El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció una medida extraordinaria para enfrentar las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud y reducir las barreras que, según el Ejecutivo, están afectando la atención de las EPS a millones de usuarios.
La primera fase del denominado Plan de Choque en Salud contempla un mecanismo de compra de cartera a cero por ciento de interés y con un periodo de gracia de un año. La medida busca inyectar liquidez a los prestadores que tienen recursos pendientes de pago.
El anuncio se produce en medio de un escenario de crecientes reclamos de los usuarios por demoras en la entrega de medicamentos, procedimientos y tratamientos. El Gobierno aseguró que la primera fase estará dirigida a más de un millón de personas con atenciones pendientes.
La Presidencia señaló que entre enero y julio de 2026 se registraron más de 1,2 millones de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud. Según las cifras oficiales, cerca del 92 % estaban relacionados con barreras de acceso a los servicios.
La compra de cartera, sin embargo, no significa que el Estado vaya a comprar las EPS. El mecanismo consiste en utilizar recursos públicos para atender determinadas obligaciones que estas entidades mantienen con clínicas, hospitales y otros proveedores del sistema.
La lógica es trasladar liquidez hacia quienes efectivamente prestaron los servicios. De esta manera, los hospitales y proveedores pueden recibir recursos que tienen pendientes de las EPS, mientras la obligación financiera queda sometida a las condiciones establecidas por el mecanismo.
La herramienta tampoco es completamente nueva. La compra de cartera hospitalaria existe en Colombia desde hace varios años y fue establecida como un mecanismo destinado a mejorar la liquidez de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Lo que cambia con el anuncio del Gobierno es la utilización extraordinaria de este instrumento dentro del Plan de Choque y las condiciones financieras anunciadas: cero por ciento de interés y un año de periodo de gracia.
El Ejecutivo ha insistido en que la operación no será un cheque en blanco para las EPS. El presidente señaló que los recursos estarán vinculados a obligaciones y atenciones determinadas y que no se reconocerán dos veces servicios que ya hayan sido pagados.
Para controlar el proceso, el Gobierno anunció una mesa técnica en la que participarán el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.
La participación de estas entidades será determinante para establecer qué deudas cumplen las condiciones para ingresar al mecanismo. También deberá verificarse que las facturas correspondan efectivamente a servicios prestados y que no existan pagos anteriores sobre las mismas obligaciones.
Ese control adquiere especial importancia porque las deudas acumuladas en el sistema son de gran magnitud y no todas tienen necesariamente las mismas características. Pueden existir obligaciones pendientes de pago, cuentas en proceso de auditoría y facturas cuya procedencia o valor todavía sea objeto de discusión.
Por eso, una cifra sobre el total de la cartera de las EPS no puede equipararse automáticamente con el monto que el Estado terminará comprando. El Gobierno todavía debe precisar públicamente el valor máximo de la operación y cuáles serán exactamente las obligaciones elegibles.
La medida también plantea una pregunta sobre quién termina asumiendo el riesgo financiero. Si el Estado adquiere una obligación que originalmente correspondía a una EPS, será necesario establecer bajo qué condiciones esta entidad deberá responder posteriormente por los recursos y qué ocurre si no tiene capacidad para hacerlo.
El diseño anunciado busca que el dinero llegue directamente a los prestadores y no se convierta en una transferencia general para que las EPS dispongan de los recursos según sus necesidades. Esa diferencia será fundamental para determinar el alcance real de la operación.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas por el Gobierno para modificar el flujo de recursos dentro del sistema. Entre ellas está el aumento del giro directo de recursos de la ADRES a determinadas IPS y proveedores, especialmente en casos de EPS intervenidas, en vigilancia especial o en proceso de liquidación.
El objetivo común de estas medidas es reducir el tiempo que transcurre entre el reconocimiento de los recursos y su llegada a los prestadores. El Gobierno sostiene que mejorar ese flujo puede contribuir a recuperar la capacidad de clínicas y hospitales para atender pacientes.
Pero la compra de cartera no resuelve por sí misma todos los problemas estructurales del sistema. Las dificultades financieras de las EPS también están relacionadas con el valor de los servicios, las auditorías de cuentas, las obligaciones acumuladas, el equilibrio entre ingresos y gastos y la capacidad de gestión de cada entidad.
El verdadero alcance de la decisión comenzará a conocerse cuando se publiquen las reglas de operación, el monto disponible y el listado de obligaciones que podrán ser adquiridas. También será necesario seguir cuánto dinero llega efectivamente a los prestadores y qué efecto tiene sobre las atenciones represadas.
La medida, en consecuencia, abre una nueva intervención estatal sobre el flujo financiero de las EPS, pero todavía deja preguntas sobre su costo fiscal, la distribución del riesgo y su duración. El Gobierno deberá demostrar que la compra de cartera sirve para destrabar la atención sin convertir recursos públicos en un mecanismo para cubrir indiscriminadamente obligaciones privadas.
