Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado como máximo jefe de los Comandos de Frontera, fue extraditado este viernes 25 de septiembre a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con el narcotráfico. La entrega se produjo después de que el trámite permaneciera suspendido mientras participaba como negociador en los diálogos de paz con el Gobierno anterior.
El procedimiento representa un cambio frente a la situación que rodeó a Rojas durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuando su condición de integrante de una delegación de paz llevó a suspender temporalmente la materialización de la extradición. El presidente Abelardo De La Espriella firmó el 26 de agosto de 2026 la decisión que permitió reactivar el procedimiento.
Rojas fue trasladado durante la madrugada desde Bogotá bajo un amplio dispositivo de seguridad. Posteriormente fue llevado hacia la Costa Caribe, donde fue entregado a funcionarios estadounidenses antes de abordar el avión que lo llevaría a Estados Unidos.
La entrega contó con participación de la Policía Nacional, la Dijín, Interpol Colombia, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía, además de la cooperación de la DEA y los U.S. Marshals, según el balance oficial divulgado por las autoridades.
El operativo incluyó unidades especializadas de la Policía y medidas de seguridad para garantizar el traslado desde el lugar de reclusión hasta el punto de salida del país. La dimensión del dispositivo respondió a la relevancia que las autoridades atribuyen a Rojas dentro de la estructura de los Comandos de Frontera.
El destino judicial de Rojas está definido por un requerimiento de Estados Unidos. La justicia de ese país lo reclama por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y organización criminal, de acuerdo con el expediente que sustentó el proceso de extradición.
La captura con fines de extradición ocurrió el 12 de febrero de 2025 en Bogotá, después de que las autoridades colombianas activaran el procedimiento derivado del requerimiento internacional. Desde entonces, su caso quedó atravesado por una circunstancia excepcional: su participación en las conversaciones de paz.
La Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable para la extradición durante 2025. Sin embargo, la entrega física no se produjo entonces porque Rojas participaba en el proceso de negociación con los Comandos de Frontera.
Con el cambio de Gobierno, esa situación se modificó. La administración de De La Espriella decidió hacer efectiva la entrega y Rojas terminó saliendo del país casi siete meses después de su captura y poco más de un mes después de la decisión presidencial que reactivó el trámite.
El caso adquiere especial relevancia porque Rojas no era solamente señalado como jefe de una estructura armada. Durante el Gobierno anterior había sido incorporado a los esfuerzos de negociación con los Comandos de Frontera, una organización vinculada a las disidencias de las antiguas Farc.
Según la Policía, Rojas inició su trayectoria criminal en 2008 dentro de Los Rastrojos y posteriormente llegó a ocupar funciones como jefe de sicarios de la estructura conocida como La Constru.
La institución sostiene que en 2010 fue condenado a 29 años de prisión por homicidio y extorsión. Posteriormente obtuvo libertad condicional después de ser designado gestor de paz durante los diálogos de 2016 con las antiguas Farc-EP, aunque las autoridades aseguran que después retomó las actividades armadas.
La Policía también señala que, desde 2021, Rojas asumió el liderazgo de la articulación entre el antiguo GAO-r 48 y La Constru, proceso que habría consolidado a los Comandos de Frontera como una estructura con presencia en varios departamentos del sur del país.
Según el comunicado institucional, la organización llegó a agrupar a más de 1.000 hombres armados y mantuvo presencia en Putumayo, Caquetá, Amazonas y Nariño. Las autoridades también le atribuyen operaciones en la frontera entre Colombia y Ecuador.
Dentro de las actividades atribuidas a la estructura aparece la producción y comercialización de cocaína. La Policía sostiene que la droga era procesada en laboratorios clandestinos y posteriormente comercializada a organizaciones mexicanas con destino final a Estados Unidos.
La institución también afirma que Rojas estableció un cobro de hasta 300.000 pesos por cada kilogramo de cocaína procesada en los laboratorios bajo control de la organización. Ese dato forma parte de los señalamientos de las autoridades y debe distinguirse de los hechos que ya han sido objeto de decisiones judiciales.
Uno de los elementos más recientes en Colombia es una investigación por homicidios. El 15 de septiembre, la Fiscalía imputó a Rojas por su presunta responsabilidad en 16 asesinatos ocurridos entre 2020 y 2024 en Caquetá.
De acuerdo con la Fiscalía, esos 16 homicidios estarían relacionados con 13 acciones armadas. Entre las víctimas figuran cuatro líderes sociales, cinco firmantes del Acuerdo de Paz y otras personas que habrían sido señaladas de pertenecer o colaborar con otros grupos armados o con las autoridades.
La imputación, sin embargo, corresponde a una investigación penal y no equivale a una condena. La responsabilidad de Rojas por esos hechos deberá ser determinada dentro del proceso judicial colombiano, independientemente de la causa que ahora enfrentará en Estados Unidos.
La extradición tampoco extingue automáticamente los procesos que puedan existir en Colombia. El alcance de la entrega y la posibilidad de que las autoridades colombianas continúen actuaciones judiciales dependerán de las condiciones del procedimiento y de las decisiones de las autoridades competentes.
El Gobierno ha presentado la extradición como una señal de cooperación judicial con Estados Unidos y como parte de una política de persecución contra las estructuras dedicadas al narcotráfico. En el caso de Rojas, esa cooperación adquiere una dimensión adicional por tratarse de un antiguo participante en un proceso de paz.
La Policía incluyó la operación dentro de un balance más amplio de extradiciones. Según la institución, durante el actual Gobierno se han realizado 50 extradiciones —46 pasivas y cuatro activas— frente a 10 durante el mismo periodo del Gobierno anterior —ocho pasivas y dos activas—. El cálculo oficial representa un aumento del 400 por ciento.
Esa comparación debe leerse como un balance institucional de la Policía y no como una medición independiente de la política de extradiciones, pues para establecer una comparación completa sería necesario revisar los registros oficiales de todo el periodo y las condiciones bajo las cuales se contabilizaron las entregas.
El caso de alias ‘Araña’ deja así una secuencia particular: captura con fines de extradición en febrero de 2025, participación posterior en una negociación de paz, suspensión de la entrega, cambio de Gobierno, reactivación del procedimiento y nuevas imputaciones por homicidio en Colombia antes de su salida hacia Estados Unidos.
Ahora Rojas deberá responder ante la justicia estadounidense por los cargos que sustentaron su extradición, mientras en Colombia permanece el registro de las investigaciones que lo señalan por homicidios y por su presunto papel de mando dentro de los Comandos de Frontera. La extradición cierra una etapa de su relación con el proceso de paz y abre otra en la que su situación judicial quedará principalmente en manos de los tribunales de Estados Unidos.
