Un grave atentado armado sacudió las instalaciones militares del norte de Colombia, cuando un grupo de atacantes ejecutó una acción violenta contra la sede del Batallón Cartagena, alterando el orden público en la región y generando una situación de emergencia.
La ofensiva incluyó la detonación de artefactos explosivos de alta potencia que provocaron severos daños en la infraestructura principal de la guardia y afectaron varias edificaciones contiguas dentro del complejo militar.
Como consecuencia del ataque, un grupo de doce uniformados que realizaban labores de vigilancia resultó herido y recibió atención inicial por parte de las unidades de sanidad militar desplegadas en el lugar.
La situación también tuvo un fuerte impacto en la población civil de Riohacha, donde las explosiones generaron pánico generalizado durante la noche y despertaron a numerosas familias en zonas cercanas.
Varias viviendas ubicadas en los sectores aledaños presentaron daños materiales, incluyendo afectaciones en ventanas, puertas y cubiertas, lo que obligó a la evacuación preventiva de algunos residentes.
Los uniformados lesionados fueron trasladados en ambulancias hacia centros asistenciales de la capital de La Guajira, mientras equipos médicos especializados reportaron que la mayoría permanece estable bajo observación.
En respuesta, las Fuerzas Militares desplegaron operativos terrestres y aéreos en corredores estratégicos de la zona para ubicar a los responsables y prevenir nuevos hechos violentos.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación del caso bajo las líneas de terrorismo y tentativa de homicidio, mientras equipos antiexplosivos y peritos judiciales recolectan evidencia en el lugar de los hechos.
Las primeras hipótesis apuntan al uso de explosivos de fabricación industrial activados de forma remota, lo que refuerza la teoría de la participación de estructuras criminales organizadas que operan en la región.
El balance de la emergencia deja en evidencia un escenario de alta tensión en la zona norte del país, con refuerzo de medidas de seguridad, monitoreo constante y llamados institucionales a preservar la estabilidad y el orden público.
