La ejecución del Fondo Milagro, creado para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026, quedó nuevamente bajo cuestionamiento después de que su gerente, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistiera por tercera vez a una citación del Congreso de la República. La sesión de control político del 11 de noviembre debía permitir que el funcionario explicara el estado de los recursos, la contratación, los programas de vivienda y los apoyos destinados a las familias y los comerciantes afectados. Sin embargo, su ausencia dejó varios interrogantes sin respuesta directa y reactivó las críticas sobre la capacidad del Fondo para cumplir con las tareas que le fueron encomendadas.
La controversia se concentra en la distancia entre los recursos anunciados por el Gobierno nacional y los resultados que se conocen sobre su ejecución. Mientras el Ejecutivo ha presentado un presupuesto de más de 624.000 millones de pesos para atender diferentes componentes de la emergencia, el Ministerio de Vivienda informó que todavía no había asignado subsidios familiares de vivienda mediante los programas asociados al Fondo. A esto se suman los cuestionamientos por la vinculación de personal, la falta de contratos identificados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y las dudas expresadas por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, sobre la disponibilidad efectiva del dinero.
La inasistencia de Uribe Tamayo se produjo en medio de una serie de citaciones parlamentarias destinadas a establecer qué ha ocurrido con los recursos destinados a la recuperación de los municipios afectados. Según los reportes sobre el seguimiento legislativo, esta fue la tercera ocasión en que el gerente se excusó de acudir a una convocatoria para rendir cuentas. En su comunicación del 11 de noviembre explicó que debía acompañar al presidente Abelardo de la Espriella en una actividad oficial en Roldanillo, Valle del Cauca, donde se realizaría una entrega de beneficios de vivienda financiados por el Fondo Milagro.
El funcionario sostuvo que su presencia en esa actividad era prioritaria para avanzar en la atención de las personas damnificadas y remitió las respuestas al cuestionario enviado por los congresistas. La explicación no evitó los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión Accidental Bicameral, que esperaban conocer directamente los detalles de la ejecución presupuestal y las razones por las cuales los programas anunciados todavía no se reflejaban en asignaciones concretas para los hogares afectados. La ausencia también fue objeto de críticas porque la sesión representaba una oportunidad para contrastar los informes oficiales con las denuncias sobre los retrasos en la reconstrucción.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tampoco asistió a la sesión. El funcionario acompañó al presidente en la actividad desarrollada en Roldanillo y, al igual que el gerente, remitió respuestas por escrito. La coincidencia de las ausencias dejó sin comparecencia directa a dos de los funcionarios de quienes se esperaba información sobre el componente habitacional de la emergencia. Aunque el envío de documentos permite responder formalmente los cuestionarios, los congresistas mantienen la posibilidad de solicitar explicaciones adicionales sobre las cifras y los compromisos presentados por el Ejecutivo.
Uno de los datos más relevantes surgió precisamente de las respuestas del Ministerio de Vivienda. La cartera reconoció que, hasta el momento de la información entregada al Congreso, no había realizado asignaciones de subsidios familiares de vivienda para las soluciones habitacionales dirigidas a los damnificados. La explicación institucional fue que las alternativas de atención todavía estaban en etapa de estructuración. El dato contrasta con los anuncios de reconstrucción y con las expectativas de miles de hogares que necesitan una solución para recuperar sus viviendas o acceder a una nueva alternativa habitacional.
La ausencia de subsidios asignados no significa necesariamente que no existan programas diseñados o recursos presupuestados para atender la emergencia. Sin embargo, sí evidencia que, a la fecha de la respuesta ministerial, las familias todavía no contaban con una asignación formal de esos beneficios por parte de la cartera de Vivienda. La diferencia es importante porque una convocatoria, una propuesta de intervención o un anuncio de inversión no equivalen a un subsidio aprobado ni garantizan que los recursos lleguen efectivamente a los hogares. Para los damnificados, el resultado concreto es el que determina cuándo podrán iniciar la reparación, el mejoramiento o la construcción de una solución habitacional.
La situación también puso bajo escrutinio la capacidad administrativa del Fondo Milagro. En la información remitida al Congreso, el gerente reportó que la entidad tenía prevista una planta de 130 funcionarios, pero solamente había vinculado a 26 personas. Esto representa el 20 % de los cargos proyectados y deja pendientes 104 puestos, equivalentes al 80 % de la capacidad de personal contemplada. La cifra abrió interrogantes sobre la posibilidad de que una estructura con menos de una cuarta parte de su planta prevista pueda coordinar los procesos de contratación, supervisión, atención a los damnificados y seguimiento de los proyectos en los diferentes territorios.
