo de la Espriella anunció el traslado de la sede principal de la Dirección General Marítima, Dimar, de Bogotá a Cartagena, una decisión que convierte a la autoridad marítima en uno de los primeros ejemplos de la apuesta del Gobierno por descentralizar entidades nacionales.
El anuncio fue hecho el 18 de septiembre en Cartagena, después de un consejo de seguridad con autoridades departamentales y alcaldes de Bolívar. El mandatario afirmó que la Dimar llegará a la capital de Bolívar por orden presidencial.
La justificación central del presidente fue territorial: cuestionó que la autoridad encargada de regular los asuntos marítimos tenga su sede principal en Bogotá, una ciudad que no tiene litoral marítimo. De la Espriella presentó el traslado como una corrección de esa desconexión geográfica.
La Dimar, adscrita al Ministerio de Defensa, es la autoridad marítima nacional encargada de dirigir, coordinar y controlar las actividades marítimas, fluviales y costeras del país. Su trabajo abarca seguridad de la navegación, regulación, investigación y administración de espacios bajo jurisdicción marítima.
La entidad, sin embargo, no funciona únicamente desde Bogotá. Cuenta con 18 capitanías de puerto distribuidas entre el Caribe, el Pacífico y las fronteras fluviales internacionales. Es decir, una parte sustancial de su estructura operacional ya está desplegada en los territorios donde ejerce sus competencias.
Cartagena ocupa una posición particular dentro de esa estructura. La ciudad concentra actividad portuaria, naval, turística y comercial, además de instituciones relacionadas con el sector marítimo. Por eso, el traslado puede reforzar una presencia institucional que ya existe en la ciudad.
La propia actividad reciente de la Dimar muestra que sus decisiones tienen efectos directos sobre las regiones costeras. En septiembre, por ejemplo, la entidad reportó actuaciones relacionadas con concesiones marítimas en Santa Marta y Buenaventura y con la formalización del transporte marítimo en Córdoba.
En Santa Marta, la Capitanía de Puerto informó que durante 2026 había otorgado cinco concesiones marítimas y cuatro permisos temporales, mientras que entre 2024 y 2026 acumulaba 150 actuaciones administrativas relacionadas con el uso de espacios marítimos y costeros.
En Cartagena también existe una relación directa entre la actividad de la Dimar y proyectos estratégicos de la ciudad. La entidad participó en la concesión para la construcción del Gran Malecón del Mar, uno de los proyectos destacados por el Gobierno durante su reciente visita a Bolívar.
La decisión, por tanto, no ocurre en un vacío administrativo. Llega cuando el Gobierno está intentando darle un mayor peso político y económico a la Costa Caribe mediante inversiones en infraestructura, turismo, conectividad y proyectos portuarios y marítimos.
El Gobierno también ha presentado la descentralización como una manera de acercar las instituciones a los territorios. En el caso de la Dimar, esa idea tiene una justificación funcional más evidente que en otras entidades, debido a que buena parte de sus competencias se desarrolla sobre mares, costas, puertos y ríos.
Pero la pregunta administrativa no termina con determinar dónde está el mar. La Dimar también necesita coordinarse con el Ministerio de Defensa, la Armada, otras entidades del Gobierno, organismos ambientales, autoridades portuarias y organismos internacionales, además de participar en decisiones de alcance nacional.
El traslado deberá definir, por ello, qué estructura será efectivamente movilizada. No es lo mismo trasladar la totalidad de la sede administrativa que establecer en Cartagena una dirección nacional con determinadas funciones y mantener otras capacidades en Bogotá.
Tampoco se conocen todavía todos los detalles públicos sobre el cronograma, los costos de la operación, la infraestructura que ocupará la nueva sede ni el número de funcionarios que deberán trasladarse. Esos elementos serán determinantes para medir las consecuencias prácticas de la decisión.
El asunto adquiere especial relevancia porque la Dimar no es una oficina administrativa ordinaria. Su trabajo incluye capacidades técnicas y científicas relacionadas con hidrografía, oceanografía, meteorología marina, seguridad de la navegación y protección del medio marino.
La entidad acaba de destacar, precisamente, la puesta en marcha de sistemas de información para el tránsito marítimo y de herramientas de visualización oceanográfica y climática, además de su participación en investigaciones científicas en el Caribe y el Pacífico.
Esa dimensión nacional plantea otra pregunta: si Cartagena será el nuevo centro administrativo de la autoridad marítima, cómo se garantizará que la decisión fortalezca, y no debilite, la coordinación con el Pacífico, San Andrés, Providencia, las fronteras fluviales y las demás zonas bajo jurisdicción de la entidad.
El traslado también tiene una dimensión política. El anuncio se produjo durante una jornada del Gobierno en Bolívar que incluyó compromisos sobre seguridad, infraestructura y turismo. La decisión refuerza así el mensaje presidencial de darle a la Costa Caribe un papel más visible dentro de la administración nacional.
El debate, sin embargo, debería concentrarse en resultados verificables: si la nueva ubicación mejora la capacidad de respuesta de la Dimar, reduce tiempos de coordinación, facilita la relación con el sector marítimo y fortalece el control de las costas, o si genera costos y dificultades administrativas que no estaban presentes con la estructura anterior.
La frase del presidente sobre una Dimar ubicada en una ciudad sin mar resume la lógica política de la medida, pero su éxito dependerá de algo más complejo que la geografía. El verdadero examen será determinar si trasladar la sede a Cartagena consigue acercar efectivamente la autoridad marítima al territorio sin fragmentar una institución cuya responsabilidad abarca todos los mares, costas y espacios fluviales estratégicos de Colombia.
