El anuncio del ministro de Defensa designado, el general en retiro Jorge Eduardo Mora López, de restablecer el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y derogar el decreto que creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) marca uno de los cambios más significativos que plantea el gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad. La decisión representa un giro frente a la política impulsada por el presidente Gustavo Petro y revive un debate que ha dividido al país desde las protestas sociales de 2019 y 2021.
Según Mora, la UNDMO limitó la capacidad operativa de la Policía Nacional para enfrentar disturbios, bloqueos y alteraciones del orden público. El futuro ministro sostiene que el modelo implementado durante el actual gobierno privilegió el diálogo por encima de la autoridad, reduciendo la capacidad de reacción de los uniformados y enviando, en su concepto, un mensaje de debilidad frente a quienes recurren a la violencia durante las manifestaciones.
El regreso del ESMAD hace parte de una estrategia de seguridad más amplia anunciada por el gobierno electo, que también contempla reforzar las operaciones militares contra grupos armados ilegales, revisar normas que, según el nuevo Ejecutivo, restringieron la actuación de la Fuerza Pública y recuperar una política de “autoridad” para enfrentar la criminalidad organizada y la violencia urbana.
Aunque el debate suele presentarse como una simple sustitución de una institución por otra, las diferencias entre el ESMAD y la UNDMO fueron principalmente doctrinales. La UNDMO mantuvo buena parte del personal, el equipamiento y la capacidad antidisturbios, pero modificó los protocolos para que la negociación, la mediación y el uso gradual de la fuerza se convirtieran en el eje de las intervenciones. Bajo ese modelo, el empleo de la fuerza debía constituir el último recurso y estar precedido, siempre que fuera posible, por intentos de diálogo con los manifestantes.
En contraste, el ESMAD fue concebido como una unidad especializada en el restablecimiento del orden público frente a disturbios. Si bien también operaba bajo principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, su actuación estaba más enfocada en el control operativo de las alteraciones del orden mediante el empleo de equipos antidisturbios, agentes químicos, proyectiles menos letales y otras herramientas de dispersión cuando la situación así lo exigía.
Precisamente ese historial operativo convirtió al ESMAD en una de las instituciones más controvertidas de la Policía Nacional. Durante las protestas de 2019 y, especialmente, durante el paro nacional de 2021, la unidad fue objeto de numerosas investigaciones por presunto uso excesivo de la fuerza, lesiones graves, traumas oculares ocasionados por proyectiles menos letales, agresiones contra periodistas, detenciones arbitrarias y varios homicidios que aún hacen parte de procesos judiciales y disciplinarios.
Casos emblemáticos como la muerte de Dilan Cruz terminaron convirtiéndose en símbolos del debate nacional sobre la actuación policial durante la protesta social. A ello se sumaron los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, organizaciones nacionales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendaron reformar los protocolos de intervención policial y fortalecer las garantías para el ejercicio del derecho constitucional a la protesta.
Fue precisamente en respuesta a esas recomendaciones que el gobierno Petro transformó el ESMAD en la UNDMO. Además del cambio de nombre, la reforma incorporó nuevos protocolos de mediación, reforzó la capacitación en derechos humanos, promovió el registro más detallado de las intervenciones y buscó privilegiar la desescalada del conflicto antes de recurrir al uso de la fuerza. No obstante, diversos analistas señalaron que la transformación fue parcial, pues la estructura operativa y gran parte de sus integrantes permanecieron dentro de la Policía Nacional.
Las cifras disponibles muestran que durante la vigencia de la UNDMO disminuyeron tanto las intervenciones antidisturbios como las denuncias por uso de la fuerza. Sin embargo, expertos advierten que resulta metodológicamente difícil atribuir esa reducción exclusivamente al cambio institucional, ya que el país también experimentó una disminución significativa en el número de movilizaciones masivas respecto a las registradas durante el paro nacional de 2021.
A nivel internacional, la discusión tampoco es sencilla. La mayoría de las democracias mantienen unidades especializadas para el control de disturbios, equipadas con escudos, cascos, vehículos y armas menos letales. Sin embargo, la tendencia de las últimas dos décadas ha sido fortalecer la negociación, la mediación y el uso progresivo de la fuerza antes de ordenar una intervención policial, un enfoque que se acerca más a la filosofía adoptada por la UNDMO que al modelo tradicional del ESMAD.
La propuesta del gobierno electo vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre garantizar el orden público y proteger el derecho fundamental a la protesta. Quienes respaldan el regreso del ESMAD consideran que el Estado necesita recuperar capacidad para responder con rapidez frente a bloqueos violentos, ataques contra la infraestructura o alteraciones graves de la seguridad ciudadana. Sus críticos, por el contrario, advierten que un retorno al modelo anterior podría aumentar el riesgo de nuevos episodios de uso excesivo de la fuerza si no se mantienen los estándares reforzados de supervisión, proporcionalidad y rendición de cuentas incorporados durante la administración saliente.
La discusión, en consecuencia, trasciende el nombre de la unidad policial. El verdadero desafío para el nuevo gobierno será demostrar que es posible fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública sin repetir los errores que llevaron al cuestionamiento nacional e internacional del antiguo ESMAD. En un país donde la protesta social ha sido uno de los principales escenarios de confrontación política, el modelo que finalmente adopte la Policía será determinante para medir el equilibrio entre la preservación del orden público y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
