La discusión sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adquirió una dimensión inesperada después de que su presidente, el magistrado Alejandro Ramelli, revelara que integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante el tribunal solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger su funcionamiento.
El anuncio resulta relevante porque algunos de los principales beneficiarios del régimen de justicia transicional para miembros de la Fuerza Pública estarían recurriendo a un organismo internacional para pedir protección de la jurisdicción que tramita sus casos.
Ramelli reveló el dato el 21 de septiembre, en medio de la controversia por dos iniciativas que actualmente avanzan en el Congreso y que, según la JEP, podrían afectar su autonomía, presupuesto y competencias. El magistrado no identificó públicamente a los militares que presentaron la solicitud ante la CIDH.
Tampoco se ha divulgado públicamente el documento completo de la petición, sus firmantes, el número de expediente ante la Comisión o las medidas específicas solicitadas. Por esa razón, no es posible atribuir la iniciativa a determinados generales, coroneles o asociaciones sin documentación adicional.
Lo que sí está confirmado es que Ramelli habló de un grupo de comparecientes de la Fuerza Pública que habría acudido a la CIDH en busca de medidas de protección para la JEP. Según el magistrado, se trata de personas que tienen un interés directo en que el sistema transicional continúe funcionando.
La afirmación de Ramelli introduce un elemento diferente en la discusión sobre la JEP. La defensa de su continuidad no provendría únicamente de víctimas, organizaciones de derechos humanos, antiguos integrantes de las Farc o sectores políticos que respaldan el Acuerdo de Paz.
También habría comparecientes de la Fuerza Pública interesados en preservar la jurisdicción que procesa sus propios casos. El argumento planteado por Ramelli es que la JEP les proporciona una forma de seguridad jurídica que podrían perder si el tribunal es debilitado o sus competencias son modificadas.
El presidente de la JEP afirmó que más de 7.000 integrantes de la Fuerza Pública han comparecido ante la jurisdicción en procesos relacionados con crímenes internacionales. Esa cifra corresponde al universo que utilizó Ramelli para dimensionar el posible impacto de las modificaciones, no al número de personas que habrían solicitado las medidas cautelares ante la CIDH.
Entre los casos tramitados por la JEP están investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales y otros hechos graves ocurridos durante el conflicto armado. Algunos miembros de la Fuerza Pública han reconocido responsabilidad y han recibido sanciones dentro del sistema transicional.
La relación entre esos comparecientes y la JEP no puede reducirse, sin embargo, a una adhesión general al tribunal. La existencia de una jurisdicción especializada puede ser defendida por razones de seguridad jurídica sin que eso implique necesariamente respaldo a todas sus decisiones, sentencias o interpretaciones.
Precisamente esa seguridad jurídica es uno de los elementos centrales del modelo de justicia transicional. Los miembros de la Fuerza Pública que se someten a la JEP quedan sujetos a un régimen de condicionalidad y, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pueden acceder a tratamientos jurídicos especiales a cambio de compromisos relacionados con verdad, justicia, reparación y no repetición.
La controversia actual comenzó a adquirir mayor intensidad con una propuesta del senador Enrique Gómez Martínez para trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la JEP al Consejo Superior de la Judicatura. El presidente Abelardo de la Espriella expresó públicamente su respaldo a esa iniciativa.
Ramelli sostiene que el recorte comprometería la capacidad operativa del tribunal. Según la JEP, la entidad ya acumula un desfase presupuestal de 84.663 millones de pesos y la reducción planteada afectaría recursos destinados, entre otros asuntos, a protección de víctimas, testigos y funcionarios, además de bienes y servicios.
El segundo proyecto que preocupa a la JEP busca modificar el esquema de revisión de sus decisiones. La iniciativa plantea que la Justicia Penal Militar pueda revisar determinadas sentencias emitidas contra integrantes de la Fuerza Pública.
Para Ramelli, esa modificación alteraría la estructura y las competencias de la jurisdicción creada a partir del Acuerdo Final de Paz. La JEP sostiene que sus decisiones deben conservar la autonomía establecida por el diseño constitucional de la justicia transicional.
En este contexto, Ramelli decidió llevar el debate a la Corte Penal Internacional. El 18 de septiembre envió una carta a los fiscales adjuntos de la CPI, Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang, para advertir sobre las iniciativas legislativas y solicitar respaldo a la independencia, autonomía y funcionamiento de la JEP.
En la comunicación, el presidente de la JEP planteó que las dos iniciativas podrían afectar las condiciones bajo las cuales Colombia desarrolla sus procesos nacionales de justicia frente a graves crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Ramelli también vinculó sus preocupaciones con el Acuerdo de Cooperación firmado entre Colombia y la Fiscalía de la CPI el 28 de octubre de 2021. Según explicó, las modificaciones planteadas podrían tener implicaciones frente a los compromisos asumidos por el Estado colombiano en ese instrumento.
Uno de los puntos señalados por el magistrado es el principio de complementariedad. La CPI interviene de manera subsidiaria frente a los sistemas nacionales y, por ello, la existencia de mecanismos internos capaces de investigar y juzgar genuinamente los crímenes de su competencia constituye un elemento central de la relación entre Colombia y el tribunal internacional.
Ramelli pidió a la Fiscalía de la CPI que tome nota de las iniciativas y evalúe sus posibles implicaciones. También planteó que el organismo internacional contribuya a reforzar los canales de comunicación entre el Gobierno colombiano y la JEP.
La actuación del magistrado no significa que la CPI haya intervenido ni que haya determinado que Colombia esté incumpliendo sus obligaciones internacionales. La carta constituye una solicitud y una alerta formulada por la JEP; cualquier actuación posterior corresponde a las autoridades competentes de la Corte.
La misma precisión aplica a la solicitud de los integrantes de la Fuerza Pública ante la CIDH. Una petición de medidas cautelares no equivale a que la Comisión haya concedido esas medidas. Además, todavía no se conoce públicamente quiénes son todos los solicitantes ni el contenido completo de su petición.
El episodio también revela una tensión particular dentro del debate colombiano. Mientras sectores del Gobierno y del Congreso cuestionan el costo, los resultados o el funcionamiento de la JEP, algunos de los militares sometidos a esa jurisdicción parecen considerar que su continuidad protege sus propios intereses jurídicos.
Esa posición no implica que exista una postura uniforme de las Fuerzas Militares o de la Policía frente a la JEP. Tampoco permite afirmar que todos los comparecientes respaldan al tribunal. Lo que existe, según la información revelada por Ramelli, es una iniciativa de un grupo de integrantes de la Fuerza Pública que acudió a la CIDH.
La identificación de esos militares se convierte ahora en una de las principales preguntas pendientes. Conocer sus nombres, su situación procesal, los delitos por los que comparecen, quién los representa ante la CIDH y qué medidas solicitaron permitiría determinar con mayor precisión qué significa para ellos la continuidad de la JEP.
La coincidencia entre esa iniciativa y la actuación internacional de Ramelli agrega además una dimensión nueva al debate. Mientras algunos comparecientes buscan protección internacional para preservar la jurisdicción que les ofrece seguridad jurídica, el presidente de la JEP intenta que la CPI examine las posibles consecuencias de modificar su presupuesto y sus competencias.
El resultado es un escenario en el que el futuro de la JEP dejó de ser únicamente una discusión presupuestal o legislativa. También involucra la seguridad jurídica de miles de comparecientes, los derechos de las víctimas, la autonomía del tribunal y los compromisos internacionales asumidos por Colombia. Las próximas decisiones del Congreso, la CIDH y la CPI permitirán establecer hasta dónde llegará esta nueva disputa por el futuro de la justicia transicional.