Según la información divulgada por Valora Analitik, las 26 personas vinculadas, incluido el gerente, cuentan con contratos a término indefinido. Esta modalidad también fue objeto de cuestionamientos durante el debate público, especialmente por tratarse de una entidad creada para atender una emergencia y desarrollar un proceso de reconstrucción. La congresista Jennifer Pedraza preguntó por las razones que justifican ese esquema contractual y por la forma en que se está conformando el equipo de trabajo del Fondo. El interrogante no se limita al tipo de vinculación, sino que apunta a establecer si la estructura administrativa responde a las necesidades temporales y operativas de la emergencia.
La contratación es otro de los puntos que concentra las dudas. Transparencia por Colombia advirtió que no había identificado contratos derivados del Fondo Milagro en SECOP, plataforma en la que las entidades estatales publican información sobre sus procesos de contratación. La organización también señaló que los manuales operativos y de contratación, pese a haber sido aprobados, no estaban publicados. Estas observaciones plantean preguntas sobre la trazabilidad de los recursos y la posibilidad de que la ciudadanía, los organismos de control y los damnificados puedan consultar de manera oportuna cómo se están utilizando los fondos destinados a la reconstrucción.
La falta de registros identificables en SECOP debe examinarse con precisión. No constituye, por sí sola, una prueba de que no existan contratos o de que se haya producido una apropiación irregular de los recursos. No obstante, sí representa un problema de transparencia cuando se contrasta con los valores contractuales que el propio Fondo ha informado. La publicidad de los procesos permite conocer quiénes reciben los contratos, cuáles son sus objetos, qué valores comprometen y qué obligaciones deben cumplir. Sin esa información, resulta más difícil verificar si las inversiones anunciadas se están convirtiendo en obras, servicios y ayudas concretas.
En las respuestas entregadas al Congreso, Uribe Tamayo informó que el Fondo tenía aprobados 624.656 millones de pesos, provenientes de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares incorporado al presupuesto de 2026. La cifra constituye el principal respaldo financiero anunciado para la atención de la emergencia y la ejecución de las intervenciones previstas. Sin embargo, la aprobación presupuestal no debe confundirse con la disponibilidad inmediata de todo el dinero ni con su ejecución. Para establecer el estado real de los recursos es necesario conocer cuánto ha sido desembolsado, cuánto está disponible en caja, qué compromisos presupuestales se han adquirido y cuánto se ha pagado efectivamente.
La diferencia entre los recursos aprobados y la contratación reportada también llamó la atención. Según la información divulgada por los medios de comunicación, el Fondo informó sobre estructuras contractuales por aproximadamente 7.440 millones de pesos, aunque otras publicaciones presentaron una cifra de 7.740 millones. La diferencia debe aclararse mediante la revisión de las respuestas originales del gerente y los documentos que respaldan los procesos. Si se toma como referencia el primer valor, las estructuras contractuales representarían alrededor del 1,19 % de los 624.656 millones de pesos aprobados. Esto no equivale necesariamente al porcentaje de ejecución presupuestal, pero permite dimensionar la distancia entre el monto anunciado y los procesos contractuales reportados.
La distinción entre apropiación, compromiso y ejecución es fundamental para entender el debate. Los recursos aprobados corresponden a una autorización presupuestal; los comprometidos son aquellos respaldados por contratos u otros instrumentos jurídicos, y los ejecutados o pagados representan el dinero utilizado efectivamente para cumplir las obligaciones. Por eso, no es posible concluir que el Fondo carece de recursos únicamente porque haya reportado una contratación reducida. Tampoco puede afirmarse que los 624.656 millones de pesos estén disponibles para desembolsos inmediatos sin conocer las condiciones del crédito, las incorporaciones presupuestales, los giros y los saldos existentes.
A las dudas sobre contratación y disponibilidad financiera se sumó la declaración del alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien expresó públicamente sus sospechas sobre la capacidad económica del Fondo. En una entrevista con Blu Radio, el mandatario afirmó que tenía el pálpito de que el Fondo Milagro no tenía plata para financiar la reconstrucción. La declaración fue una de las expresiones más contundentes de la inconformidad de las autoridades territoriales frente a la falta de certezas sobre los recursos que recibirán los damnificados y los plazos en los que se materializarán las ayudas.
«Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos y la reconstrucción se hace con dinero», manifestó Salazar. El alcalde explicó que su preocupación está relacionada con la falta de información precisa sobre cuánto recibirá cada familia, qué apoyos tendrán los comerciantes que perdieron sus establecimientos y cuándo se realizarán los desembolsos. También reconoció la disposición del presidente Abelardo de la Espriella para atender la emergencia y recordó las visitas que el mandatario ha realizado a Pereira, pero señaló que esa presencia todavía no se ha traducido en certezas financieras para quienes esperan soluciones.
El mandatario local también puso sobre la mesa el balance de la atención habitacional en Pereira. Según sus declaraciones, tres meses después del terremoto se habían entregado 85 viviendas, frente a una emergencia que afectó a cerca de 45.000 familias y aproximadamente 103.000 personas. Las cifras reflejan la magnitud de las necesidades que todavía deben atenderse en la capital de Risaralda. Sin embargo, para evaluar el avance de la reconstrucción es necesario precisar qué se considera una vivienda entregada, qué intervenciones corresponden a reparación o mejoramiento y cuáles son las responsabilidades del Fondo frente a los programas ejecutados por otras entidades.
El Gobierno, por su parte, ha anunciado intervenciones por cerca de 624.000 millones de pesos para diferentes componentes de la emergencia. Dentro de las destinaciones divulgadas se encuentran 332.000 millones para intervenir 7.385 viviendas, 4.600 millones para apoyar a pequeños comerciantes y 50.000 millones para demoliciones. Estas partidas suman 386.600 millones de pesos y forman parte de un conjunto de acciones presentadas como respuesta a las afectaciones ocasionadas por el terremoto. No obstante, el anuncio de los recursos debe contrastarse con los contratos, las asignaciones y los resultados que se puedan verificar en cada municipio.
En materia de vivienda, también se proyectó la construcción de 834 unidades nuevas y el mejoramiento de otras 3.504, para un total de 4.338 soluciones habitacionales. El Gobierno presentó estas metas como parte de la estrategia de recuperación, pero la respuesta del Ministerio de Vivienda sobre la inexistencia de subsidios familiares asignados evidencia que, al menos por ese mecanismo, los beneficios todavía no se habían formalizado. La diferencia entre las metas anunciadas y las asignaciones efectivas es uno de los aspectos que el Congreso deberá examinar para establecer en qué etapa se encuentran los programas y cuándo comenzarán a beneficiar a las familias.
El componente económico también contempla medidas para los pequeños empresarios y comerciantes afectados. Entre los anuncios se encuentra una convocatoria de apoyo al pago de nómina por más de 36.000 millones de pesos y la entrega de 920 subsidios a pequeños y medianos empresarios por un valor de 4.600 millones. Estas iniciativas buscan contribuir a la recuperación de los negocios y preservar la actividad económica en las zonas afectadas. Sin embargo, también requieren información sobre los criterios de selección, el número de beneficiarios efectivos, los desembolsos realizados y los mecanismos de seguimiento para determinar si los recursos están llegando a quienes perdieron sus fuentes de ingreso.
En este punto es necesario separar los recursos del Fondo Milagro de los programas y presupuestos que manejan otras entidades del Estado, especialmente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La atención de una emergencia puede involucrar diferentes fuentes de financiación y entidades ejecutoras, por lo que no todo el dinero anunciado para la reconstrucción corresponde necesariamente al Fondo. Esta distinción es indispensable para evitar sumar partidas de diferentes instituciones o atribuirle al Fondo compromisos presupuestales que podrían estar a cargo de otros organismos.
Las observaciones de Transparencia por Colombia y las respuestas entregadas al Congreso también plantean la necesidad de establecer si el Fondo está cumpliendo con los estándares de publicidad que corresponden a la administración de recursos públicos. La publicación de los manuales operativos y de contratación, la identificación de los procesos contractuales y la divulgación de los informes de ejecución permitirían verificar los avances sin depender exclusivamente de comunicados o declaraciones de sus responsables. En una emergencia de esta magnitud, la transparencia no es un asunto accesorio: constituye una condición para conocer el destino de los recursos y evaluar la respuesta institucional.
La ausencia reiterada del gerente ante el Congreso adquiere mayor relevancia en este escenario. Las respuestas escritas pueden aportar información, pero no reemplazan necesariamente el debate público ni la posibilidad de que los legisladores formulen preguntas adicionales frente a cifras que presentan diferencias o que requieren explicaciones técnicas. La comparecencia de los responsables también permite establecer compromisos, identificar obstáculos y determinar qué entidades deben responder por los retrasos. Por eso, el nuevo episodio podría llevar a los congresistas a insistir en una citación presencial y a solicitar documentos adicionales sobre la situación financiera y administrativa del Fondo.
Entre los principales interrogantes pendientes está el destino de los 624.656 millones de pesos aprobados, el estado de los desembolsos del crédito del Banco Mundial, el saldo disponible y la programación de los giros para cada componente de la reconstrucción. También debe aclararse por qué el Ministerio de Vivienda todavía no había asignado subsidios familiares, qué ocurrió con los procesos contractuales reportados por el gerente y por qué no aparecen registros identificables en SECOP, de acuerdo con las observaciones de Transparencia por Colombia. La respuesta a estas preguntas permitiría diferenciar los problemas de planeación, los retrasos administrativos y las eventuales dificultades de financiación.
Otro asunto pendiente es la conformación de la planta de personal. Si el Fondo tiene previstos 130 funcionarios y solamente ha vinculado a 26, debe explicar qué dependencias están operando, cuáles tienen vacantes, qué tareas se encuentran pendientes y cómo se está garantizando la supervisión de los proyectos. También resulta necesario conocer el cronograma para completar la estructura administrativa y las razones por las cuales se escogió la vinculación a término indefinido para los trabajadores reportados. La capacidad institucional es determinante para convertir los recursos presupuestados en intervenciones concretas y evitar que los trámites se conviertan en un nuevo obstáculo para los damnificados.
La situación de Pereira también obliga a examinar la coordinación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. Los alcaldes y gobernadores necesitan conocer con anticipación los recursos que recibirán, los requisitos que deben cumplir las familias, los cronogramas de intervención y las entidades responsables de cada programa. Sin esa información, las administraciones territoriales tienen dificultades para responder a las expectativas de sus comunidades y planificar la recuperación de viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura afectada. La reconstrucción requiere una articulación que vaya más allá de las visitas oficiales y los anuncios de inversión.
El debate sobre el Fondo Milagro, por tanto, no puede reducirse a la frase del alcalde de Pereira ni a la ausencia de su gerente en una sesión del Congreso. La pregunta de fondo es si los recursos anunciados están efectivamente disponibles, si existe una estructura administrativa capaz de ejecutarlos y si los programas se están traduciendo en beneficios verificables. La información conocida muestra una baja proporción de personal vinculado, ausencia de asignaciones de subsidios familiares de vivienda en la respuesta ministerial y cuestionamientos sobre la publicidad de la contratación. Estos elementos justifican una revisión detallada, aunque todavía no permiten concluir que el Fondo carezca de dinero.
El Gobierno tendrá que responder con documentos verificables y cifras desagregadas sobre los recursos aprobados, los desembolsos, los compromisos, los pagos y los beneficiarios. También deberá explicar cómo se garantizará que las metas de vivienda, apoyo empresarial y recuperación de las zonas afectadas se cumplan en los tiempos previstos. La transparencia sobre los contratos y la publicación de los manuales operativos serán fundamentales para que los órganos de control, el Congreso y la ciudadanía puedan hacer seguimiento a la ejecución.
Mientras tanto, las familias damnificadas siguen esperando respuestas sobre el momento en que podrán recuperar sus viviendas y sus actividades económicas. El Fondo Milagro fue presentado como uno de los principales instrumentos financieros para atender la emergencia, pero los datos conocidos muestran que todavía hay una distancia considerable entre los anuncios y los resultados que se pueden comprobar. La ausencia del gerente, la falta de subsidios asignados y las dudas sobre los contratos han convertido su funcionamiento en un asunto de control político y vigilancia pública.
La discusión también deja una exigencia para las autoridades: demostrar que el dinero anunciado tiene una ruta clara desde su aprobación hasta su llegada a los beneficiarios. No basta con presentar presupuestos globales o metas de reconstrucción si no se informa cuánto se ha contratado, cuánto se ha pagado y qué hogares han recibido efectivamente las ayudas. En una emergencia que afectó a decenas de miles de familias, cada retraso administrativo tiene consecuencias directas sobre las condiciones de vida de la población.
Por ahora, las cifras disponibles permiten establecer que el Fondo cuenta con una aprobación presupuestal reportada de 624.656 millones de pesos, que informó estructuras contractuales por una suma cercana a los 7.440 millones, que solamente ha vinculado a 26 de los 130 funcionarios previstos y que el Ministerio de Vivienda no había asignado subsidios familiares al momento de responder al Congreso. A esos datos se suman las observaciones sobre la ausencia de contratos identificados en SECOP y las dudas expresadas por el alcalde de Pereira. El desafío para el Gobierno será despejar esas preguntas y demostrar, con resultados y documentos públicos, que el Fondo Milagro está en condiciones de financiar y ejecutar la reconstrucción que necesitan los damnificados.
